Todos los días son 6 de enero

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Un año después del humo y los vidrios rotos, de la horca simulada y la violencia demasiado real de ese día atroz, es tentador hacer una retrospectiva e imaginar que, de hecho, podemos simplemente hacer una retrospectiva. Es tentador imaginar que lo que sucedió el 6 de enero de 2021 —un asalto mortal en la sede del gobierno de Estados Unidos incitado por un presidente derrotado en medio de una campaña desesperada por frustrar la transferencia de poder a su sucesor— fue terrible pero que ahora está en el pasado y que nosotros, como nación, hemos podido avanzar.

Es un impulso comprensible. Después de cuatro años de caos, crueldad e incompetencia, que culminaron en una pandemia y con el trauma antes impensable del 6 de enero, la mayoría de los estadounidenses estaban impacientes por tener algo de paz y tranquilidad.

Hemos conseguido eso, en la superficie. Nuestra vida política parece más o menos normal en estos días: el presidente perdona pavos y el Congreso se pelea por la legislación de presupuesto. Pero si escarbamos un poco, las cosas están lejos de ser normales. El 6 de enero no está en el pasado: está presente todos los días.

Está en los ciudadanos de a pie que amenazan a funcionarios electorales y otros servidores públicos, está en quienes preguntan “¿Cuándo podemos usar las armas?” y prometen asesinar a los políticos que se atrevan a votar con conciencia. Son los legisladores republicanos que luchan por hacer que el voto sea más difícil para las personas y, si votan, que sea más fácil subvertir su voluntad. Está en Donald Trump, quien continúa avivando las llamas del conflicto con sus mentiras desenfrenadas y resentimientos ilimitados y cuya versión distorsionada de la realidad todavía domina a uno de los dos principales partidos políticos de la nación.

En pocas palabras, la república enfrenta una amenaza existencial por parte de un movimiento que desdeña de manera abierta la democracia y que ha demostrado su disposición a usar la violencia para conseguir sus propósitos. Ninguna sociedad autónoma puede sobrevivir a una amenaza así negando que esta existe. Más bien, la supervivencia depende de mirar al pasado y hacia el futuro al mismo tiempo.

Encarar de verdad la amenaza que se avecina significa entender plenamente el terror de ese día hace un año. Gracias en gran medida a la labor tenaz de un comité bipartidista en la Cámara de Representantes, una toma de conciencia está en proceso. Ahora sabemos que la violencia y el caos transmitidos en vivo a todo el mundo fue solo la parte más visible y visceral de un esfuerzo por revertir las elecciones. Ese esfuerzo llegaba hasta el Despacho Oval, donde Trump y sus aliados planearon un autogolpe constitucional.

Ahora sabemos que los principales legisladores republicanos y figuras de los medios de comunicación de derecha entendieron en privado lo peligroso que era el asalto y le pidieron a Trump que lo detuviera, incluso cuando públicamente decían lo contrario. Ahora sabemos que quienes pueden tener información crítica sobre la planificación y ejecución del ataque se niegan a cooperar con el Congreso, incluso si eso significa ser acusado de desacato criminal.

Por ahora, el trabajo del comité continúa. Ha programado una serie de audiencias públicas para exponer estos y otros detalles, y planea publicar un informe completo de sus hallazgos antes de las elecciones intermedias de este año. Después de los comicios, si los republicanos recuperan el control de la Cámara, como se espera, indudablemente el comité será disuelto.

Aquí es donde entra la mirada hacia el futuro. A lo largo del año pasado, legisladores republicanos en 41 estados han intentado promover los objetivos de los alborotadores del 6 de enero, y lo han hecho no rompiendo leyes, sino promulgándolas. Se han propuesto cientos de proyectos de ley y se han aprobado casi tres decenas de leyes que facultan a las legislaturas estatales para sabotear sus propios comicios y anular la voluntad de sus votantes, según el recuento activo de un consorcio no partidista de organizaciones a favor de la democracia.

Algunos proyectos de ley cambiarían las reglas para hacer más fácil que los legisladores rechacen los votos de sus ciudadanos si no les gusta el resultado. Otros proyectos legislativos reemplazan a los funcionarios electorales profesionales con figuras partidistas que podrían tener un interés claro en que gane su candidato predilecto. Y, otros más intentan criminalizar los errores humanos de funcionarios electorales, en algunos casos incluso con amenaza de cárcel.

Muchas de estas leyes se están proponiendo y aprobando en estados que suele ser cruciales en las elecciones, como Arizona, Wisconsin, Georgia y Pensilvania. A raíz de la votación de 2020, la campaña de Trump se enfocó en los resultados electorales en estos estados: demandó para reclamar un recuento o trataba de intimidar a los funcionarios para que encontraran votos “faltantes”. El esfuerzo fracasó, en buena medida debido al profesionalismo y la integridad de los funcionarios electorales. Desde entonces, muchos de esos funcionarios han sido despojados de su poder o expulsados de sus cargos y reemplazados por personas que dicen abiertamente que las últimas elecciones fueron fraudulentas.

De este modo, los disturbios del Capitolio continúan presentes en los congresos estatales de todo Estados Unidos, en una forma legalizada y sin derramamiento de sangre y que ningún oficial de policía puede detener y que ningún fiscal puede juzgar en un tribunal.

Esta no es la primera vez que las legislaturas estatales intentan arrebatarle el control de los votos electorales a sus ciudadanos, ni es la primera vez que se advierte de los peligros que entraña esa estrategia. En 1891, el presidente Benjamin Harrison advirtió al Congreso del riesgo de que ese “truco” pudiera determinar el resultado de una elección presidencial.

La Constitución garantiza a todos los estadounidenses una forma republicana de gobierno, dijo Harrison. “Las características esenciales de tal gobierno son el derecho del pueblo a elegir a sus propios funcionarios” y que sus votos se cuenten por igual al tomar esa decisión. “Nuestro principal peligro nacional”, agregó, es “el derrocamiento del control de la mayoría mediante la supresión o distorsión del sufragio popular”. Si una legislatura estatal lograra sustituir la voluntad de sus votantes por la suya, “no es exagerado decir que la paz pública podría estar en peligro serio y generalizado”.

Un partido político saludable y funcional enfrenta sus derrotas electorales con un análisis sobre lo que salió mal y después con un plan para redoblar sus esfuerzos para atraer a más votantes la próxima vez. Recientemente, el Partido Republicano, como los movimientos autoritarios en todo el mundo, se ha mostrado incapaz de hacerlo. La retórica de los líderes del partido sugiere que se ven como el único poder gobernante legítimo y, por lo tanto, califican la victoria de cualquier otra persona como resultado de un fraude. De ahí, la falsedad fundamental que impulsó el ataque del 6 de enero: que Joe Biden no ganó las elecciones.

“Lo más preocupante es que ha resistido a pesar de todas las pruebas”, dijo el representante Adam Kinzinger, uno de los pocos —y cada vez menos— republicanos en el Congreso que sigue comprometido con la realidad empírica y la democracia representativa. “Y me he preguntado si existe en realidad alguna evidencia que pueda hacer que ciertas personas cambien de opinión”.

La respuesta, por ahora, parece ser no. Las encuestas muestran que la abrumadora mayoría de los republicanos cree que el presidente Biden no fue elegido de manera legítima y revelan que alrededor de un tercio aprueba el uso de la violencia para lograr objetivos políticos. Si sumas estas dos cifras, tendrás la receta para un peligro extremo.

La violencia política no es un resultado inevitable. Los líderes republicanos podrían ayudar al ser honestos con sus votantes y combatir a los extremistas que hay entre ellos. A lo largo de la historia de Estados Unidos, ha habido líderes de los partidos —desde Abraham Lincoln hasta Margaret Chase Smith y John McCain, para su crédito eterno— que defienden ante todo la unión y la democracia.

Tampoco es que los demócratas estén indefensos. Tienen el poder concentrado en Washington, quizás por última vez en mucho tiempo. Y, sin embargo, hasta ahora han fracasado en encarar la urgencia de este momento: no quieren o no pueden tomar medidas para proteger las elecciones de la subversión y el sabotaje. Se puede culpar al senador Joe Manchin o a la senadora Kyrsten Sinema, pero al final lo único que importa es lograrlo. Por esa razón, aunque no hagan nada más, Biden y otros demócratas prominentes deberían usar el poder que les queda para terminar con la maniobra que obstruye las leyes sobre el derecho al voto.

Pase lo que pase en Washington, en los próximos meses y años, los estadounidenses de todas las tendencias políticas que valoran su gobierno deben movilizarse en todos los niveles, no solo una vez cada cuatro años, sino hoy, mañana y pasado mañana, para ganar las elecciones y ayudar a proteger las funciones básicas de la democracia. Si pueden ganar personas que creen en teorías de la conspiración, también pueden ganar quienes viven en el mundo basado en la realidad.

Pero, sobre todo, debemos dejar de subestimar la amenaza que enfrenta Estados Unidos. En innumerables ocasiones en los últimos seis años —incluso hasta los eventos del 6 de enero— Trump y sus aliados proyectaron abiertamente su intención de hacer algo escandaloso, ilegal o destructivo. Y, cada vez, la respuesta usual era que no hablaban en serio o que nunca lo lograrían. ¿Cuántas veces tendremos que admitir que estamos equivocados para tomarlo en serio? Cuanto antes lo hagamos, más pronto tendremos la esperanza de salvar una democracia que se encuentra en grave peligro.

© 2022 The New York Times Company

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