A cuatro años de perder a su familia en el 19S, Fernando sigue buscando justicia

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A cuatro años de perder a su familia en el 19S, Fernando sigue buscando justicia
A cuatro años de perder a su familia en el 19S, Fernando sigue buscando justicia

El 19 de septiembre de 2017, Fernando Sánchez Lira perdió a su madre y a su hermana. El edificio donde trabajaban, ubicado en Simón Bolívar #168, se desplomó.

A cuatro años, Fernando sigue buscando justicia. La Fiscalía de la Ciudad de México no ha definido a los responsables del colapso, aunque se han podido identificar diversas irregularidades.

El edificio estaba consignado para uso de vivienda, pero cinco empresas laboraban ahí. Arriba del edificio estaba instalada una antena de telecomunicaciones con un peso aproximado de 42 toneladas y de la que no se ha podido comprobar tuviera el permiso correspondiente. Desde 2004 la CENAPRED dictaminó que existía un diseño inadecuado de la construcción.

Pese a todo, la Fiscalía intentó cerrar la carpeta de investigación y sostiene que no hay elementos suficientes para continuar la investigación.

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“¿Quién fue?, ¿Quién permitió?, ¿Dónde estaba CENAPRED?, ¿Dónde estaba la Delegación?, ¿Por qué hay permisos?, … ese edificio no era apto para su uso, debió de ser deshabitado desde hace mucho tiempo”, dice Fernando con la voz entrecortada.

“Yo estoy buscando que se haga justicia, que de verdad se castigue a los verdaderos responsables de que ese edificio hubiera seguido en funcionamiento, del ámbito que sea, de todos aquellos involucrados en haber permitido que estuviera en funciones, con esos antecedentes ya bien conocidos”, enfatiza Fernando.

Marcos Zavala, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (Centro Vitoria) y quien acompaña el caso, explica que parte del problema, es que la única línea de investigación abierta por la Fiscalía es contra la inmobiliaria dueña del edificio, INMOBICO S.A. de C.V., y bajo el delito de homicidio culposo.

El abogado sostiene que falta por averiguar cuál fue la cadena de autoridades que permitieron operar a la inmobiliaria en total impunidad.

El inicio de una lucha porque sea investigado

Tras el sismo, Fernando fue llamado por la Fiscalía de la Ciudad de México para colaborar como víctima indirecta en la creación de una carpeta de investigación por el desplome del edificio.

Pero en enero de 2019, Fernando fue notificado que la investigación había sido cerrada un mes atrás. “Se determinó el no ejercicio de la acción penal”, dice un documento entregado por la autoridad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (Centro Vitoria), que acompaña el caso, logró que en mayo de 2019, el Juzgado Décimo Tercero en Materia Penal de la Ciudad de México les concediera un amparo para que las autoridades siguieran con la investigación.

“Nos quisieron dar un carpetazo … pero seguimos luchando (porque se siga investigando)”, dice Fernando.

Marcos Zavala, explica que “hay una sentencia de amparo de un juez federal, que dice hay que abrir otras líneas de investigación y también hay que revisar los temas periciales,(ya que todo se ha centrado al dueño de INMOBICO, pero él está alegando que es el garante del edificio, (porque) lo arrendó a varias empresas”.

“Quizás algunos servidores públicos de ese momento permitieron que se instalara una antena, que se hicieran modificaciones al edificio, entonces aunque pudiera parecer que hay un velo de legalidad en la construcción, modificación y autorización del uso del cambio habitacional, es precisamente estas líneas de investigación las que se tienen que reforzar”, agrega Zavala.

Para Fernando, estos más de 1,200 días de lucha han significado perder su salud física y emocional. Tiene ansiedad generalizada y depresión, que a su vez le provocaron dos neuropatías. La primera afecta el poder orinar. La segunda afecta el funcionamiento intestinal, por lo que ha tenido una hemorroide y una hernia inguinal.

“Quiero pensar que no es una estrategia (de las autoridades) para que la gente se aburra o se canse. Yo confío en la Fiscalía y en la Fiscal”, comenta Fernando.

Documentos que acreditan las irregularidades

  • En 2004 la CENAPRED acudió a revisar el inmueble, a petición de la Procuraduría Agraria, que trabaja en las instalaciones y que reportó que una pared se había agrietado. El edificio que fue construido en 1973 ya presentaba deterioro importante, insuficiencia de mantenimiento, un diseño inadecuado de trabes y se advirtió la base no era suficiente para sostener el peso de los siguientes pisos. El documento se puede revisar aquí o con el folio 0413000004618065 en el Portal Nacional de Transparencia.

  • Tras el sismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México reconoció que el uso de suelo, para fines comerciales, en realidad sólo aplica para la planta baja. Pero las 5 plantas eran ocupadas por empresas.

  • La misma dependencia, a través de la solicitud de información con folio 0105000152718, reconoció que no localizó algún archivo de licencias o permisos para que la antena fuera colocada en el predio.

La Fiscalía de la Ciudad de México aceptó de manera parcial la recomendación 12/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la piden se determine los responsables del caso.

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