Cubanos estudian una lista cada vez menor de empresas privadas prohibidas

Ed Augustin y Kirk Semple
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LA HABANA — Los concesionarios de automóviles, la publicación de libros y los fondos de cobertura todavía están prohibidos. Las posadas, en cambio, sí están permitidas. Los zoológicos, los centros de buceo y la producción de armas siguen restringidos. Los servicios veterinarios, no.

A medida que el gobierno comunista de Cuba continúa su irregular expansión del incipiente sector privado, los cubanos analizan cuidadosamente una lista de las actividades económicas que el gobierno plantea conservar bajo su control.

La lista, publicada el miércoles y calificada como provisional, contiene 124 actividades que quedarían prohibidas a la empresa privada. Esta mantendrá a los sectores más poderosos y productivos bajo el dominio del Estado, incluidos aquellos que emplean a muchos de los profesionales más educados y capacitados, como la medicina y la atención sanitaria, la educación, las comunicaciones y los oficios relacionados a la construcción como la arquitectura y la ingeniería.

En los días previos a la publicación de la lista, el gobierno anunció que esa nueva clasificación ampliaría enormemente el número de actividades económicas permitidas a la empresa privada —la cual ha estado restringida por otro listado, de 127 tipos de negocios autorizados— en un esfuerzo por crear empleos, abrir nuevos mercados y revivir la economía. La noticia podría augurar una enorme apertura de la economía, lo que elevaría las esperanzas y expectativas en toda Cuba.

La lista más reciente parece abrir un nuevo e importante espacio para la fabricación. Por ejemplo, ahora los cubanos podrán solicitar una licencia para operar fábricas de queso, pintura y juguetes, aunque el gobierno aún no ha definido la envergadura permitida de tales emprendimientos.

Mientras que algunos cubanos elogiaron la lista como un importante hacia la liberalización económica del país, otros se quejaron de que el gobierno no avanzó lo suficiente.

“Es un desorden”, expresó Gerardo Guillén García del Barco, un arquitecto de 26 años de La Habana cuya profesión el gobierno planea mantener bajo su control absoluto. “Cada vez que algo parece ser una panacea, termina en nada”.

“Mi sueño es hacer exactamente lo que hago hoy en día, pero dentro de un marco legal”, dijo al explicar que había abandonado una compañía estatal y ahora trabaja de manera independiente sin una licencia. “Quiero hacer mi propia arquitectura sin que la burocracia me obstaculice”.

Los cambios han sido impulsados, en parte, por una extrema necesidad. En 2020, la economía de Cuba, estancada durante mucho tiempo, se contrajo en un 11 por ciento, cuando la administración de Donald Trump endureció las sanciones de Estados Unidos sobre la isla y la pandemia detuvo el turismo, sustento económico del país, dejando al gobierno sin divisas para importar.

Durante la última década, a través de una serie de reformas, el número de cubanos que trabajan en el sector privado —los llamados cuentapropistas— casi se ha triplicado, a unos 600.000. Pero esas personas trabajan principalmente en ocupaciones confinadas al sector de los servicios, como administrar restaurantes y pensiones o conducir taxis.

El pasado sábado, al anunciar la expansión prevista de la actividad económica privada, Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, dijo que los cambios “liberarían las fuerzas productivas” de la población.

Muchos cubanos esperaban que las reformas resolvieran una paradoja evidente: los miembros más educados y mejor capacitados de la fuerza laboral están en empleos controlados por el gobierno y con frecuencia se les paga mucho menos que a los trabajadores menos calificados que ya laboran en los sectores autorizados para la empresa privada. Guías turísticos, camareras y taxistas pueden ganar más dinero que cirujanos, ingenieros y científicos, una distorsión que el expresidente Raúl Castro llamó “la injusta pirámide invertida”.

El monopolio del Estado sobre tantas ocupaciones —una estrategia para mantener el control político y para garantizar los servicios sociales a la población— ha hecho que muchos trabajadores altamente capacitados abandonen el sector público y se dediquen al naciente sector privado, donde aceptan trabajos para los que están sobrecalificados. Otros se van al extranjero en busca de mayores ingresos.

Ricardo Torres, un economista del Centro de Estudios de la Economía Cubana en La Habana, dijo que la lista de actividades económicas restringidas publicada esta semana le produjo reacciones diversas.

Aseguró estar decepcionado porque la lista excluyó al sector privado de ciertos sectores como la ingeniería, la arquitectura, la contaduría y la economía digital.

Sin embargo, afirma que, al mismo tiempo, la medida parece abrir “muchas áreas” a la actividad del sector privado, incluidas ciertas formas de manufactura y algunos servicios profesionales, como las asesorías financieras, la publicidad y el diseño gráfico.

"Es un importante paso adelante", dijo.

Pero Omar Everleny Pérez, un economista y exprofesor de la Universidad de La Habana, dijo que las escasas oportunidades que la lista dejó para la clase profesional del país no detendrán la fuga de cerebros de Cuba.

“Si los profesionales no pueden tener la opción de laborar en el sector privado de Cuba, la única ruta disponible para ellos es irse al extranjero”, aseguró. “Y esto ha estado ocurriendo por bastante tiempo: arquitectos, matemáticos, biólogos se van”.

Los analistas dijeron que si bien la expansión del sector privado sugería una relajación del control del gobierno sobre la economía, no significaba que el Estado estuviera a punto de adoptar por completo al capitalismo.

“Creo que Cuba va a avanzar por un camino que es más parecido al modelo de Vietnam”, agregó Pérez. “No va a ser el fin del socialismo”.

Y en cuanto a la desigualdad que se generará por la expansión del sector privado, Pérez dijo que parecía inevitable, pero espera que el gobierno cubano intervenga con su sistema de seguridad social.

“Hay desigualdad y va a haber desigualdad”, dijo. “Creo que debe reconocerse que el Estado ayudará a los que se quedan rezagados”.

Diversos analistas dijeron que junto con otras medidas para reestructurar la economía cubana, como la reciente legalización de la importación y exportación para el sector privado, las últimas reformas podrían tener un impacto positivo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, las cuales se enfriaron considerablemente cuando el gobierno de Trump adoptó un enfoque de línea dura hacia la nación caribeña.

“Estados Unidos, en general, y el gobierno, en particular, ven con buenos ojos la expansión de la actividad privada”, agregó Torres. “Y eso, en cierto modo, crea un entorno más favorable en el que se pueden reconstruir las relaciones”.

This article originally appeared in The New York Times.

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