Para la corte, crimenes de dictadura son delitos comunes

Montevideo, 31 de mayo (Télam).- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo.

El pronunciamiento es respuesta a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la SCJ, que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 "homicidios muy especialmente agravados", informaron hoy medios de prensa locales.

Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, que había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de "desaparición forzada", considerados de lesa humanidad, consignó Ansa.

El fallo explica que al momento de los hechos, 1976, no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito.

De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-85) son ilícitos comunes, por lo que prescriben el 1 de noviembre próximo, considerando todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.

El Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, fracasó el 19 de mayo en la Cámara de Diputados en la aprobación de un proyecto que anulaba la Ley de Caducidad, que dio impunidad a policías y militares que violaron los derechos humanos.

Ese texto incorporaba la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y no computaba el período 1986-2011, en vigencia de la Caducidad, a efectos de postergar la prescripción de la mayoría de los casos.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (por la que se desiste de juzgar a asesinos y torturadores) fue aprobada en 1986 durante el primer gobierno tras la restauración democrática, y ratificada en 1989 y 2009 en sendos plebiscitos, aunque realizados en condiciones organizativas un tanto precarias.

La administración de Tabaré Vázquez (2005-2010) dio una nueva interpretación a la Caducidad, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen. (Télam)

jfp-dcj 31/05/2011 12:23

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