El sistema de salud pública entregó, y luego retiró de manera discreta, 276.890 cajas de anticonceptivos potencialmente defectuosos. Al menos 140 mujeres creen que quedaron embarazadas debido a ese error. Tenía que ser un error, pensó Melanie Riffo, mirando con incredulidad el resultado de su prueba de embarazo: positivo. Había tomado sus píldoras anticonceptivas sin falta, dijo Riffo. Ella y su novio tuvieron cuidado. Incluso los médicos le habían dicho a su pareja que una dolencia infantil podría haberlo dejado infértil. “No entendía nada”, dijo Riffo, de 20 años, sobre la prueba que se hizo en septiembre. “Habíamos tomado todos los resguardos que se supone que debes de tomar”. En todo el territorio chileno, decenas de mujeres como Riffo dicen que quedaron embarazadas el año pasado después de tomar alguna de las 276.890 cajas de anticonceptivos orales que fueron provistas por el sistema de salud pública, y que luego fueron recogidas de manera discreta debido a una serie de defectos que disminuían sus efectos. El hecho de que el gobierno chileno no advirtiera a las mujeres sobre los defectos en las píldoras fue un descuido sorprendente que provocó al menos 140 embarazos no deseados, según afirman activistas de derechos reproductivos. “Nunca vimos fallas de una forma tan sistemática y que persistieran durante tanto tiempo como el caso de Chile, con consecuencias tan graves”, dijo Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva del Centro de Igualdad de la Mujer, que monitorea los derechos reproductivos en América Latina. Riffo, quien trabaja como cajera en un restaurante de sushi en la ciudad de Chillán, no había escuchado nada sobre las pastillas defectuosas. Vive con su madre, que tiene cáncer, y solo llevaba seis meses con su pareja. La idea de traer un niño a su vida le causó pánico. “No termino una carrera, no tengo nada estable, un hogar donde esté seguro”, dijo sobre el bebé. Pero al no tener una opción legal —en Chile el aborto está permitido en casos limitados, incluida la violación o un peligro para la vida de la madre— dijo que tendrá al niño. El caso de las píldoras defectuosas, exacerbado por la respuesta superficial del gobierno chileno, ha puesto de manifiesto el debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres y el acceso al aborto en un año políticamente decisivo, cuando Chile reformará su sistema político. En abril, los votantes seleccionarán a los miembros de la asamblea que redactará una nueva Constitución y en noviembre votarán por un nuevo Congreso y un presidente, en sustitución del conservador e impopular Sebastián Piñera. “Acá hay un responsable, el estado de Chile, por haber entregado anticonceptivos defectuosos al sistema de salud pública”, dijo Claudia Mix, diputada de la oposición. “No puede ser que el estado se lave las manos”. Después de que Argentina legalizó el aborto en enero, convirtiéndose en el país más grande de América Latina en hacerlo, las legisladoras chilenas presentaron un proyecto de ley para despenalizar el procedimiento. Los legisladores que apoyan esa iniciativa tienen la intención de impulsar un mayor acceso a los abortos después de que se elija a un nuevo presidente en noviembre. El control de la natalidad se ha vuelto cada vez más accesible en América Latina y países con sistemas de salud pública de calidad, como Chile, los brindan como parte de la atención de rutina. Los primeros indicios de un problema con las píldoras anticonceptivas surgieron poco después de que Chile impusiera, en marzo del año pasado, uno de los cierres por coronavirus más estrictos del mundo. Representantes de Corporación Miles, una organización de derechos reproductivos en Santiago, la capital, comenzaron a llamar a los trabajadores de la salud pública de todo el país para determinar si las medidas de cuarentena y los obstáculos de la cadena de suministro global estaban afectando la disponibilidad de anticonceptivos. Oyeron un rumor: que las píldoras anticonceptivas que distribuía el gobierno eran defectuosas, dijo Javiera Canales, directora ejecutiva de Miles. Después de que Miles presentara una investigación formal a los funcionarios del gobierno, el Ministerio de Salud emitióel 24 de agosto una orden para retirar del mercado 139.160 cajas de píldoras anticonceptivas vendidas con el nombre de Anulette CD, que son producidas porSilesia yAndrómaco, dos compañías chilenas que pertenecen a Grünenthal, la empresa farmacéutica alemana. El problema, según el Ministerio de Sanidad y Silesia, no eran las pastillas, sino las cajas. Como muchas otras píldoras anticonceptivas orales, los paquetes de Anulette CD incluyen 21 píldoras activas, que son amarillas, y siete píldoras placebo azules, que deben tomarse durante el tiempo que la usuaria está menstruando. Un número indeterminado de cajas incluía píldoras de placebo en las ranuras activas y viceversa, según la alerta. Una semana después del retiro inicial, el Ministerio de Salud ordenó un segundo retiro de 137.730 paquetes de CD Anulette adicionales. La segunda alerta especificaba que algunos de los paquetes tenían píldoras rotas o faltantes. Los retiros, emitidos en medio del brote severo de coronavirus y en un sitio web del gobierno que el público generalmente no consulta, generaron una escasa cobertura noticiosa. El gobierno no celebró una conferencia de prensa ni desarrolló un plan para advertir a las mujeres que usaron los anticonceptivos que fueron retirados del mercado. Marlisett Guisel Rain Rain, de 37 años, madre de tres hijos, estaba tomando las pastillas cuando se enteró de que estaba embarazada. La noticia llegó en un momento difícil: se separaba de su esposo y comenzaba el tercer año de una licenciatura en administración pública. “La verdad que para mí fue muy difícil aceptar lo del embarazo”, dijo Rain Rain. “Estaba estudiando, no tenía un lugar estable donde estar”, Rain Rain dijo que nunca pensó en practicarse un aborto. “Por miedo, quizás”, dijo. Pero el embarazo no planeado fue un golpe. “Creo que nadie dimensiona lo difícil que es para una mujer que no está preparada para ser mamá”, dijo. “Debes rearmarte completamente”. La empresa fabricante dijo en una declaración enviada por correo electrónico que los anticonceptivos que produjo el año pasado eran efectivos, pero un fallo de producción hizo que algunas píldoras “se movieran durante el proceso de sellado”, lo que resultó en cavidades vacías y tabletas perdidas. También dijo que los trabajadores de la salud que distribuyen las píldoras podían “identificar visualmente cualquier anomalía antes de entregar” las cajas a las usuarias. El fabricante dijo que “no había recibido ningún reporte de embarazo” relacionado con los anticonceptivos retirados del mercado y que las píldoras modernas no son infalibles: “Estadísticamente se espera que tres de cada 1000 mujeres que toman un anticonceptivo oral combinado, incluso en circunstancias ideales, queden embarazadas”. El gobierno chileno anunció que había impuesto una multa de aproximadamente 92.000 dólares al fabricante por “problemas de calidad” identificados en los anticonceptivos. Las compañías siguen siendo el principal proveedor de píldoras anticonceptivas del gobierno. Mix, la diputada de la oposición, dijo que ella y un grupo de colegas habían exigido un informe del gobierno para saber exactamente qué salió mal. Aún no han recibido respuesta. Miles, el grupo de derechos reproductivos que identificó a las 140 mujeres que creen que quedaron embarazadas mientras tomaban anticonceptivos defectuosos, planea demandar al gobierno y a las compañías que fabrican las píldoras en las próximas semanas. “Violaron en definitiva el derecho que tiene una mujer a elegir cuándo tener un hijo”, dijo Canales. Los activistas de derechos reproductivos esperan que el caso impulse el movimiento para ampliar el acceso al aborto en Chile, que tenía una prohibición absoluta de interrumpir embarazos hasta 2017. Independientemente de cómo se desarrolle ese debate, Riffo dijo que el gobierno tiene la responsabilidad de ayudarla a ella y a otras mujeres embarazadas que estaban recibiendo anticonceptivos en los centros gubernamentales. “Que nos apoyen con la educación del niño, que es súper cara”, dijo. A medida que su abdomen ha crecido en las últimas semanas, Riffo dijo que ha luchado contra la depresión y la ansiedad que han sido lo suficientemente severas como para que los médicos le prescriban medicamentos y se haya ausentado de su trabajo. La parte más difícil, dijo, es temer un momento con el que sueñan muchas madres embarazadas. “No lo espero como quizás me hubiese gustado esperarlo”, dijo. “Y eso igual me hace sentir súper mal”. Ernesto Londoño es el jefe de la corresponsalía de Brasil, con sede en Río de Janeiro. Antes fue escritor parte del Comité Editorial y, antes de unirse a The New York Times, era reportero en The Washington Post. @londonoe This article originally appeared in The New York Times. © 2021 The New York Times Company
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