La Corte Suprema de EE. UU. da un revés a la lucha contra el cambio climático

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© Rick Bowmer / AP

En un nuevo fallo, el Tribunal máximo estadounidense socavó la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para fijar regulaciones que rijan en todo el país contra las emisiones de gases contaminantes. Nuevamente con una sentencia de 6-3 a favor de los conservadores, esta resolución beneficia a las megaempresas mineras y petroleras del país y dificulta las políticas de la Casa Blanca para combatir la crisis medioambiental.

Este jueves 30 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a ser noticia por un controvertido fallo. Tras tumbar la restrictiva ley del Estado de Nueva York para portar armas y el veredicto de Roe vs Wade que respaldaba al aborto como derecho constitucional, esta vez los magistrados apuntaron a la lucha contra el cambio climático.

Con un resultado 6-3 (idéntico a las otras decisiones), los jueces conservadores se impusieron y limitaron la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para configurar medidas que regulen la emisión de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.

La sentencia redactada por John Roberts –presidente del tribunal- explica que se consideró que la ley de Aire Limpio no le concedía a la EPA la autoridad para imponer las regulaciones a plantas ya construidas.

La resolución escrita cataloga los límites a la irradiación de dióxido de carbono como “una solución sensata a la crisis de nuestro tiempo” y no anula ninguna restricción concreta, pero critica la potestad de la EPA para constituir esos términos.

En esta tendencia en la que se metió la Corte Suprema, de marginar a los entes gubernamentales y “devolverle” las iniciativas al rubro legislativo, cada Estado podrá levantar sus propias políticas medioambientales.

Ahora el escenario de disputa para las medidas contra el cambio climático será el Congreso, donde los demócratas no cuentan con mayoría para impulsar las propuestas legislativas. En tanto que el oficialismo puede perder ambas cámaras en las elecciones del próximo 8 de noviembre que renovará un tercio del Senado y 435 escaños de la Cámara de Representantes.

Los jueces republicanos, que otra vez conformaron la minoría en la votación, se mostraron disconformes con recortarle a la EPA “el poder que le dio el Congreso y necesario para responder al reto medioambiental más acuciante de nuestro tiempo”.

En tanto que Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, también fue crítico con la decisión del Supremo. La vinculó con la postura tomada con el aborto hace unos días, diciendo que “causará más muertes innecesarias”, esta vez por la contaminación.

En la vereda opuesta estuvo Mitch McConnell, máximo referente republicano en la Cámara Alta, que destacó que esto le “devuelve el poder a la gente” y a los Estados que pueden regularse de manera independiente.

¿Quiénes son los grandes beneficiados con la decisión del Supremo?

Los grandes ganadores de esta sentencia son las compañías petroleras y las mineras, quienes tienen aliados poderosos en el republicanismo y se liberan del yugo de las normativas de la EPA.

Este caso, Virginia Occidental contra la EPA, fue impulsado por 19 estados, a los que se plegaron después Dakota del Norte y dos importantes compañías mineras en Estados Unidos, The North American Coal Corporation y Westmoreland Mining Holdings.

“¿Autorizó constitucionalmente el Congreso a la EPA a dictar normas importantes -incluidas las capaces de remodelar las redes eléctricas del país y descarbonizar unilateralmente prácticamente cualquier sector de la economía- sin ningún límite?”, fue el cuestionamiento central de la causa.

La preocupación en la que se basaba la demanda estaba estrechamente relacionada con los costes que provocarían las decisiones unilaterales de la entidad gubernamental en su combate contra el cambio climático.

El fallo de la Corte Suprema condiciona directamente la política medioambiental de Estados Unidos. De mínima, la ralentizará y la expondrá a los debates en las cámaras cada vez que se pretenda alguna reforma o restricción.

En 2021, cuando Washington volvió a entrar en el Acuerdo de París tras su intempestiva salida en 2017 por responsabilidad de Donald Trump, Joe Biden había prometido endurecer políticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en pos de conseguir la neutralidad en 2050.

Con EFE y medios internacionales

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