Cuidado con señalar más de la cuenta a los no vacunados

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Muchos países, como Canadá, sólo dejan entrar en sus establecimientos a gente vacunada. (Getty Images)
Muchos países, como Canadá, sólo dejan entrar en sus establecimientos a gente vacunada. (Getty Images)

Las sociedades de los países ricos, con medios para inmunizar de manera gratuita y universal, se están dividiendo en dos: los que deciden libremente vacunarse frente al Covid-19 y los que no. Se predijo y ahora se está viendo que la división social ha sido inevitable y existe una tendencia donde esa mayoría ‘responsable’ juzga a la minoría ‘irresponsable’ e incluso la mira por encima del hombro. Acusaciones como la de “egoísta” o “negacionista” han estado saliendo a la palestra con extrema facilidad cuando alguien que ha optado por no vacunarse (o no ha podido) explica sus razones, sin embargo, hay un elemento que, por lógico que parezca, está generando una división mayor e insalvable: la aplicación de restricciones a los no vacunados.

Austria ha decidido confinar a este sector de la población, un 35 por ciento de sus habitantes. Países como Alemania, Noruega, Países Bajos, Francia, Australia, Canadá o Dinamarca no permiten acceder a restaurantes, bares, eventos o tiendas a aquellos que no hayan recibido la vacuna a no ser que presenten una prueba negativa de Covid o un certificado médico que asegure que ya han pasado la enfermedad. Éstos tampoco pueden viajar a la mayoría de los países sin pasar por ese trámite.

Se produce entonces un fenómeno que ya se vio durante los peores momentos de la pandemia: el control social, es decir, la aparición de ciudadanos que actúan en contra de otros con el fin de hacer cumplir las normas o adaptarse a la lógica mayoritaria. Están movidos por la narrativa gubernamental que opta por aplicar restricciones a los que no se vacunan y usan el riesgo y la salud como piedras angulares de su discurso, de su motivación. Actúan desde el miedo. De esta manera, los no vacunados se han convertido en los culpables, en los castigados, mientras que los que sí han recibido la inoculación son los premiados. Esta diferenciación, en un contexto como el actual, provoca una situación incómoda en toda sociedad, peligrosa. Justificar, defender y llevar a cabo acciones como la reducción de libertades a un grupo específico, con la convicción de que esas medidas son necesarias, pueden llevarnos a la enajenación social, especialmente cuando los argumentos que justifican esas acciones están sutilmente viciados. 

Sólo los vacunados pueden acceder a los restaurantes de varios países. Reuters.
Sólo los vacunados pueden acceder a los restaurantes de varios países. Reuters.

La lógica es irrefutable: la vacuna es eficaz en la reducción de enfermedades graves y fallecimientos, por lo que cuanto mayor sea el porcentaje de población vacunada, menor será la presión en los hospitales y la carga sobre el sistema sanitario. Una de las consecuencias directas y más importantes de este aspecto es que habrá más recursos para tratar a pacientes con otras enfermedades graves. Sin embargo, ¿es legal, moral o éticamente aceptable que una verdad tan palmaria sirva para señalar y marginar a una parte de la sociedad?

Desde el punto de vista de la legalidad, implementar en España el confinamiento a los no vacunados, como ha hecho Austria, sería, según los expertos, vulnerar el artículo 19 de la Constitución sobre la libre circulación. Básicamente, sin la aplicación de un estado de alarma, de excepción o de sitio, los derechos fundamentales de los ciudadanos deberían quedar intactos. Hay un matiz y es que la Unión Europea ha recomendado la aplicación de ciertas medidas, como el pasaporte Covid, para seguir luchando contra el virus, de ahí que algunas comunidades autónomas estén empezando a requerirlo para determinadas actividades. El Código Penal de España, a través de los artículos 510, 511 y 512, también protege a aquellos que sufran delitos de odio, hostilidad, discriminación, violencia, ataques a la dignidad etc.

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La perspectiva ética y moral sobre la exclusión a ciertos grupos también forma parte del debate. Uno de los argumentos más extendidos al respecto es que existe libertad para decidir si inocularse o no y cada persona tiene sus razones para hacer una u otra cosa. Aunque hay excepciones (personal médico, cuidadores de personas de riesgo…), no es obligatorio hacerlo. Por lo tanto, ¿está justificado tratar de manera diferente a los que prefieren no inocularse (o no pueden)? ¿Cuándo, moralmente hablando, van demasiado lejos las limitaciones a la libertad de movimiento o de asociación de una persona? Si los Gobiernos abogan por este tipo de medidas, ¿cómo influye esto en el trato que reciben aquellos que no se vacunan por parte de la mayoría de la sociedad?

Hay estudios que confirman que el riesgo de infección y transmisión de la variante Delta se puede producir incluso entre la población vacunada. Uno de ellos fue publicado recientemente en la revista médica, The Lancet Infection Diseases, donde se concluyó que las personas vacunadas que se contagiaron con esta variante, la predominante actualmente, tienen la misma probabilidad de transmitir la enfermedad a los miembros de su hogar que las personas no vacunadas. Los datos sugirieron que cada contagiado infectó a una cuarta parte de su familia. Por tanto, si en un concierto, una persona vacunada tiene el virus, las probabilidades de que ésta contagie a gente inoculada o a las que no lo están son idénticas. Otros estudios sugieren que alguien no vacunado tiene el doble de posibilidades de contraer la enfermedad de otra persona que no ha recibido la vacuna que de otra que sí lo ha hecho.

Concierto celebrado en Dinamarca durante el mes de septiembre de 2021. Reuters.
Concierto celebrado en Dinamarca durante el mes de septiembre de 2021. Reuters.

Si lo que se desprende de estas investigaciones es cierto, hay más riesgo de contraer la enfermedad y que ésta sea potencialmente grave para una persona no vacunada que vacunada, sin embargo, unos y otros pueden perfectamente obtener y transmitir el virus y son los que han dicho sí a las inyecciones los que estarán más protegidos de enfermarse.

Estos resultados ponen en duda los argumentos que provocan una actitud complaciente entre algunos de los que sí se han puesto ambas dosis, de los que piensan que ya han hecho su trabajo y de los que se sienten con la superioridad moral de creer que merecen una vida con más libertades que los no vacunados. Es ese grupo el que más tiende a justificar la exclusión de los otros mientras enarbolan la bandera de la responsabilidad social y de la lógica, la suya. Un lógica viciada en algunos de sus preceptos que se deja llevar por la narrativa fundamental: la necesidad de los gobiernos de proteger su sistema de salud. Uno de los factores que quedan fuera de esta línea de pensamiento es, por ejemplo, que el pasaporte Covid genera un sentimiento de falsa seguridad, o el peligro que también suponen para la sociedad los vacunados infectados asintomáticos o los vacunados que por el hecho de estarlo se niegan a ponerse la mascarilla y siguen como si nada. ¿Y si desde el poder estatal se determinara que ellos sean los señalados, los castigados? Los gobiernos que temen una fuerte carga hospitalaria en países con índices de vacunación bajos tratan de incentivar con esta exclusión a los no vacunados, pero ¿tiene sentido hacerlo en otros con altos índices de vacunación? ¿Dónde está el límite? ¿Merecen que esta estrategia les estigmatice frente al resto de la sociedad?

La historia nos dice que hay que tener mucho cuidado con eso de que el fin justifica los medios, más aún cuando el camino está regado de argumentos imperfectos que sirven para dar privilegios a unos cuantos en lugar de buscar soluciones para todos.

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