¿Cuál fue la misión secreta del buque San Jacinto en Cabo Verde? Castigar a Nicolás Maduro

Eric Schmitt and Julie Turkewitz
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La historia del crucero San Jacinto evidencia la animosidad del gobierno de Trump hacia Venezuela y cómo la purga poselectoral de altos líderes del Pentágono agita al sector militar.

WASHINGTON — Durante el mes pasado, el crucero San Jacinto de la Armada estadounidense navegó frente a la nación insular de Cabo Verde, en África Occidental, en una misión secreta destinada a afectar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, un adversario declarado del gobierno de Donald Trump.

La misión se puso en marcha a principios de junio cuando Alex Saab, un empresario colombiano que se cree que es el arquitecto de los acuerdos económicos que mantienen a flote al gobierno de Maduro, fue arrestado en Cabo Verde mientras su avión privado se detenía para repostar en ruta a Irán desde Venezuela. Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de blanqueo de dinero estadounidense y se iniciaron los procedimientos judiciales.

“Saab es de vital importancia para Maduro porque ha sido el testaferro de la familia Maduro durante años”, dijo Moisés Rendón, un especialista en Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Saab tiene acceso a información privilegiada sobre los esquemas de corrupción de Maduro dentro y fuera de Venezuela”.

La subsiguiente llegada sigilosa del buque de guerra estadounidense coincidió con el despido del presidente Trump del Secretario de Defensa Mark T. Esper a principios de noviembre. Durante meses, Esper había evitado las súplicas de los departamentos de Estado y Justicia para desplegar un buque de la Armada en Cabo Verde con el fin de disuadir a Venezuela e Irán de conspirar para sacar a Saab de la isla. Esper se burló de la preocupación por la fuga de la cárcel, y dijo que enviar a la Armada era un mal uso del poderío militar estadounidense. En su lugar, en agosto se envió un guardacostas.

Sin embargo, con Esper fuera de juego, su sustituto, el secretario de Defensa en funciones Christopher Miller, un antiguo asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el terrorismo, aprobó rápidamente el despliegue del San Jacinto desde Norfolk, Virginia. El barco cruzó el Atlántico para vigilar de cerca al cautivo solitario.

En los últimos días del mandato de Trump, la historia del San Jacinto y su improbable misión de un mes de duración ilustra lo que los críticos dicen que es el uso caprichoso de las fuerzas armadas por parte del gobierno: desplegar tropas en la frontera suroeste un día, y sacar abruptamente a otras tropas del noreste de Siria al día siguiente.

También es el último efecto de la purga de Trump en la cúpula del Pentágono y el nombramiento de funcionarios leales de línea dura. Miller ha ordenado mayores recortes de tropas en Afganistán, Irak y Somalia; ha destituido al oficial de políticas que supervisaba los esfuerzos militares para combatir el Estado Islámico; y ha considerado retirar el apoyo militar a la CIA, incluyendo su flota de aviones no tripulados.

El enfrentamiento sobre Saab es el último giro en la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela. En 2017, Trump dijo que no descartaría una “opción militar” para sofocar el caos en Venezuela. En 2018, el gobierno de Trump mantuvo reuniones secretas con oficiales militares rebeldes de Venezuela con el fin de discutir sus planes para derrocar a Maduro.

Y en agosto, Estados Unidos incautó más de 1,1 millones de barriles de combustible iraní que se dirigían a Venezuela en una entrega en alta mar que impidió a dos adversarios diplomáticos evadir las sanciones económicas estadounidenses.

Así pues, no fue una sorpresa que los asesores del gobierno se entusiasmaran cuando los funcionarios de Cabo Verde detuvieron a Saab en su parada para reponer combustible, en respuesta a una alerta de búsqueda de la Interpol conocida como notificación roja, que había estado en vigor por las acusaciones de blanqueo de dinero de Estados Unidos.

En una declaración en ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que Saab se había detenido en Cabo Verde en una “escala necesaria” en su camino para “garantizar la adquisición” de alimentos y medicinas para Venezuela.

Arreaza condenó la detención, la calificó de acto “que viola las normas y leyes internacionales” y dijo que el gobierno de Maduro haría todo lo posible para proteger “los derechos humanos de Alex Saab”.

Ese tipo de amenazas preocupan a los oficiales de línea dura de los departamentos de Justicia y Estado, incluyendo a Elliott Abrams, el enviado especial del departamento de Estado para Irán y Venezuela. Expresaron su preocupación ante la posibilidad de que agentes iraníes o venezolanos pudieran ayudar a Saab a escapar del archipiélago situado a 560 kilómetros al oeste del Senegal en el Atlántico Norte, y que Estados Unidos perdiera una oportunidad inusual de castigar a Maduro.

La detención de meses de Saab ha despojado a Maduro de un importante aliado y un gran ayudante financiero en un momento en el que menos países están dispuestos o son capaces de ayudar a Venezuela. Si Saab coopera con los funcionarios estadounidenses, podría ayudar a desenredar la red económica de apoyo de Maduro y ayudar a las autoridades a presentar cargos contra otros aliados del gobierno venezolano.

Washington ha acusado a Saab de “beneficiarse de la hambruna” a través de su participación en un plan en el que se sospecha que él y otros se aprovechan de grandes sumas de fondos gubernamentales destinados a alimentar a la población hambrienta de Venezuela. Los funcionarios estadounidenses han dicho que esto forma parte de un plan más amplio en el que los aliados de Maduro compraban menos comida o alimentos de menor calidad que los solicitados en los contratos y redistribuían el dinero extra entre los leales.

Saab es uno de los varios funcionarios y hombres de negocios vinculados a Maduro acusados por el gobierno de Estados Unidos en los últimos años, incluyendo al propio Maduro. Estados Unidos y más de 50 naciones consideran que el gobierno de Maduro es ilegítimo y reconocen a su rival político, Juan Guaidó, como el presidente interino del país.

Este verano, Esper se mantuvo firme en Washington: la extradición de Saab era un esfuerzo digno. Pero tendría que realizarse sin un buque de guerra de la Armada. En su lugar, el gobierno de Trump envió el barco Bear de la Guardia Costera a Cabo Verde en agosto. El comandante Jay W. Guyer, portavoz de la Guardia Costera, dijo que el barco realizó una patrulla conjunta con la Guardia Costera de Cabo Verde “para contrarrestar la pesca ilegal, no regulada y no declarada”. Dijo que el buque también participó en un simulacro de búsqueda y rescate cerca de Cabo Verde.

Cuando Trump despidió a Esper, un buque de guerra de la Armada entró en juego. Y justo a tiempo, dijeron los funcionarios de la administración.

Sumándose al drama internacional, el mes pasado dos países de África Occidental, a instancias del departamento de Estado, negaron en sus aeropuertos la autorización para que un avión iraní con destino a Cabo Verde pudiera cargar combustible. Unos funcionarios dijeron que era posible que el avión llevase espías iraníes, comandos o tal vez solo abogados que tratasen de anular la extradición de Saab. El avión retornó a Teherán.

La semana pasada, el San Jacinto recibió nuevas órdenes: volver a Norfolk para asegurar que los 393 miembros de la tripulación estén en casa para Navidad y otras fiestas.

Los partidarios del despliegue de la Armada, como Abrams, expresaron su confianza en que la presencia del San Jacinto —con un costo operativo de 52.000 dólares al día, según la Segunda Flota de la Armada— había disuadido cualquier fechoría nefasta.

El Comando de África del Pentágono no reconoció la misión clandestina del buque, y señaló que solo fue enviado a Cabo Verde “para combatir la actividad marítima transnacional ilícita” en la región, dijo Kelly Cahalan, una portavoz del comando, en un correo electrónico.

Al final, los peores temores de Esper —un choque involuntario de la Armada con agentes iraníes o venezolanos en un asunto más adecuado para que lo resuelvan diplomáticos y abogados internacionales— no se cumplieron.

En Cabo Verde, dijeron los funcionarios estadounidenses, el proceso de extradición continúa con las apelaciones de Saab que se espera que duren al menos hasta principios de 2021. Un abogado de Saab no respondió a las solicitudes de comentarios por correo electrónico. Un alto funcionario del Pentágono dijo que no se había tomado ninguna decisión sobre la sustitución del San Jacinto por otro barco de la Marina después de las fiestas de fin de año.

Eric Schmittreportó desde Washington, y Julie Turkewitzdesde Bogotá, Colombia.

Eric Schmittreportó desde Washington, y Julie Turkewitzdesde Bogotá, Colombia.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company