La crisis creada por la ola de leyes republicanas antiLGBT+

Más legislaciones dirigidas a las y los estadounidenses LGBT+ fue introducida en los primeros meses de 2022 que en cualquier otro año. La mayoría de esas medidas a nivel estatal han buscado criminalizar la atención médica trans y prohibir a la niñez trans participar en deportes juveniles.

El impulso legislativo, alimentado por influyentes grupos cristianos conservadores y una agenda de “derechos parentales” al frente de las aspiraciones republicanas para el 2022, ha demostrado estar tan generalizado en las legislaturas estatales este año que las organizaciones activistas que dan seguimiento a los proyectos de ley estiman que se han introducido hasta 600 medidas que afectan a las personas LGBT+.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Freedom For All Americans, basados en una estimación más conservadora, dan seguimiento a más de 230 proyectos de ley, mientras que Human Rights Campaign encontró más de 300 leyes consideradas dañinas, más de 130 de ellas dirigidas a las personas trans.

Al menos 29 proyectos de ley prohibirían la atención médica de afirmación de género para las personas jóvenes trans, o criminalizarían esta atención acusando a los padres y proveedores de salud de abuso infantil por aprobarla. Al menos 15 de los llamados “proyectos de ley de baño”, que recuerdan las campañas transfóbicas de la década pasada, prohibirían que estudiantes y personal escolar trans usen los baños de acuerdo con su género. Más de 50 proyectos de ley buscan prohibir que atletas trans participen en deportes escolares.

La legislación tiene como objetivo “quitar a las y los jóvenes trans el apoyo de sus médicos, sus padres, sus maestros, sus entrenadores, sus compañeros de equipo, libros, del plan de estudios por completo”, indicó la asesora principal de Human Rights Campaign, Cathryn Oakley. “Cada una de estas piezas quita otra pieza de este apoyo”.

Esta inédita acción legislativa de este año contra las personas trans ya supera el número de medidas presentadas en 2021, y casi se ha duplicado en solo dos años. La legislación que atacan a las personas trans han aumentado de 18 proyectos de ley en 2018 a más de 150 en 2022.

En 2021, nueve estados prohibieron a atletas trans participar en deportes que coincidieran con su género.

Este año se promulgaron al menos cuatro prohibiciones similares en las legislaturas estatales de Arizona, Kentucky, Oklahoma y Utah, solo en marzo.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, vetó el proyecto de ley de su estado, señalando que solo cuatro estudiantes trans participan en deportes de preparatoria en el estado y solo una estudiante trans participa en deportes femeninos. Los legisladores estatales decidieron anular su veto de todos modos.

La senadora del estado de Kentucky Karen Berg, madre de un menor trans, dijo que los legisladores están utilizando a la niñez trans “como una estratagema política para obtener votos sin importar a quién le duela”.

“Al tratar de navegar por el mundo de la escuela secundaria y la preparatoria, se necesita un pueblo para criar a un niño”, dijo. “Lo que están haciendo es tratar de destruir ese pueblo”.

Detrás de los proyectos de ley

Aproximadamente 75 propuestas restringirían o censurarían el discurso en el aula, el plan de estudios escolar y los materiales de la biblioteca, al tiempo que permitirían a los padres o personas ajenas a la escuela demandar a los distritos por violaciones percibidas del texto legislativo, que a menudo se basa en un lenguaje amplio o vago que hace que no quede claro si un el estudiante puede incluso mencionar a sus familiares LGBT+, en algunos casos.

Esa ambigüedad ha dificultado el seguimiento de la legislación, ya que los legisladores han evitado usar la palabra “transgénero” o variaciones de palabras relacionadas con LGBT+ en el texto del proyecto de ley, en gran parte para escapar del escrutinio o para evitar reconocer que su propia legislación reconoce la existencia de personas trans, incluso si los autores no lo hacen, segun han argumentado los opositores.

La legislación a nivel estatal que afecta a las personas LGBT+ también es casi idéntica. Una red de poderosos cabilderos conservadores cristianos y grupos legales, que evolucionaron de un movimiento de “libertad religiosa” de la década de 1990, ayudaron a redactar y promover una ola de proyectos de ley que se imitaban unos a otros en todos los estados al tiempo que proporcionaron un cuerpo de defensa legal bien financiado.

Promise to America's Children, una coalición con Heritage Foundation, Alliance for Defending Freedom y Family Policy Alliance, ofrece a los legisladores ejemplos de proyectos de ley en su sitio web.

“Este es un esfuerzo muy coordinado de los opositores a la igualdad LGBTQ, de los principales grupos nacionales, que han estado trabajando con legisladores de todo el país, para introducir una legislación que discrimina a los LGBTQ… particularmente a los niños transgénero”, señaló Oakley, de Human Rights Campaign.

“Tratar de borrar a la totalidad de la comunidad LGBTQ del plan de estudios, de los libros de historia, de las identidades básicas para que no se expresen en el salón de clases; existe la sensación de que si los jóvenes LGBTQ no conocen las palabras para sus identidades … eso les impedirá convertirse en LGBTQ”, agregó.

A medida que la legislación antiLGBT+ aumentaba en los EE.UU., una red flexible de grupos cristianos fundamentalistas y cabilderos conservadores identificados como “grupos de odio” antiLGBT+ por el Southern Poverty Law Center recaudó US$110 millones en contribuciones tan solo durante el año fiscal que finalizó en 2020, según a un análisis de NBC News.

Alliance Defending Freedom, que reportó US$78 millones en activos en 2020, según documentos del gobierno, tiene un largo historial de apoyo a los esfuerzos para socavar los derechos LGBT+ y marginar a los estadounidenses LGBT+.

En 2003, el grupo presentó un amicus curiae en el histórico caso Lawrence vTexas ante la Corte Suprema de EE.UU. para argumentar que las relaciones sexuales consentidas entre adultos LGBT+ son inconstitucionales.

“La cuestión bajo revisión de base racional no es si Texas debería preocuparse por la sodomía entre personas del sexo opuesto, sino si es razonable creer que la sodomía entre personas del mismo sexo es un problema de salud pública distinto”, argumentó el grupo. “Claramente lo es”.

El grupo también intervino en casos federales de derechos civiles para excluir a las personas LGBT+ de las leyes contra la discriminación, mientras que sus líderes han condenado repetidamente lo que llaman la “agenda homosexual” y han comparado a las personas LGBT+ con pedófilos.

La organización también ayudó a elaborar los llamados “proyectos de ley de baños” que rechazan las políticas de baños escolares que incluyen a las personas trans, incluyendo el envío de copias de las propuestas del grupo a todos los distritos escolares de los EE.UU.

Alliance Defending Freedom también ayudó a redactar una legislación restrictiva sobre el aborto al centro de un desafío de la Corte Suprema que podría cambiar el precedente de décadas establecido por el fallo histórico en Roe v Wade.

En 2020, el grupo ayudó a redactar un proyecto de ley respaldado por los republicanos para prohibir a las atletas trans de participar en los deportes femeninos y absorber “cualquier tarifa de defensa legal” derivada de los desafíos legales en su contra. La medida se convirtió en ley en marzo de 2020, la primera prohibición exitosa de este tipo en los EE.UU.

Tras la aprobación el 30 de marzo de una ley en Oklahoma que prohibía a las atletas trans participar en los deportes femeninos, la asesora principal del grupo, Emilie Kao, dijo que “los hombres en forma y entrenados de manera comparable siempre tendrán ventajas físicas sobre las mujeres; esa es la razón por la que tenemos deportes para niñas”.

“Oklahoma ahora se une a una fuerte coalición de estados que reconocen esa realidad y han actuado para preservar la competencia justa para todas las mujeres, ya sea en la escuela primaria o en la universidad”, agregó Kao.

La “Ley de derechos de los padres en la educación” de Florida, que fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis el 28 de marzo, surgió de una demanda de 2021 presentada por una pareja de Florida cuyo hijo de 13 años dijo que “podría no ser binario”. La familia demandó al distrito escolar, alegando que la escuela del niño ayudó en su transición, que los padres rechazaban.

La pareja, Jeffrey y January Littlejohn, están representadas por abogados de Child & Parental Rights Campaign, una organización con sede en Georgia que “defiende el derecho de los padres a proteger a sus hijos contra el contagio social y los daños causados por la ideología de identidad de género”.

Los legisladores republicanos en Florida que presentaron el proyecto de ley han sostenido que no fue impulsado por grupos externos, aunque Child & Parental Rights Campaign le dijo a Politico que les dio sugerencias a los legisladores para “ajustar” su lenguaje.

La ley de “Derechos de los padres en la educación” de Florida prohíbe la instrucción en el aula “sobre orientación sexual o identidad de género” desde jardín de infantes hasta tercer grado o “de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales” en otros grados.

Tras la aprobación del proyecto de ley de Florida, se presentó una legislación redactada de manera similar en las legislaturas estatales de Georgia y Luisiana.

La ley de Florida no define la “instrucción” o la edad adecuada, lo que podría dejar su interpretación abierta a la prohibición de hablar sobre personas LGBT+, la historia y los eventos en el plan de estudios, o las familias de los estudiantes, o preguntas de los estudiantes sobre cualquiera de esos temas.

La senadora del estado de Florida Shevrin Jones, exeducadora y la primera miembro abiertamente LGBT+ del senado estatal, aseguró que la “legislación abiertamente hostil” del gobernador está “haciendo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo, que es unir a las personas”.

“Las conversaciones sobre identidad y orientación de género no son temas tabú”, expresó. “Las aulas deben ser lugares de inclusión, donde todos los niños de Florida puedan aprender de manera segura y hacer preguntas, pero no en la Florida de Ron DeSantis”.

Desinformación y “acoso de manual”

Los proyectos de ley han avanzado rápidamente en las legislaturas estatales en los últimos años contra la abrumadora oposición pública.

Casi ocho de cada 10 estadounidenses apoyan las leyes para proteger a las personas LGBT+ de la discriminación en el trabajo, la vivienda y los lugares públicos, según una encuesta del Public Religion Research Institute publicada este mes.

En 27 estados, no existen medidas estatales explícitas para proteger a todas las personas de la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en el empleo, la vivienda y los lugares públicos, según Freedom for All Americans.

La encuesta también encontró que el 68 por ciento de los estadounidenses apoyan la igualdad en el matrimonio, lo que marca un aumento en el apoyo desde el 54 por ciento registrado en 2014.

Otra encuesta de marzo realizada por Ipsos en asociación con ABC News, encontró que el 62 por ciento de los estadounidenses se opone a la ley llamada “Don’t Say Gay”, mientras que el 37 por ciento la apoya.

Cientos de organizaciones médicas, proveedores de salud y grupos de bienestar infantil también han instado a los legisladores a rechazar la legislación dirigida a los y las estadounidenses trans. La Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y otros grupos médicos líderes han respaldado la atención de afirmación de género.

La creciente presión de docenas de grandes corporaciones también ha sido ampliamente ignorada o descartada por completo por los funcionarios republicanos.

La mayoría de los adultos estadounidenses tampoco están familiarizados con los problemas que afectan a las personas trans y no binarias, y los medios que la mayoría de los estadounidenses leen y miran en gran parte no los mencionan, según un informe de Human Rights Campaign Foundation.

Si bien la visibilidad de las personas trans y no binarias ha aumentado en la política y la retórica política, también lo ha hecho la desinformación amplificada por los medios de comunicación de derecha, según el informe.

“Los datos muestran que los medios deben incluir más a los miembros de las personas trans y no binarias para ayudar en el desarrollo de opiniones positivas y abiertas para el público en todas partes, especialmente la gran cantidad de personas que no saben nada sobre las personas trans y sus vidas”, explicó Jay Brown, de Human Rights Campaign, en un comunicado.

Al mismo tiempo, figuras cáusticas de los medios de comunicación de derecha y funcionarios republicanos en las redes sociales han optado por hacer comentarios homofóbicos y transfóbicos, desde vincular a los opositores de los llamados proyectos de ley “Don’t Say Gay” con la pedofilia hasta atacar a las parejas del mismo sexo con niños, mientras encubren leyes antiLGBT+ como “derechos parentales” y acusan a sus oponentes de blandir las identidades LGBT+ para crear una falsa narrativa mediática.

Los críticos han relacionado el aumento de la legislación antiLGBT+ con una reacción conservadora a los cambios de política progresistas y los cambios culturales, impulsados por un “miedo a que su sistema de creencias sea parte del pasado”, comentó la representante del estado de Kansas, Stephanie Byers, una persona trans.

“Cuando tienes un desequilibrio de poder, un acto agresivo y una acción repetida, eso es intimidación de manual, sin importar cómo lo mires. ¿Y por qué razón? ¿Para conseguir votos?”, cuestionó. “No necesitan obtener estos votos a costa de las personas trans”.

La retórica política y la cobertura emocional de los medios también han abierto las compuertas para la desinformación médica en torno a la atención de afirmación de género para jóvenes trans, argumentan los defensores, ya que los proveedores de atención advierten que la legislación “pondrá en peligro la seguridad y el bienestar de los jóvenes que todos tenemos el deber y la obligación de apoyar y proteger”.

Un informe de 2021 del grupo de intervención en crisis y prevención del suicidio LGBT+, The Trevor Project, encontró que los jóvenes LGBT+ tienen cuatro veces más probabilidades de considerar seriamente, planear o intentar suicidarse que los que no lo son, mientras que un joven LGBT+ de entre 13 y 24 años intenta suicidarse cada 45 segundos dentro de los EE.UU.

“Cada vez que un legislador difunde mentiras e información errónea sobre las personas trans y nuestra atención médica, es peligroso”, según Chase Strangio, subdirector de justicia trans del Proyecto LGBT y VIH de la ACLU. “Le dice a las personas trans que nuestra existencia no es real, que deberíamos avergonzarnos y tener miedo. También les dice a nuestras familias y comunidades que nos rechacen y nos denuncien al estado, lo que solo aumenta la violencia interpersonal que enfrentan demasiadas personas trans”.

En Texas, la administración del gobernador Greg Abbott ha pedido a las agencias de protección infantil del estado que procesen a las familias por abuso infantil por buscar cuidado de afirmación de género para sus hijos trans.

“Simplemente han ido demasiado lejos”, observó la representante del estado de Texas Jessica González. “Están atacando a niños inocentes y felices en hogares llenos de amor … Están asustados. Nuestras familias tienen miedo. Nuestros hijos tienen miedo. Quieren alejar a estos niños de sus padres simplemente por amar a su hijo”.

Una medida en Alabama, presentada por Eagle Forum of Alabama, un ala de Eagle Forum, fundada por Phyllis Schlafly, opositora a la Enmienda de Igualdad de Derechos, en 1972, describe la atención médica relacionada con la transición como “experimental”.

La legislación impediría que los profesionales médicos y los padres brinden atención médica de afirmación de género a personas trans menores de 19 años. Convertiría esa atención en un delito grave, con una sentencia de prisión de hasta 10 años y una multa de hasta US$15.000.

El representante del estado de Alabama, Neil Rafferty, dijo que la medida, que se ha presentado y reintroducido varias veces en los últimos años, es “como una mala película de zombis, sigue apareciendo”.

La propuesta equivale a “poner [legisladores] en el consultorio médico y señalar con el dedo a los padres”, dijo. "Estamos hablando de un movimiento sin precedentes ... dictar lo que los padres deben hacer con las decisiones médicas familiares privadas que toman con un equipo de proveedores médicos”.

Una legislación similar ha avanzado en al menos 24 estados. Arkansas y Tennessee aprobaron medidas similares el año pasado. Los legisladores de Arizona aprobaron un proyecto de ley parecido en marzo.

“Para los niños y niñas trans, si no tienen un hogar afirmativo, y no pueden encontrar afirmación en las escuelas, y están atrapados en ese lugar oscuro, caminando solos en la oscuridad … ver que su estado les dice que la escuela pública, que debería ser abierta y aceptar a todos los que los rodean, también les prohíbe ser ellos mismos ... luego nos preguntamos por qué aumentan las tasas de suicidio”, comentó la representante Byers, legisladora de Kansas.

“Los niños y niñas trans, ahora tienen voces”, dijo. “Nos tienen a nosotros”.