¿Criminal o mártir? Un preso representa un dilema político para España

Nicholas Casey
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Desde 2017, los activistas se han reunido todas las noches afuera de la cárcel de Lledoners en apoyo a los líderes catalanes detenidos ahí. (Samuel Aranda/The New York Times)
Desde 2017, los activistas se han reunido todas las noches afuera de la cárcel de Lledoners en apoyo a los líderes catalanes detenidos ahí. (Samuel Aranda/The New York Times)

BARCELONA — Sobre un bulevar cubierto de hojas en Barcelona se encuentran las oficinas de Omnium Cultural, una organización conocida en España tanto por sus premios literarios como por sus sueños de que Cataluña sea una república independiente.

Sin embargo, a su presidente, Jordi Cuixart, no se le puede encontrar por ningún lado: los últimos tres años y medio, ha vivido en una celda.

Para las autoridades españolas, Cuixart es un peligroso criminal, condenado por sedición tras encabezar un mitin en una época en la que él junto con otros líderes separatistas quisieron fundar un Estado escindido en la región noreste de Cataluña. No obstante, para sus seguidores, y a los ojos de muchos países, es un preso político detenido en el corazón de Europa.

“Quieren que cambiemos nuestros ideales”, comentó Cuixart una tarde reciente, a través de un cristal grueso en la sección de visitas de la cárcel.

Han pasado más de tres años desde que el movimiento independentista catalán casi desgarra a España y al parecer los políticos en Madrid han ganado. Los planes para una secesión están casi dados por muertos. En Barcelona, ya casi no se escucha el sonido de las cacerolas durante las noches, una característica habitual del movimiento.

Sin embargo, los líderes españoles, consumidos actualmente con la batalla en contra de la pandemia de la COVID-19, siguen teniendo un problema político. Para muchos, Cuixart y otros ocho hombres presos por sedición ahora son mártires que, según agrupaciones de derechos humanos, están detenidos por nada más que alzar la voz y actuar según sus creencias políticas.

Para el gobierno español —y para Europa en conjunto—, también se han vuelto un dolor de cabeza diplomático, pues han surgido acusaciones de hipocresía en contra de una región famosa por exigir mayores libertades democráticas en el mundo.

Una reunión de Omnium Cultural en Barcelona, el 22 de marzo de 2021. (Samuel Aranda/The New York Times)
Una reunión de Omnium Cultural en Barcelona, el 22 de marzo de 2021. (Samuel Aranda/The New York Times)

Este año, Rusia citó a los presos catalanes para eludir las peticiones de Europa de liberar a Alexéi Navalni, el líder de la oposición de Rusia. Estados Unidos anotó a los presos en su informe sobre derechos humanos en España y considera que el encarcelamiento es un modo de intimidación política.

Incluso hay legisladores de la Unión Europea, de la que España es miembro, que han expresado su predicamento. Cuando el bloque debatió sobre responsabilizar a Hungría y Polonia de violar normas del Estado de derecho de la UE, algunos parlamentarios europeos hicieron notar una doble moral: según ellos, España tenía presos políticos.

Los encarcelamientos tienen su origen en un largo conflicto, aún sin resolver, en torno a la identidad, el idioma y quién tiene el derecho de gobernar en Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes ubicada en la frontera con Francia.

En 2017, Cataluña quedó sumida en el caos cuando sus líderes intentaron llevar a cabo un referendo sobre la independencia regional que desafiaba a los tribunales españoles. El gobierno nacional en Madrid envío a las fuerzas antidisturbios, las cuales decomisaron las urnas e incluso golpearon a algunos de los votantes.

Los separatistas cantaron victoria de todos modos, a pesar de que más de la mitad de los votantes no emitió su voto y las encuestas mostraron que Cataluña estaba dividida en el tema de la independencia.

En un claro desafío, el Parlamento de Cataluña siguió adelante y declaró la independencia a pesar de todo… tan solo para suspender su propia declaración antes de que el gobierno español lo disolviera. Para ese momento, Cuixart ya había sido arrestado y otros líderes separatistas huyeron a Bélgica.

En 2019, los tribunales sentenciaron a Cuixart y a otros ocho a pasar entre nueve y trece años de cárcel después de condenarlos por sedición.

“Está en la cárcel simplemente por ejercer su derecho a expresarse”, opinó Esteban Beltrán, director de la oficina española de Amnistía Internacional.

Arancha González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores de España, comentó que este caso evocaba dolorosos recuerdos de otros movimientos independentistas en el país, entre ellos los asesinatos del grupo terrorista ETA, el cual luchó durante décadas por la independencia de la región norteña del País Vasco.

“No son presos políticos. Son políticos que violaron la ley”, mencionó González en una entrevista.

“La pregunta es la siguiente: en España, ¿puedes expresar una opinión diferente? La respuesta: sí. ¿Tienes el derecho a decidir de manera unilateral que vas a dividir el país? No”, agregó.

Sin embargo, David Bondia, un profesor de Derecho Internacional Público en Barcelona, señaló que el gobierno español estaba considerando una reforma que debilitará sus leyes de sedición, algo que considera como una admisión de que ha sido un error encarcelar a los líderes separatistas.

La sombra de Francisco Franco tuvo un papel importante en los primeros días de Omnium, la organización cultural que a la postre dirigiría Cuixart.

Fue fundada en 1961 por un grupo de empresarios para promover el idioma catalán en una época en la que el gobierno español prohibió su uso en público. Poco después, los franquistas cerraron Omnium y el grupo se volvió clandestino.

En la década de 1980, cuando Cuixart crecía en las afueras de Barcelona, Franco había muerto y muchos vestigios de su régimen ya habían sido borrados desde hacía tiempo. Sin embargo, Cuixart aún pensaba que había una intolerancia hacia su cultura.

Cuando era un hombre joven, Cuixart se sumergió en el mundo de los negocios, al trabajar primero en fábricas de Barcelona, para luego ahorrar y abrir la suya. Después de que su perfil comenzó a destacar como emprendedor, se unió a Omnium en 1996.

Desde sus días en la clandestinidad, la agrupación había crecido hasta convertirse en una fuerza clave de la cultura catalana. Resucitó la Nit de Santa Llúcia, un festival literario nocturno de Barcelona que había prohibido Franco y otorgó el Premio Sant Jordi por la mejor novela escrita en catalán.

Omnium también reavivó los sentimientos nacionalistas que Cuixart había sentido de adolescente.

“Ser catalán era más que un idioma y un linaje”, comentó. “Era una decisión de vivir aquí y estar aquí. Eso te hacía catalán”.

En 2010, las cortes españolas rechazaron un acta constitutiva que otorgaba poderes de mayor envergadura al autogobierno, cuatro años después de que lo habían aprobado los votantes y el Parlamento regional. La maniobra produjo un desagrado generalizado y las banderas separatistas se volvieron comunes en el campo.

Pronto, el Parlamento ya estaba debatiendo una maniobra para declararse un Estado independiente, durante mucho tiempo considerado un sueño imposible de los radicales.

Cuixart, quien para 2015 se había convertido en el presidente de Omnium, a veces sentía un conflicto porque su grupo también se hubiera sumado a la iniciativa independentista: después de todo, era una organización cultural, no política. Sin embargo, a final de cuentas, comentó que no unirse habría sido estar en el lado equivocado de la historia.

Para Cuixart, el día crucial llegó el 20 de septiembre de 2017, cuando la policía española, en su intento por evitar que se llevara a cabo el referendo de independencia, irrumpió en un edificio ministerial de la región catalana bajo sospecha de que ahí se habían organizado los planes para la votación. No obstante, una gigantesca multitud rodeó el sitio.

Cuixart y un líder proindependencia, Jordi Sánchez, intentaron mediar entre los manifestantes y la policía. Crearon pasillos entre la gente para que los oficiales ingresaran al edificio y anunciaron que cualquiera que considerara realizar actos de violencia sería un “traidor”.

Según Cuixart, conforme pasaba la noche, temía que hubiera choques violentos. En una grabación, se le ve sobre un vehículo pidiéndole a la multitud que se dispersara. A pesar de los abucheos de los manifestantes, la mayoría se marchó y Cuixart comentó que entonces se fue a dormir.

La votación se realizó en medio de la represión el mes siguiente. No obstante, Cuixart recordó un acto previo de desobediencia civil que no tuvo consecuencias después de que eludió un reclutamiento militar de joven. En esa época, pensó que había poco que temer.

Sin embargo, luego llegaron los cargos: sedición, uno de los crímenes más graves en España. Este tipo de cargos draconianos por haber tenido actividad en una manifestación sorprendió incluso a expertos legales que opinaron que las leyes de sedición —las cuales cubren crímenes menos graves que una rebelión completa— casi no se habían usado en ningún país.

“Incluso tuve que buscar qué significaba ‘sedición’”, comentó Cuixart.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company