La Corte Suprema rechaza intento republicano de defender la regla de carga pública

Caroline Simon, CQ-Roll Call
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WASHINGTON — La Corte Suprema rechazó el lunes un intento de un grupo de gobernadores republicanos de defender una expansión de una regla en la era Trump que dificulta que los inmigrantes logren un estatus legal si usan los beneficios públicos.

Sin embargo, el tribunal también señaló que los estados podrían continuar los esfuerzos en los tribunales de distrito inferiores para defender la regla.

“Negamos la solicitud, sin perjuicio de que los estados planteen estos y otros argumentos ante el Tribunal de Distrito, ya sea en una moción de intervención o de otro modo”, decía la orden del tribunal superior. "Los estados pueden solicitar revisión, si es necesario, en la Corte de Apelaciones, y en una solicitud renovada en esta Corte".

La regla de carga pública, finalizada en 2019, fue bloqueada inicialmente en el tribunal de distrito, pero el Departamento de Seguridad Nacional de Trump apeló esa decisión. La administración Biden dijo en marzo que no defendería la regla, lo que efectivamente permitiría que muriera.

En consecuencia, la Corte Suprema desestimó las apelaciones, permitiendo que se mantuviera un fallo de la corte federal de Illinois, y el DHS anuló formalmente la regla.

Pero el mes pasado, 14 fiscales generales republicanos le pidieron a la Corte Suprema que permitiera a sus estados defender la regla, que según ellos les costaría más de mil millones de dólares anuales si se eliminara.

“Debido a que la invalidación de la Regla de Carga Pública perjudicará directamente a los estados, ahora buscan intervenir para ofrecer una defensa de la regla para que su vigencia pueda resolverse en el fondo, en lugar de a través de una rendición estratégica”, escribieron los estados en una moción presentada el 11 de marzo.

El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La regla de carga pública, que entró en vigencia en todo el país hace más de un año, permite a los funcionarios de inmigración negar las tarjetas de residencia a cualquier persona que se considere que probablemente necesite asistencia pública, en función del uso pasado de la persona de dichos beneficios o factores como el nivel de salud y educación.

Los defensores de la inmigración condenaron la política, diciendo que disuade a los inmigrantes de aprovechar las clínicas de salud pública y otros programas a los que tienen derecho por temor a futuras repercusiones de la inmigración, un problema particular durante la pandemia de coronavirus.

Más allá de la asistencia en efectivo que durante mucho tiempo ha sido motivo para excluir a los inmigrantes, la regla de Trump amplió la regla para cubrir Medicaid y otros programas como la prima de la Parte D de Medicare, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria y la asistencia para la vivienda.

Los jueces federales en California y Washington encontraron que la regla de inmigración probablemente sea ilegal, y el Tribunal del Noveno Circuito de EEUU confirmó esos fallos. Durante los últimos días de Trump en el cargo, su administración le pidió a la Corte Suprema que evaluara la legalidad de la política.

Mientras tanto, la Corte Suprema está programada para escuchar una impugnación legal separada a la regla de carga pública presentada por un grupo de estados y organizaciones de defensa.