Coronavirus en la Argentina: Juntos por el Cambio presentó un proyecto que alivia la situación de los inquilinos y propietarios de comercios

Laura Serra

Los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presentaron un proyecto de ley que procura aliviar la situación económica de los inquilinos y propietarios de locales comerciales afectados por la parálisis que provoca el aislamiento obligatorio.

La iniciativa, elaborada por Ritondo y que acompañan los diputados Luciano Laspina (Pro) y Luis Pastori (UCR) -ambos miembros de la Comisión de Presupuesto-, dispone que en virtud de la declaración del aislamiento obligatorio, la situación de estos inquilinos y propietarios de locales comerciales queden comprendidos dentro del artículo 1203 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que si "por caso fortuito o fuerza mayor" el comerciante inquilino se ve impedido de usar su local tiene dos opciones: o bien la rescisión del contrato o la suspensión del pago del alquiler por el tiempo que dure -en este caso- la cuarentena.

En lo que respecta al propietario, el proyecto de ley propone que éste pueda deducir del impuesto a las Ganancias hasta el 100% del valor locativo del inmueble no ingresado en el ejercicio fiscal del corriente año, en la medida que no haya pactado una refinanciación de dicho valor con un 30% adicional en carácter de deducción especial.

El proyecto aclara que el propietario, en caso de pactar una refinanciación, el valor locativo se considerará devengado en el ejercicio y la deducción a computar será de hasta el 30% de ese valor. En ambos casos, la deducción procede hasta el límite de los ingresos gravados correspondientes al inmueble.

"Si bien en muchos casos el locador y locatario han arribado a acuerdos privados para resolver esta situación haciendo uso del artículo 1203 del Código Civil y Comercial, se hace necesario declarar como de público y notorio el estado de fuerza mayor a fin de evitar una innecesaria generación de procesos judiciales", argumentaron los legisladores.