La Corte IDH evalúa el complejo caso de persecución a un partido político en Colombia

Agencia EFE
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San José, 8 feb (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó este lunes la audiencia por el complejo caso de graves violaciones a los derechos humanos a unos 6.000 miembros e integrantes del Partido Unión Patriótica en Colombia durante 20 años, ante lo cual, el Estado asegura que está aplicando un proceso de justicia transicional interno que debe respetarse.

Este proceso también es inédito en el sentido de que tanto el Estado como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron el caso a la Corte IDH ante una serie de diferencias en asuntos como la lista de víctimas, las medidas de reparación y la aplicación de la justicia transicional.

La demanda, presentada a la Corte en 2018 por la CIDH, afirma que "el caso se relaciona principalmente con un exterminio compuesto de múltiples y sucesivas violaciones al derecho a la vida, desapariciones forzadas y desplazamientos de particular gravedad y magnitud, y tiene un carácter emblemático en Colombia".

Estos hechos ocurrieron a partir de 1984 y durante al menos 20 años, contra unos 6.000 miembros o militantes de la Unión Patriótica (UP), quienes habrían sido víctimas de desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la complacencia de los otros.

LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS

En la audiencia de este lunes, los jueces escucharon el testimonio de la presidenta de la UP, Aída Avella, quien relató que sobrevivió a un atentado el 7 de mayo de 1996 y luego tuvo que vivir asilada en Suiza por 17 años, antes de regresar a Colombia donde siguió recibiendo amenazas.

Avella recordó las "épocas muy duras y difíciles" que vivieron los militantes e integrantes de la UP a partir de 1984 y puso como ejemplos numerosos atentados y diversos asesinatos de políticos, entre estos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo.

"Fue un genocidio sistemático, generalizado y dirigido a eliminar a personas militantes e integrantes de Unión Patriótica y diluir nuestra presencia mediante el asesinato", dijo.

Este lunes también declaró María Eugenia Guzmán, viuda de José Antequera, un líder fundador de Unión Patriótica que fue asesinado en 1989.

Guzmán aseveró que hubo una "matanza selectiva solamente por pertenecer a Unión Patriótica" y que todos los días había víctimas, y detalló que su esposo fue asesinado "delante de miles de personas por disparos de una ametralladora que dejó a más personas heridas".

La representación de la CIDH comentó durante la audiencia de este lunes que el Estado ha investigado algunos hechos denunciados en este caso, pero que la mayoría se encuentran en una etapa preliminar, por lo que existe un incumplimiento.

LA POSICIÓN DEL ESTADO

La agente del Estado colombiano, Juana Acosta, aseguró que Colombia reconoce y rechaza los hechos de violencia contra los miembros e integrantes de la UP y que las víctimas "merecen ser reconocidas", pero explicó que existen serias diferencias con lo planteado por la CIDH.

Acosta dijo que la violencia contra la UP es "uno de los episodios más dolorosos para la historia de Colombia" y que el Estado está llevando adelante un proceso de justicia transicional y de paz surgido del extenso conflicto armado interno del país.

La agente estatal dijo que la demanda de la CIDH incluye a 6.000 víctimas, de las cuales unas 3.000 no tienen registro de identidad.

"El Estado se opone a que un fallo ordene reparaciones individuales con estándares judiciales debido al manejo de la CIDH al universo de víctimas", expresó Acosta.

Otra discrepancia expresada por el Estado es la visión "maximalista" de la CIDH sobre el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables por cada uno de los hechos denunciados..

Según Acosta, esta postura de la CIDH haría "inviable el proceso de justicia transicional en Colombia" y además se aparta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Acosta afirmó que el Estado no pretende desconocer la gravedad de los hechos ni minimizar el número de víctimas.

La representante de la CIDH, Antonia Urrejola, calificó este caso como "de una magnitud y gravedad inusitada" al tratar de un "exterminio masivo", y afirmó que están debidamente acreditadas las 6.000 víctimas de la demanda.

Agregó que "el Estado no ha investigado de manera integral los patrones criminales de los autores y los móviles" y que existe una necesidad de aplicar reparaciones individuales y colectivas aun en el contexto de justicia transicional.

La audiencia ante la Corte IDH se extenderá hasta el próximo viernes.

(c) Agencia EFE