Corrupción: en 2021 se espera un solo juicio oral contra Cristina Kirchner, a pesar de los múltiples procesos avanzados en su contra

Hernán Cappiello
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Cristina Kirchner, defendida por Carlos Alberto Beraldi, tiene un único juicio oral en marcha, el caso Vialidad, donde resta que declaren unos 90 testigos, entre ellos Alberto Fernández y Sergio Massa
Fuente: Archivo

Si usted lector supone que 2021 será el año de los juicios por corrupción, vaya perdiendo las esperanzas. De todas las causas que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner, solo una, la única con audiencias en curso, es la que seguirá su trámite de manera oral. En el resto de los casos, se aleja la posibilidad de que los juicios comiencen en el año que se inicia, que estará marcado por las elecciones de medio término, donde el Gobierno pone en juego su liderazgo.

1.- Obra Pública. La causa conocida como de la obra pública, o Vialidad Nacional, es la que tiene previsto seguir en 2021 con las audiencias de juicio. Se realizan por Zoom dos veces por semana y allí la expresidenta comparte el banquillo con el empresario Lázaro Báez y el exministro Julio De Vido, entre otros.

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El juicio comenzó en mayo del año pasado. Cristina Kirchner fue indagada en diciembre, antes de asumir la vicepresidencia, en una audiencia donde a los gritos acusó al tribunal ser los jueces del lawfare. Les dijo a Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso que ellos ya la habían condenado, pero que la historia la había absuelto. El fiscal del caso es Diego Luciani. Hay disputa entre las partes acerca de si las evidencias hasta ahora alcanzan para robustecer las acusaciones o si, por el contrario, los cargos se deshilachan semana a semana.

Este juicio pende de un hilo y la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la espada para cortarlo. Pues Cristina Kirchner presentó nueve recursos que están a estudio del máximo tribunal. Cuestiona limitaciones en el ofrecimiento de pruebas, dice que faltan peritajes y hasta sostiene que su caso ya fue resuelto en el Sur. Si prospera alguno de estos recursos en la Corte, el juicio puede demorarse, suspenderse o hasta anularse.

En esta causa se investigan las presuntas irregularidades mediante las cuales se le concedieron a las empresas de Báez, entre 2003 y 2015, unos 52 contratos de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

2.- Hotesur y Los Sauces. Son los dos casos conectados con Vialidad Nacional donde Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, están en la lista de acusados y esperan fecha de inicio del juicio. Nada hace pensar que el proceso comience en 2021. Los trámites están en manos de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grunberg.

Aquí se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero efectuadas a través de contrataciones de habitaciones hoteleras a empresas de los Kirchner y del pago de alquileres de propiedades por parte de empresarios beneficiados en el gobierno kirchnerista anterior. En la Justicia argumentan que hay peritajes y pruebas pendientes. La Oficina Anticorrupción desistió de su rol como querellante. El juicio oral se posterga cada vez más, pues faltan recursos, los jueces están con otros juicios y hay peritajes que no se terminan. El caso Los Sauces fue enviado a juicio oral en octubre de 2018. Con los nuevos plazos, pasarían tres años hasta el comienzo del debate. Hotesur se sumó hace poco más de un año. El tribunal dispuso la realización de pruebas complementarias.

El mayor conflicto son los peritajes. El fiscal es Diego Velazco. Según la acusación de los fiscales que investigaron el caso en la etapa de la instrucción, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, Los Sauces adquirió propiedades que se usaron para legitimar el ingreso de dinero ilegal del grupo Báez y del grupo Indalo. Entre enero de 2009 y marzo de 2016, Los Sauces recibió por alquileres $6,8 millones de las firmas de Báez y $18,5 de empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Esos ingresos constituyeron el 88% de lo facturado en ese período.

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3.- Dólar futuro. En la causa contra Cristina Kirchner por la venta de dólar en el mercado de futuros cuando estaba por dejar su Gobierno, los trámites para iniciar el juicio oral están listos, pero surgió un impedimento de último momento. Los acusados pidieron el sobreseimiento sobre la base de un peritaje que concluyó que en el caso no hubo perjuicio para el patrimonio estatal. Pero el 21 de octubre pasado los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 rechazaron esa solicitud y el caso está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. Si convalida la acusación habrá juicio -aunque con pocos pronósticos de una condena- y si acepta los sobreseimientos, el proceso seguro se caerá y nunca tendrá lugar.

El actual titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, junto a un grupo de exdirectivos, como Alejandro Vanoli y Pedro Biscay, habían pedido el sobreseimiento. Los jueces José Michilini y Ricardo Basílico rechazaron el planteo y Adrián Grümberg votó en disidencia. La mayoría dijo que el sobreseimiento en esta instancia de la causa "podría ir en desmedro del derecho de defensa en juicio y de la garantía del debido proceso que asisten a los/as imputados/as que no adoptaran esa estrategia y han optado por enfrentar la acusación que se cierne sobre ellos en un amplio debate oral y público en el que tengan oportunidad de resistir esa imputación y mantener así´ su estado de inocencia". En minoría, Grümberg votó a favor de suspender el juicio oral. "Entiendo que ya no deviene necesario llevar a cabo el debate", dijo. Se basó en un peritaje reciente que determinó que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo para ser utilizado por el BCRA como "herramienta de control de la estabilidad monetaria y cambiaria del país". Los peritos también señalaron que si bien en septiembre y octubre de 2015 se incrementó el volumen de operaciones abiertas en un 83% -primero, de 10.000 millones a 15.000 millones; después, de 15.000 millones a 20.000 millones-, la decisión fue "resorte exclusivo del directorio del BCRA" y no se verificó vulneración a la normativa que rige las operaciones a término en 2015 y 2016. Añadieron también que los balances de 2015 y 2016 arrojan que no hubo pérdidas para Estado.

4.- Memorándum con Irán. Otra de las causas contra Cristina Kirchner elevada a juicio oral es aquella en que espera ser juzgada por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. En ese caso también la acusación tambalea y resta producir pruebas. El asunto está en manos del Tribual Oral Federal N° 8, que aún no le puso fecha al juicio. La causa se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman, antes de aparecer muerto, el 18 de enero de 2015, en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza. El fiscal aseguró que el memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la AMIA.

Los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michillini y Daniel Obligado están a cargo y el proceso está frenado por la controversia sobre la declaración de Ronald Noble, exjefe de Interpol en el momento de la denuncia. Noble dijo que las circulares rojas de Interpol nunca estuvieron en riesgo a pesar de la firma del pacto. Estas declaraciones son clave para las defensas porque entienden que con ellas se cae la acusación, pero Interpol señala que Noble tiene inmunidad y no puede declarar. Así las cosas, hasta que no se zanje esta discusión, no se puede avanzar con el resto de la producción de prueba para ponerle fecha al debate.

5.- Los cuadernos de las coimas. El caso madre, el más importante de todos los juicios por venir, es el de los cuadernos de la corrupción, que corre la misma suerte que el resto de los procesos. Allí Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudó fondos de manera ilegal entre empresarios para mantener sus contratos con el Estado.

Esa causa tuvo un espaldarazo importante este fin de año, cuando la Cámara de Casación convalidó la constitucionalidad de la ley del arrepentido y las declaraciones de los empresarios que admitieron haber pagado coimas y la de los funcionarios que reconocieron haberlas cobrado. Pero el caso no se espera que comience en 2021. Por la cantidad de imputados, unos 100, podría tratarse de uno de los juicios más gigantescos de la historia argentina. Eso impone limitaciones de capacidad de respuesta ante el centenar de planteos nulificantes que se avecina.

El caso está en manos del Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Ya hay allí decenas de planteos de las defensas, principalmente alrededor de las medidas cautelares vigentes (como prohibiciones para salir del país y embargos millonarios).

La cantidad de planteos presentados por los acusados es solo uno de los motivos que dilata el comienzo del juicio, ya que la resolución de esos planteos podría tomar todo el próximo año. Todavía no comenzó la etapa de instrucción suplementaria, período en el que las defensas de los acusados podrán pedir que se incorpore nueva prueba al expediente. Por ejemplo, los acusados pretenden peritar los cuadernos. Ni siquiera está claro si el juez Castelli podrá ser parte del juicio, pues fue trasladado a ese tribunal y la Corte dijo que puede permanecer allí mientras dure el proceso que inició para pelar por ese lugar.

La Corte tiene en sus manos cuestionamientos de los abogados, así que también su rol puede ser clave para determinar la fecha de inicio de este juicio, el más importante y voluminoso.