María Cabadas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 16 (EL UNIVERSAL).- Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron la postura difundida por el organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra, en torno a la recientemente aprobada reforma a la Guardia Nacional.

"En su momento aconsejamos y propusimos a la presidencia de la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN]. Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México, ni las diversas sentencias y criterios en la materia", señaló el Consejo Consultivo.

En un comunicado que fue difundido a través de redes sociales, Tania Espinosa, Bernardo Romero, Gloria Ramírez, Adalberto Méndez, Jorge Alejandro Saavedra y Georgina Diédhiou, miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, aseguraron que la propuesta aprobada tendrá efectos negativos en los derechos humanos.

"Nos comprometemos a apoyar las iniciativas ciudadanas encaminadas a revertir la reforma y sus consecuencias, así como acompañar a las potenciales víctimas y personas agraviadas que resulten de esta desafortunada decisión", indicaron.

Hace un par de días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que no promoverá acciones de inconstitucionalidad por la integración de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

"Esta comisión nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá acción de inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado", subrayó.

Expuso que en México no hay un mando militar arbitrario y mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores.

"Lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador, y para hacerlo tenemos un marco legal, que ciertamente hay que reforzar y mejorar, para garantizar la prevalencia del mando civil supremo sobre toda fuerza armada, del sistema republicano y de la división de poderes, siendo responsabilidad de todos los actores públicos, y de la sociedad, defender el Estado democrático de derecho que lo hace posible", destacó la CNDH.