Crece la presión sobre Scioli por el caso Candela

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LA PLATA.- Tras dos meses de sinsabores por la urgencia para conseguir fondos que ayuden a paliar el déficit de la provincia de Buenos Aires, al gobernador Daniel Scioli lo esperan ahora apenas un par de semanas tranquilas, porque ya asoma en el horizonte una renovada disputa por el "caso Candela" , investigado simultánea­mente por la Justicia y por una comisión del Senado cuyos inte­gran­tes se muestran mayoritaria­mente dispuestos a indagar en po­si­bles responsabili­da­des políti­cas y policiales en el trágico hecho.

Efectivamente, la comisión espe­cial dedicada a analizar la investi­gación del crimen de Candela Rodríguez, una niña de once años secuestrada y asesi­na­da el año pasado en Hurlingham, podría citar al ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal, y al actual jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, y pro­mo­ver que se investiguen posibles irregularidades en la investiga­ción por parte de funcionarios, dijeron ayer a LA NACION fuentes de la propia comisión.

Scioli viene de una desgastante pelea por obtener fondos para pagar las gratificaciones semestra­les de gran parte de los empleados públicos bonaerenses, que tuvo que fraccionar en dos cuotas cuan­do la Nación le envió menos dine­ro de lo que había pedido. Así, enfrentó siete jornadas de paro de distintos gremios estatales en menos de un mes y echó mano de una medida que su propio vicego­bernador, Gabriel Mariotto, cues­tio­nó duramente: la autoriza­ción, por decreto, de la renovación de licencias de bingos y salas de jue­go por los próximos 15 años.

Sólo después de que adoptó esa medida, el gobierno nacional anunció que enviaría más fondos a la provincia. Hoy mismo Scioli tendría disponible ese dinero: 600 millones de pesos, para completar el pago de los aguinaldos esta misma semana. Pero en los prime­ros días de agosto, no bien termine el receso legislativo, vendrá desde el Senado, ámbito que preside Mariotto, una nueva andanada de cuestionamientos, esta vez en un punto central para su imagen pública: la lucha contra el delito.

La "comisión Candela", creada hace casi cuatro meses en el ámbi­to del Senado e impulsada por el vicegobernador, se apresta a emi­tir un dictamen en el que se po­drían pedir juicios políticos y promover denuncias penales a fun­cio­narios, anticipó a LA NACION el senador Jorge D'Ono­frio, que ideó e integra ese grupo ad hoc dedicado al seguimiento del caso y preside, además, la Comi­sión de Seguridad de la Cámara alta.

El senador Alberto De Fazio es el único incondicional de Scioli que integra la comisión creada pa­ra desbrozar la pesquisa del crimen de Hurlin­gham. Hubo al menos un caso de una legisladora sciolista que evitó formar parte de ese equipo para no tomar parte en un dictamen que ya por entonces, en marzo, se avizoraba negativo para el gobernador.

Pero ayer, consultado por LA NACION, De Fazio dijo que podría presentar un dictamen en soledad. "La comisión está para investigar, no para tener preconceptos y anti­cipar dictámenes", señaló. "Nin­gu­no de los testimo­nios abona la teoría de la complicidad o el encu­brimiento por parte de funciona­rios. Veo en D'Onofrio una clara animadversión y una manifiesta intención de perjudicar al minis­tro Casal y a los jefes policiales."

Aunque D'Onofrio no forma parte del círculo de Mariotto, otros miembros de la comisión son muy afines al vicegobernador, quien en los últimos meses ha criticado distintos aspec­tos de la política de seguridad de Scioli. Algunos sciolistas consulta­dos por LA NACION ven en la creación de la comisión un intento de destronar al ministro del área.

Gremio docente

En tanto, otro de los frentes de conflicto con los que se topará Scioli es con los docentes. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) reclamó al gobierno que no les descuente los tres días en que decidieron realizar paro para reclamar el pago completo de los aguinaldos.

A través de una nota que los docentes enviaron a la Dirección General de Escuelas y Cultura y a Scioli, los educadores reclamaron a las autoridades que "se abstengan" de descontar los días de paro del 6, 11 y 12 de julio. Justificaron su pedido en que "el pago diferido del sueldo anual complementario generó desde la administración un grave incumplimiento de una obligación esencial, como lo es el pago de haberes".

"El trabajo no se presume ni resulta gratuito y el salario es la contraprestación que recibe el trabajador por su prestación de tareas", advirtieron. Remarcaron que "el sueldo anual complementario integra la remuneración y, como tal, su exigibilidad resulta incuestionada".

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