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"¿Culpable o no culpable?": así son los juicios exprés a inmigrantes indocumentados en la frontera de EEUU

“Traten de no hacer ruido con los pies, al juez no le gusta que jueguen con las cadenas”, dice un funcionario a los 74 reos que esperan por un juicio masivo en una corte fronteriza en McAllen, Texas, según un reporte de Univision, que junto con otros medios pudo entrar a estas audiencias.

Los presos, hombres y mujeres de origen mexicano y centroamericano, fueron arrestados por cruzar ilegalmente a Estados Unidos hace unos días y llevaban “zapatos sin cordones, los tobillos atados con esposas metálicas, la cintura rodeada por una cadena y la mirada perdida”.

Todos los inmigrantes deben quitarles los cordones a los zapatos cuando son detenidos en la frontera. (Foto: Sergio Flores for Yahoo News)
Todos los inmigrantes deben quitarles los cordones a los zapatos cuando son detenidos en la frontera. (Foto: Sergio Flores for Yahoo News)

Según la televisora, los inmigrantes llegaron a su cita antes de las 7 am y bajaron encadenados de autobuses que los traían desde los centros de detención.

Antes de su audiencia con el juez, más de una docena de defensores públicos, entre ellos abogados bilingües e investigadores, los asesoran rápidamente y les piden que den detalles de sus casos y si han sido separados de sus hijos. Tienen poco tiempo para hablar con el grupo y la asesoría personal se realiza en minutos.

Al llegar el magistrado, poco después de las 9 am, a cada uno de los detenidos se les pregunta su nombre, edad, país, si fueron amenazados o presionados y cómo cruzaron la frontera. Es una labor que se realiza en tiempo récord, pues en menos de dos horas cada uno recibe su sentencia.

En Tucson, Arizona, los juicios masivos no son muy diferentes. De acuerdo con la agencia EFE, en grupos de siete, unos 70 inmigrantes son llevados ante un juez de lunes a jueves, y en sus rostros también se refleja la angustia que sienten en estas breves audiencias que definen su futuro.

Sus caras y sus ropas están sucias, otras desgarradas por el largo camino que han recorrido en su travesía hasta la frontera. Reciben unos audífonos donde escuchan la traducción al español del procedimiento que no tienen casi tiempo de entender, pues algunos siquiera hablan este idioma y se expresan en dialectos indígenas, reporta la agencia.

Antes de su comparecencia, los abogados tienen poco tiempo para hablar con cada uno de sus defendidos y preparar su caso.

Cuando los inmigrantes pasan ante el juez, el magistrado les explica brevemente los cargos y finaliza preguntándoles cómo se declaran. Casi todos responden “culpable”. Entonces son condenados a entre 30 y 180 días de cárcel, imponiendo sentencias más severas a aquellos que han reingresado más de una vez al país y tienen otros cargos.

Todo el proceso toma “poco más de un minuto por persona”, refiere EFE.

La llamada Operación Streamline se repite una y otra vez. Esta práctica fue creada en 2005 con el objetivo de desanimar a los inmigrantes indocumentados a cruzar la frontera y se ha aplicado de manera intermitente, pero no al volumen que se está registrando ahora.

En la administración de Barack Obama se optó más por la medida de capturar y liberar (catch and release) a los indocumentados que fueran detenidos mientras se resolvía su caso en suelo estadounidense, pero desde el pasado mes de abril se puso punto final a este programa y Streamline tomó mayor fuerza cuando la administración Trump anunció su política de “cero tolerancia”.

Esta política, que fue ordenada por el procurador general Jeff Sessions, implica procesar el 100% de los cruces fronterizos ilegales en la frontera del suroeste del país y remitir todos los casos para su enjuiciamiento. Para los abogados, hay casos que podrían calificar para asilo político pero aún así son remitidos a estos juicios exprés.

En el pasado, los inmigrantes que eran detenidos casi siempre recibían el tiempo cumplido y luego eran deportados, y los solicitantes de asilo se quedaban en EEUU mientras se procesaban sus casos. Si los inmigrantes viajaban con sus hijos, permanecían con ellos o eran liberados bajo supervisión y juntos. Ahora los tribunales federales además de acusar a los padres de delitos de entrada ilegal, los considera traficantes de personas.

A principios de esta semana, de acuerdo con The New York Times, jueces de inmigración se reunieron para capacitación en Washington y Jeff Sessions les indicó que necesitaba su ayuda para “terminar con la anarquía que existe en el sistema de inmigración”.

“Necesitamos ser muy productivos”, dijo el procurador. “El volumen es crítico”.

Después del encuentro, varios jueces entrevistados objetaron las cuotas que se les impusieron de 700 casos por año y otros expresaron su preocupación por el impacto de la política de “cero tolerancia” y la presión para una resolución más rápida que los pone en riesgo de crear un sistema que sacrifica el debido proceso por la eficiencia.

“Sessions los trata como a oficiales de inmigración, no como a jueces”, dijo Paul Schmidt, un exjuez de los tribunales de inmigración al Times.

El procurador ha asignado 18 jueces de inmigración para trabajar en centros de detención cerca de la frontera, un aumento de aproximadamente 50% en el número de jueces que manejan casos de inmigración en esas áreas.

De acuerdo con un artículo publicado en The Intercept, en el pasado una corte en Brownsville, Texas, veía entre tres a ocho personas por día, hoy los números superan el medio centenar.

En mayo pasado, en una corte el juez Roland Morgan no tuvo tiempo de leer todas las preguntas a los 40 acusados ​​de entrada ilegal, por lo que hizo muchos de sus cuestionamientos en masa. Lo que de acuerdo con el medio citado tuvo el asombroso efecto de provocar respuestas grupales estruendosas.

“¿Están satisfechos con la ayuda del abogado?”, preguntó a lo que los acusados respondieron que sí al unísono. “¿Alguien te ha ofrecido algo o te ha amenazado? Otro rugido: ‘¡No!’”

En otra fecha, según la publicación, el juez tomó un segundo aliento y escuchó a los acusados contestar a sus preguntas y uno a uno renunciar a sus derechos a un juicio.

“Les ordenó a cada uno que se levantara, diera su nombre y les preguntó, por ejemplo, “Sra. Guerrera, ¿cómo se declara? ¿Culpable o no culpable?”

“Culpable”

“Está bien, puede tomar asiento.

“Señor Escobedo, ¿cómo se declara?“

“Culpable”.

Así 40 veces. Poco tiempo después la comparecencia había terminado.