Unos correos electrónicos muestran cómo la industria de los pesticidas influyó en la postura de Estados Unidos en conversaciones sobre salud

El Departamento de Agricultura en Washington, el martes 4 de agosto de 2020. (Stefani Reynolds/The New York Times)
El Departamento de Agricultura en Washington, el martes 4 de agosto de 2020. (Stefani Reynolds/The New York Times)

Los correos electrónicos, dirigidos de un cabildero de la industria de los pesticidas a empleados del Departamento de Agricultura, expresaban alarma sobre los lineamientos que propuso una comisión especial de Naciones Unidas que trabaja para combatir el aumento de las infecciones resistentes a los fármacos que matan a miles de personas al año.

Ray S. McAllister, un funcionario de políticas en la asociación comercial CropLife America, instó a los funcionarios estadounidenses de agricultura a oponerse a todo esfuerzo que incluyera las palabras “cultivos” o “fungicidas” en los lineamientos: una postura que iría en contra del creciente consenso internacional en torno a la amenaza para la salud humana que representa el exceso de compuestos fungicidas pues contribuye a una resistencia a los fármacos y debería ser monitoreado.

“Quiero estar seguro de que estoy en lo correcto cuando supongo que este documento y los comentarios asociados no abordan el uso de fungicidas”, le escribió McAllister a un científico veterinario de la agencia que advirtió que esa postura iba a aislar a Estados Unidos.

McAllister se salió con la suya.

Cuando el Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos se reunió en Corea del Sur varios meses después, la delegación estadounidense insistió en que los lineamientos omitieran cualquier referencia a los fungicidas, una postura que enfureció a otros participantes y forzó una demora de meses en el trabajo del grupo.

Los correos electrónicos, escritos en 2018 y obtenidos gracias a una demanda que presentó el Centro para la Diversidad Biológica, una agrupación que defiende el medioambiente, brindan un vistazo tras bambalinas a la influencia que tiene la poderosa industria de los pesticidas en las decisiones sobre políticas que pueden afectar a miles de millones de personas en todo el planeta.

En un comunicado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) señaló que los intercambios de correos electrónicos eran simplemente una parte del proceso de la agencia para forjar su postura oficial.

“Cuando el USDA crea un documento técnico, es normal que le solicite información a la industria para comprender las prácticas actuales en Estados Unidos”, escribió la agencia.

Desde hace tiempo, los intereses comerciales han tenido una influencia enorme en las delegaciones estadounidenses que negocian las normas internacionales de la seguridad alimentaria, pero los defensores de la salud pública y la seguridad de los alimentos aseguran que el gobierno de Donald Trump ha expandido de una manera inmensa el acceso a los cabilderos de la industria, quienes están determinados a boicotear regulaciones y lineamientos que pudieran afectar sus balances.

“A partir de todo lo que hemos visto, queda claro que esta administración cree que desmantelar regulaciones y proteger las ganancias de la industria es más importante que proteger la salud pública”, opinó Nathan Donley, científico sénior del Centro para la Diversidad Biológica, organización que demandó al USDA después de que la agencia rechazó solicitudes para difundir los correos electrónicos conforme la Ley de Libertad de Información.

“Pero estos correos electrónicos demuestran que el Departamento de Agricultura no solo está solicitando su aportación”, señaló Donley. “Buscan su aprobación para determinar la postura del gobierno”.

Varios defensores de la salud y la seguridad alimentaria que han participado en el grupo de acción antimicrobiano durante los últimos cuatro años aseguraron que la agencia nunca había solicitado su aportación de manera directa ni tampoco les había dado la oportunidad de modificar la postura oficial del gobierno. También hicieron notar que los esfuerzos de Washington por mantener los fármacos fungicidas fuera de los documentos del grupo de acción contrastan con las políticas federales dirigidas a monitorear los impactos potenciales de esos fármacos en la salud humana.

“En esencia, Estados Unidos quiere normas internacionales débiles para que las empresas estadounidenses puedan exportar esos pesticidas con mayor facilidad”, comentó Steven Roach, analista sénior de Keep Antibiotics Working, una coalición de grupos defensores del consumidor y el medioambiente que buscan combatir el uso inapropiado de fármacos antimicrobianos en el suministro de alimentos. “Es malo para el mundo, pero es malo para Estados Unidos porque mucha de la comida que consumimos viene del extranjero”.

En su comunicado, el Departamento de Agricultura mencionó: “Estados Unidos apoya los programas mejorados de vigilancia y monitoreo de RAM en Estados Unidos y otros países, de conformidad con las prioridades de salud pública”.

Desde hace tiempo, los funcionarios del sector salud de Estados Unidos han reconocido los peligros del uso excesivo de los antimicrobianos en la agricultura. Al menos el 80 por ciento de todos los antibióticos importantes que se venden en Estados Unidos terminan en pienso para cerdos o rociado en naranjales, y los científicos están preocupados de que el inmenso uso de estos fármacos pueda fomentar la mutación y supervivencia de patógenos peligrosos. Las infecciones resistentes a los fármacos matan a más de 35.000 estadounidenses al año y enferman a casi 3 millones, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Con pocas medicinas nuevas en puerta, las Naciones Unidas consideran que las infecciones resistentes podrían cobrar la vida de 10 millones de personas a nivel mundial para 2050, una cifra que superaría las muertes por cáncer.

Aunque la investigación relacionada con los fungicidas agrícolas es menos amplia que el estudio de los antibióticos, los científicos aseguran que ya se está desarrollando la misma dinámica con los compuestos fungicidas que se rocían en verduras y flores. Los investigadores creen que el aumento de una infección pulmonar resistente a los fármacos llamada aspergilosis está asociada con los pesticidas, y muchos sospechan que están detrás del aumento del “Candida auris”, un hongo que produce una infección micótica mortal.

El presidente Trump ha hecho que el desdén por las regulaciones ambientales y de la seguridad alimentaria sea parte clave de su gobierno. El mandatario ha echado atrás o revocado más de 70 reglas relacionadas con el aire limpio, el agua y los químicos tóxicos, y ha puesto en marcha el retiro de Washington de la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de París.

Otras acciones han recibido menos atención pública, entre ellas una decisión para cambiar la manera en que Estados Unidos participa en la Comisión del Codex Alimentarius, o Codex, un proyecto conjunto de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que establece normas de calidad y de seguridad alimentaria cruciales para resolver las disputas comerciales.

Durante mucho tiempo, la división de salud pública del USDA había dirigido la oficina estadounidense del Codex, pero en 2017 el gobierno la cambió a una división comercial recién creada bajo la supervisión de Ted McKinney, un exejecutivo de Elanco, empresa farmacéutica veterinaria que vende antibióticos para el ganado.

La maniobra provocó la preocupación de la Administración de Alimentos y Medicamentos y enfureció a exfuncionarios del USDA, quienes señalaron que amenazaba con erosionar la postura de Washington como uno de los líderes mundiales en temas de seguridad alimentaria.

“La percepción, claro está, fue horrible”, opinó Brian Ronholm, un exsubsecretario de seguridad alimentaria del USDA que estuvo involucrado de cerca con el proceso del Codex.

A final de cuentas, Estados Unidos se opuso verbalmente a la vigilancia de los antimicrobianos, al citar una supuesta “falta de datos”. A pesar de la oposición generalizada de otros delegados, los funcionarios estadounidenses persistieron, y el resultado fue una especie de empate.

El borrador de los lineamientos incluía recomendaciones para monitorear la resistencia antimicrobiana en cultivos y el medioambiente, pero la definición de “agente antimicrobiano” omitía cualquier mención de los fármacos fungicidas.

Los lineamientos finales están programados para su publicación a inicios del próximo año.

This article originally appeared in The New York Times.

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