Ante la creciente presión, el Gobierno busca contener a los movimientos sociales

Jaime Rosemberg
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Corte en Avenida General Paz y Los Corrales
Silvana Colombo

Las imágenes de decenas de manifestantes, con banderas del Polo Obrero, MST, Barrios de Pie y Libres de Sur, entre otras, se repetían en el televisor de un bar cercano al Ministerio de Desarrollo Social, epicentro de la multitudinaria protesta de los movimientos sociales del jueves pasado. “La gente no quiere esto, con la pandemia no hay humor social para protestar en la calle”, decía a La Nación Daniel Menéndez, funcionario de ese ministerio y a la vez referente de la organización Somos Barrios de Pie, alineado con la Casa Rosada.

La confluencia entre ese grupo y el mayoritario Movimiento Evita, que se concretó esta semana y se suma a otros acuerdos, tiene por objetivo el armado de un amplio bloque de movimientos sociales afines a la gestión de Alberto Fernández, en el que confluyen otros actores como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y-parcialmente-la CTEP de Juan Grabois, preocupados por la creciente tensión social y los repetidos reclamos, no sólo de quienes protagonizaron las marchas del jueves (cercanos a partidos de izquierda no kirchneristas) sino también dentro del propio Frente de Todos.

Corte en Avenida General Paz y Los Corrales
Silvana Colombo


Corte del Polo Obrero en Avenida General Paz y Los Corrales, esta semana. (Silvana Colombo/)

Preocupado ante los desafíos que promete plantear la izquierda dura, desde los movimientos sociales kirchneristas hoy en el poder apuntan a que el miedo al contagio “haga su trabajo” y disipe las protestas. Por lo bajo reclaman, además, que la Casa Rosada “apriete el botón” y reviva herramientas como el IFE (10.000 pesos por mes para 9 millones de desocupados), los ATP y refuerzos en la tarjeta Alimentar, tres vías para calmar las protestas callejeras resistidas dentro del propio Gobierno por quienes, como el ministro Martín Guzmán, reclaman frenar la emisión monetaria y de ese modo impedir nuevos rebrotes inflacionarios. Por el momento, el argumento coincide con la visión del Presidente, para quien “no es momento” del regreso del IFE, aunque sí autorizó el inminente aumento en el monto que reciben los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, anticipada en distintas entrevistas por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Como complemento del aumento en la ayuda social, desde el Gobierno desalientan cualquier tipo de manifestación callejera, aún las del “propio palo”. “Podría arreglar ahora con el FMI, pero quiero un acuerdo mejor para el país”, le dijo según pudo saber La Nación el Presidente a Menéndez, Emilio Pérsico (Evita) y Juan Carlos Alderete (CCC) la semana pasada, en Olivos y antes de su aislamiento por coronavirus. Los ex piqueteros y hoy parte del oficialismo entendieron el mensaje: suspendieron la concentración prevista para el 15 de abril , en la que se escucharían criticas a las “políticas de ajuste” del organismo internacional de crédito con el que el Gobierno negocia un acuerdo.

“Uno respeta los reclamos porque muchas veces son justos. Pero no siempre la estrategia de cuanto peor, mejor es acertadas. Están equivocados en el instrumento y esto los lleva a un aislamiento, porque la gente sabe que se tiene que cuidar más”, afirmó a La Nación Fernando “Chino” Navarro, otra de las cabezas visibles del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias de la jefatura de gabinete. Navarro asegura además que “no están dadas las condiciones para un conflicto social, la mayoría de los rubros sigue trabajando y discutimos si cerramos todo a las 22 o a las 24”, desdramatizó el funcionario.

Desde las intendencias bonaerenses coinciden con el planteo. Para el intendente peronista de Escobar, Ariel Sujarchuk, “hoy hay reclamos, no estallidos”, y la prioridad es “el número de contagios y como salimos de esta situación”, que en su distrito llegó al límite de ocupación de camas de terapia intensiva. Néstor Grindetti, intendente macrista de Lanús, anunció que encarará un diálogo con organizaciones sociales de su distrito para que suspendan sus protestas callejeras sin abandonar sus reclamos.

“No salen a la calle porque el Gobierno no los deja y les orden no movilizarse ni protestar”, contestó Humberto Tumini, referente de Barrios de Pie-Libres del Sur, ex aliado del Gobierno hoy en “alianza estratégica” con la izquierda trotskista en su reclamo callejero al Gobierno de “basta al ajuste en base a la inflación”, y más planes Potenciar Trabajo, unos $10.200 pesos por mes que perciben aquellos que “reconvierten” su plan social en un proyecto productivo en distintos rubros. “Con la izquierda trotskista coincidimos en la crítica al modelo económico y la política social”, justifica Tumini.

“Salen a la calle porque piden más planes. Y porque la izquierda ni aparece en los sondeos para las legislativas”, susurran desde un despacho oficialista. La relación con ese sector es también motivo de discusiones: mientras desde Desarrollo Social promueven “diálogo” algunos sectores del Gobierno proponen “ser más duros” y hasta “revisar” la entrega de los planes que ya perciben esos sectores. “Estamos de acuerdo con las restricciones por la pandemia, pero que salgamos de nuevo a la calle depende del Gobierno. Si no dan soluciones a los sectores populares, puede haber nuevas movilizaciones”, los desafió Tumini, presidente de Libres del Sur. La batalla política recién parece estar comenzando.