Corte Suprema de la Florida rechaza la impugnación de la ley estatal de armas

Ellis Rua/erua@miamiherald.com

En un caso derivado del tiroteo masivo de 2018 en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, la Corte Suprema de la Florida rechazó el jueves una impugnación a una ley estatal que amenaza con fuertes sanciones si los funcionarios locales aprueban regulaciones relacionadas con las armas.

El fallo de 5 a 1 fue un golpe para 33 ciudades y condados y docenas de funcionarios locales que sostenían que las sanciones en la ley de 2011 eran inconstitucionales. Fue una victoria para los líderes republicanos del estado y los defensores de la Segunda Enmienda, como la National Rifle Association.

La Florida prohíbe desde 1987 que las ciudades y los condados aprueben normativas más estrictas que las leyes estatales sobre armas de fuego, y las penas de la ley de 2011 se crearon para reforzar ese derecho preferente. La ley, por ejemplo, pudiera llevar a los funcionarios locales a enfrentar multas de $5,000 por aprobar regulaciones sobre armas y permitiría a los miembros del público y a las organizaciones recibir compensación por daños y perjuicios y honorarios de abogados si demandan con éxito a los gobiernos locales por regulaciones inadecuadas sobre armas.

El caso no cuestionaba la ley subyacente de 1987, pero sostenía que las sanciones de la ley de 2011 eran inconstitucionales, en parte, porque violaban las inmunidades legales de los funcionarios y gobiernos locales. Además, los abogados de las ciudades y condados argumentaron que la ley de 2011 violaba la separación constitucional de poderes porque llevaría a los tribunales a indagar en las motivaciones o intenciones de los funcionarios locales electos.

Pero el juez Ricky Polston, en la opinión mayoritaria de 25 páginas del jueves, rechazó los argumentos, incluyendo que la ley infringía lo que se conoce como “inmunidad de función gubernamental”, una doctrina legal que ayuda a proteger a los organismos gubernamentales de la responsabilidad.

“La imposición de estas medidas civiles estatutarias por infracción preventiva de la ley de [de 1987] no infringe la inmunidad de función gubernamental”, escribió Polston. “No es una función municipal básica ocupar un área en la que el poder legislativo se ha adelantado, y los gobiernos locales no tienen discreción legal o autoridad para promulgar ordenanzas que infrinjan el derecho preferente estatal”.

A Polston se le unieron en la opinión el presidente del tribunal Carlos Muñiz y los jueces Charles Canady, John Couriel y Jamie Grosshans. El juez Jorge Labarga disintió, mientras que la jueza Renatha Francis no participó.

Opinión disidente del juez Labarga

En su voto disidente, Labarga argumentó que la ley de 2011 infringía la separación de poderes porque facultaría a los jueces para determinar si las infracciones cometidas por los funcionarios electos locales eran “conscientes y deliberadas”.

“[El] requisito de la participación judicial para determinar si la acción del funcionario público fue ‘consciente y deliberada’ equivale nada menos que a una intrusión judicial inadmisible en el proceso de pensamiento legislativo del funcionario, y socava la capacidad del funcionario para hacer efectiva la voluntad de los electores”, escribió Labarga.

La mayoría confirmó una decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito. El caso se refería a tres demandas consolidadas en el tribunal de circuito del Condado León. Las demandas fueron presentadas por ciudades y condados de diversas partes del estado, como Tallahassee, Gainesville, Orlando, St. Petersburg, Fort Lauderdale y Miami Beach.

Los abogados de los gobiernos locales escribieron en un documento judicial de 2019 que los funcionarios municipales y condales fueron exhortados a tomar medidas después del tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, que terminó con un saldo de 17 fallecidos y 17 heridos en la escuela secundaria de Parkland. Esas solicitudes incluían cosas como requerir procedimientos o documentación para garantizar el cumplimiento de la verificación de antecedentes y los períodos de espera para la compra de armas.

Pero los abogados dijeron que los gobiernos locales se abstuvieron de seguir adelante con las propuestas debido a las posibles sanciones en la ley estatal.

La ex comisionada de Agricultura Nikki Fried, que dejó su cargo este mes, se unió a la impugnación, que atrajo escritos de destacados grupos de ambos lados del asunto, incluida la NRA y las organizaciones de control de armas Giffords y Brady.