Coronavirus en la Argentina. El incómodo equilibrio entre la salud y la economía

Nicolás Balinotti

Alberto Fernández camina entre el abismo económico y sanitario. El delicado equilibrio lleva ya más de la mitad de lo que transcurrió de su mandato. La hoja de ruta que trazó el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa parece forzosamente archivada por el coronavirus y la gestión presidencial se reduce desde entonces a intentar resolver el incómodo dilema entre la vida y la economía.

"Entre la salud y la economía priorizo la salud", dijo Fernández en un mantra de sentido común durante varias intervenciones a lo largo de los cien días de aislamiento. Como lo hizo en marzo, cuando comenzó el confinamiento, pero también en abril y mayo, el Presidente reforzó hoy ese mensaje con una dosis de dramatismo: precisó muertes, contagiados y hasta la ocupación de las camas de terapia intensiva. Se viene lo peor.

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"Es el único remedio. No estoy enamorado de la cuarentena, estoy enamorado de la vida. Sé que tiene consecuencias económicas, pero está afectando al mundo por igual. El problema es la pandemia", intentó calmar a los críticos. Justificó la decisión al comparar la caída del PBI de la Argentina que proyecta el Fondo Monetario Internacional con la de otros países.

Tal vez a las puertas del momento más crítico de la pandemia, el Gobierno comenzó a sentir el desgaste de algunos aliados que insinúan con bajarse del barco. O, al menos, a plantear en voz alta dificultades y exigir un cambio de rumbo. Es lo que sucede con varios sindicalistas que ya no callan su descontento y advierten cierta improvisación oficial. Los gremios no son un actor de reparto en la arquitectura de poder que imaginó Fernández. Junto con los gobernadores peronistas, el sindicalismo clásico es la base de su respaldo desde que Cristina Kirchner lo ungió como su candidato para desbancar a Mauricio Macri. Lo pensó como contra peso a La Cámpora, aseguran un mandatario provincial del norte y un dirigente de CGT de su máxima confianza.

El acuerdo de precios y salarios que hubiera marcado los primeros 180 días de la gestión ya es historia. Manda hoy la supervivencia laboral. Ni siquiera el blindaje al empleo con la doble indemnización logra contener la sangría. Las bajas se producen en el sector privado, en el mixto y en el público. A veces se concretan por dosis homeopáticas, pero otras son masivas, como ocurrió con las 1450 cesantías de Techint al inicio de la cuarentena o el miércoles pasado con los 700 albañiles que fueron relegados por la empresa UCSA en una obra vinculada al tendido ferroviario del Belgrano Cargas en Salta. Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, le factura al Gobierno las 200.000 bajas laborales en la construcción.

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En junio el calendario de las paritarias habitualmente está a más de medio camino, con los acuerdos salariales que involucran a los gremios más fuertes cerrados y encaminados. Hoy las negociaciones están frenadas y en muchos casos se pactan suspensiones con recortes salariales de hasta un 25 por ciento, avaladas por el Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni. "No estamos muriendo económicamente, no de coronavirus", planteó el gastronómico Luis Barrionuevo, resignado al cierre de hoteles y restaurantes. No se salvan de la guadaña ni siquiera las actividades cuyo músculo productivo no se detuvo por la pandemia.

En este contexto de depresión, Hugo Moyano reabrió su paritaria con por ahora una llamativa mesura. Lo que resuelvan los camioneros podría servir de referencia para los otros rubros que se mantuvieron de pie en la cuarentena. Ya sea con un pago a cuenta, un aumento porcentual a corto plazo o una modificación que represente un alivio en lo relativo al impuesto a las Ganancias. En el Gobierno temen que algún coletazo de esa negociación agite su vínculo con los Moyano.

Alberto Fernández y Hugo Moyano

Alimentó el malestar sindical la decisión del Gobierno, en su rol de empleador, de pagar el medio aguinaldo en cuotas para los estatales nacionales. En la CGT consideran que al anticipar su maniobra, Fernández habilitó a las provincias, al Poder Judicial y al sector privado a imitar su metodología. Se produjo un inevitable efecto dominó que empujó hasta los dirigentes más oficialistas a hacer público su rechazo. Se quejaron desde el bancario Sergio Palazzo hasta Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN. Rodríguez tiene además otro conflicto en ebullición.

Aceptó a disgusto un cuarto intermedio en la paritaria a partir de una promesa de Moroni. El ministro de Trabajo le garantizó un gradual pase a planta permanente de aquellos contratos con mayor antigüedad. ¿Cuántos serían? No surgieron cifras, pero hay un dato que explica las razones de la pulseada: de las 65.000 personas que formarían parte del Sistema Nacional de Empleo Público en la administración central, unas 40.000 estarían con contratos transitorios, según precisan en UPCN, el gremio mayoritario en la Nación.

Salto en la emisión monetaria

Desde su llegada al poder, Fernández emitió 1,29 billones de pesos, entre transferencias de utilidades y adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, según registros oficiales. "Darle a la maquinita" de billetes, como aconsejó el año pasado el colectivero Roberto Fernández, puede traer sus riesgos inflacionarios cuando la economía doméstica por fin se reactive. Con la actividad paralizada y con las consecuencias inimaginables que dejará la pandemia, las consultoras privadas proyectan hoy una inflación anual por encima de 40%.

La caja estatal dio recientemente algunas muestras de retracción y encendió alarmas. En paralelo al congelamiento de la paritaria del personal de la administración pública y el pago del medio aguinaldo en cuotas, el Gobierno evalúa limitar a partir del mes próximo el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el que el Estado se hace cargo de la mitad del salario de los trabajadores de firmas en crisis. También revisa con lupa la base de datos de los nueve millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Hace cuatro días escribió Maia Jastreblansky en LA NACION que hasta ahora el ATP demandó un gasto de unos $45.000 millones por mes y el IFE de unos $180.000 millones en 60 días.

¿Podrá el Estado seguir haciendo frente a estos pagos? En la CGT, donde muchos comulgan con la receta de la emisión a destajo que aconsejó vanidosamente Roberto Fernández, varios dirigentes comienzan a detectar un problema con el uso de la maquinita de billetes. "Se les está complicando", diagnosticó un avezado sindicalista que hasta hace unos meses hablaba del Gobierno como si fuera propio y que ahora comenzó a tomar distancia. No es el único que se aleja.