La 'coronaparty' que terminó con un grupo de millennials fichados por la policía venezolana

Sol, arena, mar y… coronavirus. Dos fiestas privadas desataron un escándalo en Venezuela por compartir un cóctel explosivo que mezcla corrupción, política, abuso de poder y Covid-19.

Al mejor estilo de los presentadores de programas de chismes, Nicolás Maduro deslizó el 20 de marzo la información sin ofrecer mayores detalles. “Por ahí hubo una fiesta en un lugar, en una isla, y prácticamente todas las personas que estuvieron en esa fiesta están dando positivo”, asomó el líder del régimen chavista, atizando toda clase de rumores en las redes sociales.

Pronto reporteros y medios independientes se apuraron para completar la historia de la ahora llamada “Coronavirus Party”. Según estas versiones, la rumba se celebró en el paradisíaco y exclusivo archipiélago de Los Roques, parque nacional ubicado en el mar Caribe, y en ella habrían participado cantantes de reguetón de la escena local tras la grabación del videoclip de una canción titulada “Perreo Sin Tabú”.

Las notas destacan que entre los asistentes a la “Coronavirus Party” se encontraba “El Duke”, no tan famoso por su música como por el hecho de ser hijo del contralor general de la revolución chavista, Elvis Amoroso. “Que si tengo, que si fui, que si soy, que si frinchi, que si frao. Mámenlo, chismosos. Aprovechen la cuarentena y pónganse a hacer oficios”, respondió “El Duke” a las críticas a través de su cuenta en Instagram.

Hasta el sábado 4 de marzo, el régimen chavista admitía la existencia de 155 casos de coronavirus en Venezuela. Con apenas 40,61 kilómetros cuadrados y poco más de 3.100 habitantes, Los Roques registran cuatro contagiados, la misma cantidad que reporta Zulia, el estado más poblado del país con 6,8 millones de residentes.

Demasiado flow

No se había apagado aún el ruido de la parranda de los reguetoneros, cuando surgió otro espectáculo en plena cuarentena. En principio, parecía la tremendura de un grupo de muchachos hastiados del distanciamiento social. Pero luego esta juerga, que tuvo lugar en el municipio más rico de Caracas, sirvió para destapar las miserias del régimen chavista.

“Ayer (30 de marzo) detuvimos a 14 personas -fueron 18 en total- en una fiesta en Altamira, fueron denunciados por sus propios vecinos, y cuando entramos había dos casos positivos de coronavirus que estaban en sus casas recetados para su recuperación. Fueron detenidos todos y la Fiscalía los va a acusar, esto es terrorismo biológico”, bramó Maduro.

Al margen de la rocambolesca imputación, otro elemento concentró la atención de los venezolanos: el anfitrión de esta fiesta, Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla, ya había sido señalado por el Ministerio Público en noviembre de 2018 por pertenecer a una red que se benefició de los dólares preferenciales otorgados por la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), quizás el mayor símbolo de la corrupción chavista.

En el video que recoge el momento de su detención, se ve que Echenagucia Vallenilla, de 45 años, llama “sapos” a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y amenaza con llamar por teléfono al fiscal general chavista, Tarek William Saab, para que dejen de grabarlo.

El propio Saab informó los nuevos cargos contra este viejo conocido de los tribunales oficialistas: porte ilícito de arma de fuego, posesión de sustancias psicotrópicas, alteración del orden público, resistencia a la autoridad y violación del Decreto Presidencial 6.519 que declara el Estado de Alarma por la Covid-19.

Teniendo en cuenta los antecedentes, José Gregorio Vielma Mora, directivo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), alertó que Echenagucia y sus socios “dicen que van a salir nuevamente” para fugarse hacia Panamá. “¿Los vamos a dejar?”, se preguntó Vielma Mora, quien vinculó a estos individuos con las irregularidades en las importaciones de los CLAP, programa creado por Maduro para vender alimentos a precios subsidiados a la población.

Aunque parezca increíble, ambos convites están relacionados. Citando un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana, el diario chavista Últimas Noticias afirma que los 18 detenidos en Caracas, “estuvieron también en una celebración desarrollada en Los Roques”.

Todos invitados

Mientras avanza el proceso penal, ya todos los involucrados han sido condenados ante la opinión pública. Las autoridades, encabezadas por Maduro, han difundido en las redes los rostros cubiertos con tapabocas y los datos personales de cada uno de los implicados.

El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, explica que en este caso se ha violado el artículo 60 de la Constitución venezolana, que establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”. Agrega que el artículo 44, referido a la libertad personal, apunta que “no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes”.

Daniels subraya que existe una “gran diferencia” entre imponer una sanción por violar la cuarentena, y exponer al escarnio público a estos ciudadanos. “Castigan a estas personas estigmatizándolas”, cuestiona el activista de Derechos Humanos, al subrayar que no solo se han difundido sus nombres sino también su condición de portadores del coronavirus.

En las redes sociales se montó un aquelarre. Allí han corrido como la pólvora videos, imágenes y hasta un audio que identifica a los caídos en desgracia como los grandes protagonistas de una novela marcada por infidelidades, “prepagos” (prostitutas), “enchufados” (corruptos del régimen) y coronavirus.

Maduro anunció la “radicalización” de la cuarentena y ha exigido a la población disciplina. “Cuando digo radicalizar es hacerla más efectiva, es mejorar la cuarentena, ampliar el distanciamiento social, cumplir todas las medidas. ¡Nadie puede andar en la calle sin tapabocas! Eso es radicalizar la cuarentena. ¡Nadie es nadie!”, ha enfatizado el líder chavista.

Después de la rumba, viene la resaca. Ahora todos están detenidos en hospitales o en sus casas. Más que radical, su cuarentena es policial, ordenada por los tribunales y custodiada por los cuerpos de seguridad del Estado. Así llegó a su fin esta fiesta inolvidable.

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