Cuatro conclusiones de nuestra investigación sobre el mal manejo de la COVID-19 por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Isabelle Niu y Emily Rhyne
·7  min de lectura
Una captura de pantalla de imágenes de videovigilancia obtenidas por la Oficina del Inspector General muestra al personal del Centro Correccional de La Palma disparando gas pimienta y agentes químicos a los detenidos en Arizona, el 13 de abril de 2020 (Imágenes de video de vigilancia obtenidas por la Oficina del Inspector General, Departamento de Seguridad Nacional vía The New York Times)
Una captura de pantalla de imágenes de videovigilancia obtenidas por la Oficina del Inspector General muestra al personal del Centro Correccional de La Palma disparando gas pimienta y agentes químicos a los detenidos en Arizona, el 13 de abril de 2020 (Imágenes de video de vigilancia obtenidas por la Oficina del Inspector General, Departamento de Seguridad Nacional vía The New York Times)

En la actualidad, Estados Unidos tiene el mayor sistema de detención de inmigrantes del mundo. En un día cualquiera, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) retiene a decenas de miles de personas en unas 200 instalaciones en todo el país. Y a lo largo de la pandemia, estas instalaciones se han convertido en algunos de los lugares más peligrosos de Estados Unidos en lo que respecta a los brotes de COVID-19.

Nuestro análisis comparó las tasas de infección estimadas en los centros de detención del ICE con las tasas de infección en las prisiones y entre la población general. Cuando los casos de COVID-19 aumentaron el pasado mes de junio, los centros de detención del ICE tenían una tasa de infección promedio cinco veces mayor que la de las prisiones y veinte veces mayor que la de la población general.

Para entender los riesgos que suponen las instalaciones del ICE, hablamos con personas que estuvieron detenidas, científicos de datos, abogados, funcionarios del condado y la familia de un excontratista del ICE sobre la propagación de la COVID-19 dentro y fuera de los centros de detención de esta agencia. También revisamos documentos judiciales, registros médicos de los detenidos e informes de inspección del gobierno de junio de 2020 hasta marzo de 2021. Esto es lo que encontramos.

1. Los detenidos cuentan con poca protección contra la COVID-19 mientras están bajo custodia.

Existen varias razones por las que la COVID-19 golpeó con especial fuerza a los centros de detención del ICE, incluida la aplicación irregular de las propias directrices de la agencia sobre la pandemia en sus instalaciones.

En el Centro Correccional de La Palma, en Arizona, por ejemplo, un reciente informe de inspección gubernamental encontró repetidas violaciones de los protocolos de uso de cubrebocas y distanciamiento social. Según el informe, los detenidos organizaron protestas pacíficas para llamar la atención sobre estas condiciones y fueron castigados de manera violenta por el personal del centro de detención.

Otro problema es la falta de pruebas. En una audiencia en el Senado el pasado mes de junio, Henry Lucero, director ejecutivo adjunto de Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportación del ICE, testificó que toda persona que experimentara síntomas de COVID-19 bajo custodia era sometida a pruebas de detección del coronavirus.

Pero no siempre es así. Sandra Esqueda, una inmigrante sin estatus legal procedente de México, estuvo detenida en el Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso, en Texas, de abril a noviembre de 2020. Sus documentos médicos muestran que, tras acudir a la unidad de atención médica del centro con síntomas, no se le hicieron pruebas sino hasta cinco días después. Dio positivo, y decenas de detenidos más se infectaron más o menos al mismo tiempo, según Esqueda.

En otro centro de detención en Farmville, Virginia, la incapacidad del ICE para contener el virus el verano pasado condujo a un brote de unos 250 casos, de entre alrededor de 300 detenidos en el centro. Uno de ellos murió a causa de la COVID-19.

2. Los efectos de las infecciones al interior de los centros de detención se extienden hacia las comunidades circundantes.

No todos los centros del ICE se han visto afectados de igual manera por la COVID-19. Una base de datos del New York Times que analiza los informes de las agencias federales y locales encontró que los brotes más grandes en los centros de detención del ICE han tendido a concentrarse en los estados fronterizos del sur.

El condado de Frio, en Texas, es un ejemplo de ello. Este condado rural de unos 20.000 habitantes alberga dos grandes instalaciones del ICE gestionadas por empresas penitenciarias privadas. El 5 de mayo de 2020, había diez casos conocidos en el condado, todos ellos vinculados al Centro de Procesamiento del ICE del sur de Texas. Tres días después, el número de casos positivos se había triplicado en todo el condado.

Esa tendencia continuó durante varios meses más, según los analistas de datos. Los primeros hallazgos del COVID-19 Behind Bars Data Project (Proyecto de datos de COVID-19 tras las rejas) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por su sigla en inglés) muestran que a lo largo de la pandemia, las infecciones dentro del centro de detención en el condado de Frio suelen venir acompañadas de infecciones en la comunidad en general.

Los investigadores encontraron la misma tendencia en otras nueve instalaciones del ICE que experimentaron grandes brotes, en Texas, Florida, Georgia, Arizona, Luisiana y California.

En Laredo, Texas, las autoridades sanitarias locales emitieron órdenes de cuarentena obligatoria para dos centros de detención del ICE a finales de julio. Sin embargo, en las semanas siguientes, se registraron cientos de nuevos casos en los centros de detención, lo cual tensionó a los ya sobrecargados hospitales de la ciudad.

Una vocera del ICE declaró en un comunicado a este diario que la agencia había “tomado extensas medidas para salvaguardar a todos los detenidos, el personal y los contratistas, incluyendo: las pruebas en el momento de la admisión, la reducción del número de detenidos en custodia, la colocación de los individuos en programas alternativos a la detención”.

3. La falta de datos consistentes de COVID-19 por parte del ICE dificulta dar seguimiento a la propagación entre la comunidad.

Todos los días, el ICE publica las cifras relativas a los casos activos entre los detenidos, así como las muertes por COVID-19. Sin embargo, no lleva un registro continuo de las infecciones diarias desde el inicio de la pandemia, lo cual dificulta entender qué tanto se ha propagado el virus entre los detenidos del ICE a lo largo del tiempo.

Otra limitante de consideración es que la agencia no da a conocer datos sobre las infecciones entre su personal, y esa información es crítica para entender el contagio en la comunidad. Los expertos afirman que el movimiento del personal es una fuente importante de transmisión del virus de los centros de detención del ICE a la población en general. La opacidad de los datos también se debe a que la gran mayoría de los detenidos del ICE se encuentran en instalaciones gestionadas no por la agencia, sino por empresas penitenciarias privadas, que no están obligadas a compartir información con el público.

En una audiencia de la Cámara de Representantes sobre la supervisión de los centros de detención del ICE en julio de 2020, la representante de Nueva York Kathleen Rice pidió a los directores ejecutivos de cuatro contratistas privados del ICE que dieran a conocer los datos sobre las infecciones entre los empleados. Los cuatro respondieron que publicarían la información con la autorización del ICE, pero hasta la fecha aún no hay ningún dato en el sistema sobre las infecciones entre los contratistas del ICE. En una declaración a este diario, la agencia se negó a comentar cómo la pandemia ha afectado a su personal.

4. El ICE podría liberar a más gente para reducir la propagación de la COVID-19.

Como agencia, el ICE tiene amplia discrecionalidad sobre a quiénes detiene y deja en libertad. La detención de inmigrantes es una detención civil, lo que significa que las personas detenidas no están allí para cumplir una condena por cometer un delito, sino para esperar que un tribunal migratorio decida si pueden permanecer en Estados Unidos.

En abril de 2020, un juez federal de California ordenó al ICE que “identificara y considerara la posibilidad de poner en libertad a los detenidos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por la COVID-19”, sin importar su situación jurídica. Casi un año después, el mismo juez determinó que la agencia había “incumplido de manera sustancial las órdenes del tribunal”.

El año pasado, más de 3700 personas fueron liberadas del centro de detención del ICE y el número total de personas bajo custodia del ICE se redujo a la mitad debido a las órdenes judiciales y a las restricciones fronterizas del coronavirus del gobierno de Trump.

Sin embargo, la tasa de infección promedio actual dentro de las instalaciones de detención del ICE sigue siendo alrededor de veinte veces mayor que la de la población general de Estados Unidos, según el COVID-19 Behind Bars Data Project de la UCLA. Esto significa que los centros de detención del ICE siguen siendo focos de infección que suponen un riesgo para cualquiera que entre en contacto con ellos. Y a diferencia de la Oficina Federal de Prisiones, el ICE no tiene su propio plan de vacunación de las personas detenidas. En cambio, dejó la vacunación de los detenidos en manos de los gobiernos estatales, para que estos las administren como crean conveniente.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company