Ex ‘Dama de Hierro’ de cortes chavistas invierte en Florida con puño de acero

Era conocida como la “Dama de Hierro” en círculos del atribulado sistema judicial venezolano por la severidad que demostraba en hacer cumplir la voluntad del régimen socialista de Caracas, a menudo ejerciendo gran presión sobre los abogados y los jueces para garantizar que las decisiones judiciales siguieran de cerca los deseos del gobierno, dijeron abogados que trataron con ella.

Y su lealtad al proyecto socialista dio sus frutos. Carmen Porras ascendió rápidamente de rango y fue nombrada miembro del Tribunal Supremo de Justicia, desde donde contribuyó con los esfuerzos del régimen por convertir los tribunales de la nación en un instrumento de persecución política, fenómeno denunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por varias organizaciones independientes.

Pero una vez que cayó en desgracia, Porras se volvió contra el régimen que por tanto tiempo defendió, y se reunió con líderes de la oposición para denunciar que la estaban obligando a dejar el cargo. Poco después, aterrizó en el sur de la Florida, donde alejándose de la ideología socialista que tanto defendió, concentró sus esfuerzos en la acumulación de riqueza, invirtiendo millones de dólares en el mercado inmobiliario local.

Porras se encuentra entre cientos de funcionarios venezolanos que después de ayudar a construir la llamada Revolución Bolivariana terminaron mudándose o abriendo negocios en Florida, bastión de los exiliados que fueron obligados a abandonar el país sudamericano para escapar de la persecución y las terribles condiciones económicas provocadas por el propio régimen socialista.

Datos obtenidos por el portal de investigación venezolano Armando.info y el Miami Herald muestran que hay al menos 232 militares venezolanos o miembros del Ministerio de Defensa del país que han abierto empresas en Florida. También hay más de 700 empresas cuyos propietarios o directores son, o fueron en algún momento, funcionarios de rango medio o alto en el régimen socialista de Caracas.

Armando.info y el Miami Herald revisaron más de 128,000 registros de nombramientos y destituciones de cargos públicos realizados en Venezuela desde 2007 y los cotejaron con los nombres que aparecen como dueños o directores en las empresas registradas en la División de Corporaciones de la Florida.

La revisión de datos, que cubren los nombramientos producidos durante la mitad del período del fallecido Hugo Chávez y la mayor parte de los años de su sucesor, el actual lider Nicolás Maduro, reveló los nombres de 724 funcionarios del régimen que aparecen en el registro de empresas de la Florida. El examen de una pequeña muestra mostró fechas de nacimiento coincidentes entre funcionarios del gobierno venezolano y directores de empresas de la Florida en aproximadamente dos tercios de los casos, y el resto se consideró no concluyente por falta de información.

De acuerdo con los registros examinados, once de estas empresas detectadas pertenecen a Porras y a sus familiares, siendo varias de ellas utilizadas en la adquisición de al menos 10 propiedades inmobiliarias en la Florida, avaluadas en más de $3.2 millones. La familia también abrió una empresa en Panamá, donde compró al menos tres propiedades más.

Porras no respondió a varias llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp enviados por el Miami Herald en busca de sus comentarios. Su hija, Mariela Salas, y otros miembros de la familia también fueron contactados a través de WhatsApp por Armando.info, pero esas solicitudes tampoco fueron respondidas.

La vida que Porras tiene hoy en Florida contrasta con su pasado en Venezuela, donde a menudo se desempeñó como una ardua defensora de un régimen que dedica gran parte de su discurso político en proclamarse como un enemigo natural de los Estados Unidos.

Media docena de antiguos colegas de Porras le dijeron a Armando.info y al Miami Herald que ella desempeñó un papel importante en la expansión del control del régimen sobre los tribunales venezolanos, acto que terminó por eliminar la independencia del poder judicial.

“No fue brillante su paso, pero si era una persona fiel al chavismo desde el principio hasta el final, hasta que salió. Tenía un cargo importante porque ella como magistrada estuvo a cargo de la creación de los tribunales laborales, y eso representó una asignación importante de magistrados”, dijo Miguel Ángel Martín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional dominada por la oposición. “Ella siempre votó a favor de todas las órdenes emitidas desde Miraflores [Palacio Presidencial] y nunca actuó en contra de esas órdenes, nunca”.

Después que Chávez lanzara su Revolución Bolivariana en Venezuela tras su victoria electoral de 1998, más del 90% de los jueces independientes del país se vieron obligados a renunciar en una purga que sometió a las cortes venezolanas a la voluntad de los nuevos gobernantes. El régimen pronto suspendió los concursos para escoger nuevos jueces, proceso que favorecía a los candidatos más competentes y altamente educados, y comenzó a nombrar jueces en función de la lealtad que los aspirantes mostraban al proceso revolucionario, explicó Martin.

“Y ella fue parte de eso, obviamente”, dijo Martin.

Un abogado que dijo haber sido perseguido por Porras en el estado Táchira en los primeros años de la presidencia de Chávez afirmó que la ex magistrada presionaba a otros jueces para que ignoraran pruebas y fallaran según los deseos del régimen en los casos en que el gobierno o altos funcionarios tenían una interés. “Llamaba a los demás jueces y les informaba: así hay que dictaminar”,

Las fuentes también afirmaron que Porras se movió para despedir a jueces que se resistieron a seguir las órdenes del régimen, a menudo acusándolos de corrupción sin proporcionar pruebas. Poco después comenzó a ser llamada la “Dama de Hierro” por el férreo control que ejercía sobre los tribunales locales y el duro trato que empleaba contra quienes no se alineaban.

Una ex jueza, que también habló bajo condición de anonimato, dijo: “Porras quería crear un sistema judicial [en Táchira] solo con sus aliados y amenazaba con despedir a quienes no siguieran sus órdenes”.

La actuación de Porras, según informan la media docena de fuentes entrevistadas, estuvo en línea con el proceso de transformar al sistema judicial del país en una herramienta de persecución política al servicio del régimen.

El fenómeno, que ha sido denunciado por varias organizaciones no gubernamentales independientes, fue descrito en el 2021 por un informe de las Naciones Unidas que declaraba que la independencia del sistema de justicia de Venezuela había sido “profundamente erosionada”, hasta el punto de que juega un papel importante en la represión del régimen contra los opositores.

“En base a las investigaciones y el análisis realizado, la Misión tiene fundamentos razonables para creer que en lugar de brindar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes, la justicia venezolana ha jugado un papel significativo en la represión del Estado de los crímenes gubernamentales”, dijo. Marta Valiñas, presidenta de la misión investigadora de la ONU, en rueda de prensa celebrada en septiembre de 2021.

La lealtad de Porras no pasó desapercibida por los funcionarios de alto rango del régimen que en 2004 aprobaron su nombramiento al Tribunal Supremo de Justicia, donde disfrutó de un gran poder e influencia durante más de una década.

Desde allí continuó ayudando el régimen a cimentar su control sobre las cortes, pero su suerte cambió repentinamente en 2015, cuando las máximas figuras del chavismo decidieron nombrar nuevos magistrados antes de que tomaran posesión los nuevos diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

La maniobra era necesaria para el régimen, ya que un gran número de magistrados tenían previsto retirarse el año siguiente, los cuales serían nombrados por los partidos adversos al chavismo.

Fue entonces cuando Porras se volvió contra el régimen y, en una reunión con líderes de la oposición, denunció que estaba siendo presionada para jubilarse anticipadamente. A pesar de sus esfuerzos, ella se vio finalmente obligada a dimitir y salió de Venezuela poco después para llegar a Miami.

Porras, sin embargo, tenía vínculos con el sector inmobiliario del sur de la Florida mucho antes de que ella llegara. Su esposo, el coronel retirado del ejército venezolano Luis Roa Vivas, había comprado un condominio de tres habitaciones y dos baños en 2008 por $151,000 y al año siguiente la pareja abrió una empresa en Florida, Inversiones Sofia LLC, que usaron para comprar otras propiedades, según muestran los registros.

En 2009, utilizaron la empresa para comprar una residencia en Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade densamente poblada de exiliados venezolanos. La propiedad de cuatro habitaciones, que cuenta con jacuzzi y alberca, actualmente está valuada en más de $560,000.

La expansión de la huella digital de la familia en el mercado inmobiliario se extendió también a Panamá, cuando su hija Onelymar Salas compró en agosto de 2009 dos apartamentos, valorados en $118,000 cada uno.

En octubre de 2011, Salas compró una espaciosa residencia de cuatro dormitorios en Doral por $420,000, según los registros de propiedad de Miami Dade. Amigos de la familia le dijeron a los reporteros de Armando.info que ella fue el primer miembro de la familia en emigrar a Estados Unidos mientras su madre ocupaba un cargo en la Corte Suprema de Venezuela.

Dos semanas después de que Porras se viera obligada a renunciar al Tribunal Supremo de Justicia, comenzó a usar Inversiones Sofia LLC para comprar propiedades en el sur de Florida.

En 2016 adquirió dos nuevas propiedades en Doral a través de Inversiones Sofia. La primera, una casa de tres habitaciones, fue comprada el 7 de septiembre de 2016 en $180,000, mientras que la segunda, una casa de dos habitaciones, fue comprada en $258,000.

El próximo paso de la familia fue en 2019, cuando su hija Mariela Salas compró una propiedad de $180,000, que vendió un par de años después por $225,000. Su madre y su padrastro compraron dos propiedades diferentes, casas por las que pagaron $294,000 y $412,000.

En enero de 2020, Inversiones Sofía continuó acumulando propiedades locales, adquiriendo un apartamento de $225,000, seguido de la compra más cara que habían hecho hasta ese momento, una casa recién construida de 3,690 pies cuadrados en Doral, valorada en $800,000 en ese momento.

Esa casa estaba registrada a nombre de la hija, Onelymar Salas, y su esposo, Wilson Lastra, un exfuncionario judicial venezolano que se identifica como agente inmobiliario de Florida en las redes sociales.

Aunque pueden haber respuestas legítimas a preguntas sobre el origen del dinero usado para adquirir la gran cartera de bienes raíces de la familia, quienes la conocieron en Venezuela se sorprendieron al saber que la ex Dama de Hierro se había convertido en una exitosa inversionista en Miami, opinando que difícilmente podría haberlo logrado con un salario del gobierno, que para cuando se vio obligada a renunciar ascendía a unos $585 por mes.

Pero los consultados dijeron que ella demostró ser ambiciosa y muy férrea en su camino hacia la cima, algo que causó mucho dolor entre los jueces independientes que fueron expulsados.

“Dejó un largo rastro de lágrimas, desesperación y frustración en el Táchira”, dijo uno de los abogados que habló bajo condición de anonimato. “Especialmente entre la gente y los funcionarios decentes”.