Creel interpuso controversia contra decreto

Enrique Gómez y Antonio López

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL). - El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN), interpuso este jueves una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que clasifica el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque como obras de seguridad nacional.

"Informo a la opinión pública que en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del Presidente, que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y, con ello, negar la información a la que tienen derecho todas y todos los mexicanos", especificó el panista.

El pasado 18 de mayo, la Corte invalidó, por mayoría de votos, el decreto emitido en 2021 por López Obrador, mediante el cual se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional.

Sin embargo, el mandatario federal emitió un nuevo decreto ese día, para utilizar la misma estrategia para no transparentar los recursos destinados a sus obras.

"Interpuse esta demanda, con el único objetivo de defender las atribuciones que la Constitución le otorga al Poder Legislativo, representante auténtico del pueblo de México", dijo Creel Miranda.

Subrayó que ese decreto violenta los derechos humanos y "lo hace a sabiendas de que es inconstitucional, puesto que la SCJN acaba de resolver el pasado 18 de mayo una controversia, la cual establece que el Presidente no puede cambiar el significado de seguridad nacional, interés público y de acceso a la información pública gubernamental".

Explicó que López Obrador quiere burlar una resolución de la Corte, afectar la competencia de la Cámara de Diputados y asumirse como el único legislador de este país en contra de la voluntad del pueblo mexicano.

Detalló que este segundo decreto también es un acto arbitrario, como el anterior en el mismo sentido que recientemente fue invalidado por la Corte, y que no abonaba a la transparencia, determinaron los ministros.

El 20 de junio de 2020, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), interpuso una controversia constitucional contra el decreto presidencial que permitía a las Fuerzas Armadas mantenerse en tareas de seguridad pública, al menos, hasta 2024.

Por esa acción, los diputados de Morena y el PT exigieron que fuera destituida y tomaron la tribuna con pancartas que decían: "Presidenta retira la controversia. No representas a la mayoría" y "Exigimos la destitución de Laura Rojas como presidenta. No representas la mayoría".