Brasilia, 13 sep (EFE).- La Corte Suprema de Brasil dejó este miércoles al borde de la cárcel al primero de los acusados por la asonada del 8 de enero pasado, para quien el juez instructor propuso una pena de 17 años, aunque el revisor sugirió rebajar esa posible condena a solo dos años y seis meses.

El tribunal sentó en el banquillo a Aécio Lúcio Costa Pereira, el primero de los 1.390 acusados por el violento asalto de las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Supremo ocurrido ocho días después de la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Alexandre De Moraes, juez instructor, hizo una detallada exposición de lo ocurrido desde el 30 de octubre de 2022, cuando el progresista Lula derrotó en las urnas al exmandatario Jair Bolsonaro, líder de una ultraderecha radical que se negó a aceptar los resultados.

Citó bloqueos de carreteras que empezaron tras los comicios en protesta por el resultado y diversos atentados desvelados por las autoridades, y concluyó que todo desembocó en el 8 de enero, cuando una "turba movilizada por un odio irracional" intentó "llevar a las Fuerzas Armadas" a derrocar al Gobierno "legítimamente constituido".

Apoyado en vastas pruebas documentales, De Moraes dijo que "no hay dudas" sobre la "acentuada" responsabilidad de Costa Pereira en los delitos de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público.

Sugirió entonces una pena de 17 años de cárcel, que, según fuentes jurídicas, será respaldada por la mayoría de los otros diez miembros del tribunal, que han adelantado su convicción sobre la culpabilidad plena del imputado y la necesidad de un "castigo ejemplar".

La mayoría, pero no todos

El juez revisor del caso, Kassio Nunes Marques, un conservador que llegó a la corte en 2020 propuesto por Bolsonaro, dijo que "la violencia debe ser repudiada en forma vehemente", pero aseguró que no todos los manifestantes depredaron los edificios públicos.

Nunes Marques sostuvo que "hubo quienes no participaron de la destrucción y testigos que dijeron haber visto a muchos orando", en el hemiciclo del Senado, donde Costa Pereira fue detenido y grabó vídeos que publicó en sus redes sociales animando a los brasileños a apoyar un golpe "para expulsar al comunismo" del país.

En el caso de este primer acusado, dijo que "no existen pruebas" concretas sobre su "actuación vandálica" y desestimó la acusación de golpe de Estado, pues en su opinión "no llegó a configurarse", hasta porque no hubo "adhesión" de las Fuerzas Armadas al movimiento.

En ese marco, propuso condenar a Costa Pereira sólo por daño calificado y deterioro del patrimonio, delitos para los que sugirió una pena de dos años y seis meses de prisión.

No fue un domingo "en el parque"

En su voto, De Moraes también rechazó uno de los alegatos de la defensa de Costa Pereira, que negó que se hubiera producido un intento de golpe pues los "manifestantes" no estaban armados y además puso en duda la competencia del Supremo para juzgar esos hechos.

El abogado defensor Sebastião Coelho da Silva dijo que el proceso debía realizarse en un tribunal ordinario de primera instancia y no en la Corte Suprema, sobre la cual afirmó que es "ilegítima" para ese caso.

De Moraes atribuyó esa crítica al "terraplanismo oscuro" de quienes "se niegan a someterse a la justicia", que "no son más que unos extremistas" minoritarios entre la población, como fue "probado con las urnas" y el "repudio" de la sociedad al golpismo.

También aseguró que los ultras que asaltaron las sedes de los tres poderes "creen que el 8 de enero tuvimos una día de paz, que las personas llegaron a un parque e invadieron la Presidencia, el Parlamento y el Supremo" como si fuera "un domingo normal".

El juicio contra Costa Pereira continuará este jueves, cuando deberán votar los nueve jueces que aún no se pronunciaron.

Un vez dictada sentencia, el tribunal juzgará individualmente a otros tres acusados, igual que hará posteriormente con cada uno de los imputados, pues el derecho brasileño no contempla las llamadas "responsabilidades colectivas".

Eduardo Davis

(c) Agencia EFE