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Coronavirus: Ceden vehículos incautados a narcos para el operativo sanitario en Mar del Plata

MAR DEL PLATA. La Justicia dispuso que 26 vehículos secuestrados en el marco de un operativo con el que se desarticuló una banda de narcotraficantes sean cedidos al municipio de General Pueyrredón para su utilización en el despliegue que requiere en el distrito la atención y servicios por la pandemia de coronavirus.

El juez federal Santiago Inchausti firmó la resolución en sintonía con el planteo presentado por el fiscal general federal de Mar del Plata, Daniel Adler, para que se les dé a estas unidades un uso apropiado para atender necesidades de la comunidad en el contexto del operativo sanitario para prevenir el Covid-19.

"Entiendo que el uso y puesta en funcionamiento de los vehículos, a condición de ser debidamente asegurados, permitirían su mejor conservación, a la par de ser utilizados para un fin social noble, útil y de interés público", destacó Adler, para ratificar un camino ya marcado por la Procuración General de la Nación (PGN), que ya ha avalado decisiones similares para que activos recuperados del ámbito del delito sean aplicados favorecer los intereses de la sociedad.

En el mismo sentido había resuelto hace una semana la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que puso a disposición del gobierno de Salta dos hoteles que habían sido incautados en el curso de una causa por lavado de dinero del narcotráfico contra el clan Loza, y que desde entonces se destinan a alojar a no residentes de la provincia que deben cumplir cuarentena por coronavirus.

El intendente local, Guillermo Montenegro, había recurrido a la Justicia para plantear la posibilidad de disponer de unidades secuestradas en causas judiciales para afectarlas a contingencias asistenciales en el marco de la actual pandemia.

"Desde el día que solicitamos la emergencia sanitaria pensamos en qué recursos podrían ser útiles para afrontar esta pandemia, y agradezco que desde la Justicia hayan avanzado en esta gestión", dijo Montenegro a LA NACION.

Así, el municipio, en calidad de depositario judicial, recibió autos, camionetas y camiones que son parte de los 310 vehículos incautados en la causa Nº FMP 32006228/13. Aquel caso comenzó con la detención y posterior condena de Juan Manuel Mariscal, a quien se lo interceptó cuando trasladaba por la autovía 2 un cargamento de 165 kilos de cocaína.

A partir de ese procedimiento se amplió la investigación y se llegó a determinar, según surge de la investigación, que aquella droga era parte de los movimientos de una red que encabezaba Hugo Alberto "Coco" Esteban, también procesado por intentar trasladar casi 3 toneladas de marihuana a Mar del Plata.

Los allanamientos derivados de la investigación permitieron dar con estos rodados que, sin la debida documentación, acopiaba la organización a partir de sus negocios ilícitos. Al no existir prueba del origen de los fondos con los que habían sido adquiridos, la Justicia avanzó más allá de la causa por narcotráfico y apuntó a maniobras de lavado de activos.

En el mismo dictamen, el juez Inchausti decidió ceder otros ocho vehículos para que sean utilizados por la Policía Federal Argentina en tareas de seguridad. Se trata de rodados asociados a una causa por narcocriminalidad en la que el decomiso preventivo de esas unidades ya fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Aquel pedido original de Montenegro fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la debida notificación a la Procuración General de la Nación. El máximo tribunal dio el visto bueno para que se ordene la entrega provisoria de estos vehículos para que queden al servicio de la comuna de General Pueyrredón, siempre afectados a la cuestión sanitaria y de seguridad.

"Esta decisión de la Justicia es valiosa porque son recursos que fueron recuperados del crimen organizado, y que hoy vuelvan al servicio de los vecinos es muy importante", afirmó el intendente.

La resolución deja en claro que estas unidades deben ser utilizadas para servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales, entre ellos el traslado de personas.

En carácter de depositario judicial, el municipio debe hacerse cargo del cuidado y el mantenimiento de los vehículos, patentamiento y las responsabilidades por su uso.