Corte de EU ordena reanudar el plan ‘Quédate en México’, ¿qué ocurrirá ahora?

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La Corte Suprema de EU rechazó la apelación presentada por el gobierno de Joe Biden contra la decisión de un juez de Texas que obliga a reanudar el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Se abren muchas incógnitas sobre cómo se gestionará el proceso de solicitud de asilo a partir de ahora. Por el momento, Acnur suspendió las inscripciones en su programa para permitir que personas que pidieron protección durante la presidencia de Donald Trump puedan ingresar a EU y fuentes de la OIM confirmaron que hoy, miércoles 25, no habrá cruces. Todavía hay mucha incertidumbre y falta por conocer el posicionamiento del gobierno mexicano.

¿Qué es el MPP o “Quédate en México”?

Se trata de una iniciativa impulsada por el expresidente Donald Trump y acordada con Andrés Manuel López Obrador por la que los solicitantes de asilo en EU debían esperar en México su cita con un juez. Estuvo en vigor entre 2019 y 2021 y afectó a unas 72 mil personas.

Muchas de ellas fueron víctimas de violencia al ser devueltas a ciudades peligrosas como Nuevo Laredo, Tijuana o Matamoros. Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, una de sus primeras decisiones fue poner fin al protocolo. Esa decisión es la que está impugnada ante un juez de Texas.

¿Qué es lo que los jueces decidieron exactamente?

Un juez de Texas atendió la demanda presentada por el Fiscal General de este estado, de mayoría republicana, y emitió una sentencia en la que obliga al gobierno de Biden a reanudar el “Quédate en México”. La demanda se presentó contra la fórmula administrativa empleada por la Casa Blanca para poner fin al plan de Trump, sin entrar en el fondo del asunto. Hay otras demandas presentadas por organizaciones de la sociedad civil que todavía se están litigando y que cuestionan la legalidad de expulsar a los solicitantes de asilo a México.

Tras la decisión del juez, la Casa Blanca apeló para suspender su aplicación mientras no exista un fallo definitivo. Ahora, la Corte Suprema ha descartado esa posibilidad, por lo que “Quédate en México” debe ser reimplantado al menos hasta que los jueces tengan una decisión concluyente.

Por eso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que lamentaba la sentencia, que “había apelado la orden del tribunal de distrito (de Texas) y que continuará impugnándola enérgicamente” pero que “a medida que continúe el proceso de apelación, cumplirá con la orden de buena fe”.

¿Qué va a ocurrir en la frontera?

Cuando Biden ordenó poner fin a “Quédate en México” también puso en marcha un plan para recibir a aquellas personas que quedaron expulsadas durante los dos años de programa. Con el apoyo de Acnur y OIM, desde el 19 de febrero cerca de 13 mil personas cruzaron la frontera para seguir su caso de asilo al interior de EU.

En un inicio se consideró que habría unas 26 mil personas con su caso abierto. Tras varios meses recibiendo a quienes esperaban su cita con el juez, en junio se inició una segunda fase en la que se ingresaba, tras un proceso con DHS, a personas que no acudieron a su audiencia por estar en México. Esta medida permitió poner fin a situación dramáticas como el campamento de Matamoros, a la orilla del Río Bravo, en el que se hacinaban cientos de solicitantes de asilo.

La primera consecuencia práctica es que este operativo queda en suspenso. Fuentes de la OIM señalaron que hoy, miércoles 25, la institución “no hará pruebas COVID ni acompañará a personas con casos bajo el programa de MPP” ya que están evaluando la situación en coordinación con los gobiernos de México y EU. Desde la noche del martes la página de Conecta, gestionada por Acnur, mantiene en suspenso la posibilidad de nuevas inscripciones.

Ahora hay que ver, y eso todavía no está claro, si los guardias fronterizos de EU comienzan a devolver a personas que cruzan irregularmente la frontera y solicitan asilo. Esto es complejo y tiene una aplicación limitada: actualmente, los mexicanos y centroamericanos que son detenidos como irregulares son inmediatamente devueltos en aplicación del Título 42, que es otra disposición de Trump que permite las expulsiones exprés bajo la excusa de la COVID-19.

Hay otras nacionalidades que no entran teóricamente en este programa y que estaban teniendo menos dificultades para entrar a EU y pedir asilo. Es el caso, por ejemplo, de los venezolanos, que en los últimos meses han cruzado a cientos atravesando Río Bravo por Ciudad Acuña, Coahuila. Estos, en teoría, podrían ahora ser devueltos en aplicación del MPP. Pero no sabemos qué es esa “buena fe” de la que habla DHS en su comunicado. Para su implementación, además, queda pendiente el visto bueno de México y que la Casa Blanca publique una orden explicando cómo se reactiva el programa.

¿México tiene algo que decir?

Ante el riesgo de que la Corte Suprema tomase esta decisión, organizaciones de la sociedad civil de EU y México pidieron al gobierno de López Obrador que no colabore con la reinstalación de MPP. Por su parte, el DHS dijo, tras conocer la noticia, que “junto con socios interinstitucionales, el DHS ha comenzado a participar con el Gobierno de México en discusiones diplomáticas” en torno a la reactivación del programa. Ambas posiciones dan a entender que México tiene capacidad de decisión. Sin embargo, el jefe de la diplomacia mexicana para América del Norte, Roberto Velasco, dijo en dos tuits que habian recibido la comunicación de Washington pero que el país “no es parte del proceso judicial, el cual trata sobre una medida unilateral estadounidense”. “En el transcurso del día de mañana intercambiaremos información sobre esta resolución para definir las consideraciones de México, basadas en el respeto a la soberanía y los derechos humanos”, dijo. Se trata de una posición calculadamente ambigua. Desde que Trump implementó el MPP, el gobierno de López Obrador ha manejado dos discursos en apariencia contradictorios: por un lado, que nada pueden hacer por ser expulsiones impuestas por Washington y, por otro, que México ha adoptado esta política migratoria con total soberanía. Si en el pasado no se rebeló, resulta difícil pensar que vaya a hacerlo ahora, así que las discusiones más estarían encaminadas al modo en el que se aplica de nuevo el programa.

Entonces, ¿ya no se puede pedir asilo en EU?

Actualmente la gran herramienta para desalentar las solicitudes de asilo no es el MPP sino el Título 42, que permite las devoluciones exprés bajo la excusa de la COVID-19. Este mecanismo lo inauguró Trump en marzo de 2020 y, hasta el momento, ha servido para llevar a cabo más de un millón de expulsiones sin dar opción a pedir refugio.

Esto no implica que se expulsara a un millón de personas, ya que al ser un sistema inmediato y sin consecuencias penales hay personas que tratan de cruzar en múltiples ocasiones. Como en la frontera se estaba generando una bolsa de personas que lo intentaban una y otra vez, EU inauguró en agosto el sistema de expulsiones en avión a ciudades del sur de México. Ahí, el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano termina el trabajo y devuelve a los migrantes a Guatemala. La aplicación del Título 42 y el cierre de la frontera para las peticiones de asilo, salvo en contadas excepciones, ha provocado que se levanten dos campamentos con familiares vulnerables que esperan cruzar: uno en Tijuana, Baja California, y otro en Reynosa, Tamaulipas.

“De conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los CDC, el DHS continúa expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentran en la frontera suroeste”, recordó el departamento de seguridad de EU. Ahora lo que podemos encontrar es una combinación entre MPP y Título 42 que nos lleve directamente a los peores tiempos de Trump.

Pero si Biden estaba en contra del MPP, ¿no puede frenar esta decisión?

El juez de Texas lo que anula es la forma en la que se suprimió MPP, sin entrar al fondo. Así que parecería lógico pensar que Biden podría rehacer su orden adecuándose a lo dispuesto por la corte. Sin embargo, no lo tiene fácil el presidente de EU. Desde que asumió el poder se dispararon las llegadas a la frontera. Aunque este es un fenómeno multifactorial (crisis post confinamiento, consecuencias de huracanes Eta y Iota, pobreza y violencia agravadas), desde el Partido Republicano y sus medios se impuso el discurso de que era culpa del nuevo presidente. Y este ha sido incapaz de armar una retórica alternativa.

Este año fiscal fueron arrestadas 845 mil personas en frontera, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés). Se trata de una cifra levemente superior a las casi 800 mil que se interceptó en 2019 en el mismo período. A ellos habría que sumarle aproximadamente un 25% de personas que intentan cruzar en varias ocasiones.

Habrá que ver si Biden quiere dar la batalla o, por el contrario, opta por apoyarse en la decisión de los jueces para permitir la reinstalación de MPP . También hay que ver de qué manera lo reanuda y qué quiere decir esa “buena fe” de la que habla DHS en su comunicado. Quedan muchas incógnitas y lo que ocurra en las fronteras se definirá estos días en una frenética agenda de contactos.

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