Coronavirus en la Argentina: Dudas sobre la vacuna, el efecto menos deseado de la comunicación oficial en pandemia

Fabiola Czubaj
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"¿Te darías la vacuna de Covid?" La pregunta se volvió casi un debate nacional en las últimas semanas potenciado por el anuncio de la llegada de millones de dosis rusas a fin de año. Con un 95,8% de la población que considera que es seguro vacunarse, de acuerdo con un índice presentado el año pasado, se activó lo que debe ser una alerta temprana: la desconfianza o las dudas en plena emergencia tras una decisión sanitaria se volvió el efecto menos deseado de la comunicación oficial.

"La selección será científica y, a la vez, geopolítica", dijo el ministro Ginés González García hace una semana y se intentó mantener en reserva el viaje de una comitiva oficial a Rusia. "No preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna", tuvo que aclarar el presidente Alberto Fernández. "En la decisión de evaluar vacunas no existe la geopolítica, sino la evaluación de la seguridad y la eficacia", intentó enmendar, en las últimas horas, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

Lo cierto es que la comitiva, que había viajado a Moscú por una semana el 17 de octubre, volvió sin formalizar acuerdos de compra con ese país porque aún faltaba que el Congreso aprobara el marco jurídico para hacerlo, aclararon desde el Ejecutivo a LA NACION el lunes pasado tras el anuncio presidencial. Y explicaron que, como con el resto de las vacunas en carrera, se esperará la revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las aprobaciones regulatorias.

Como ocurrió con el pronóstico de cuándo llegaría el pico de contagios en el país, la promesa de una vacuna para Covid-19 se fue estirando en el tiempo tanto como la cuarentena. Se lanzaron ensayos clínicos locales y se proclamó la producción nacional con distribución de dosis vía México desde la Casa Rosada, se blindó por ley a los laboratorios productores y se le puso fecha en el Ministerio de Salud nacional a un plan de inmunización "masiva y obligatoria". El temor a que el sistema sanitario y la economía no resistan una nueva ola de contagios como en Europa y Estados Unidos preocupa en los despachos oficiales.

"Ninguna vacuna contra el coronavirus será obligatoria", también intentó corregir la funcionaria de confianza de González García al propio ministro. "Cuando se dice que es obligatoria suena un poco agresivo", reflexionó en diálogo con los medios estos días.

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Lo cierto es que la ley 27491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación que se sancionó hace dos años establece que "las vacunas del Calendario Nacional, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, son obligatorias para todos los habitantes del país conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación".

En diciembre pasado, la Fundación Bunge y Born presentó los resultados del Índice de Confianza y Acceso a Vacunas (ICAV), a partir de una muestra de 7000 personas representativa de la población mayor de 15 años del país, donde el 85,9% se vacuna en hospitales o centros públicos y el 14,1%, en centros o vacunatorios privados.

"Según el índice ICAV, el estudio que realizamos en 2019, la población tiene un elevado nivel de confianza en relación con las vacunas: alrededor del 96% de las personas considera que son seguras y el 93,69% que son efectivas; es decir, nuestra población confía en la protección que brindan las vacunas para evitar contagios", detalla Alejandra Candia, directora de Proyectos de Educación, Salud e Innovación Social en la fundación.

El Proyecto de Confianza en las Vacunas (VCP, por su nombre en inglés), una iniciativa internacional de referencia para la OMS que dirige la antropóloga Heidi Larson, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, informó resultados de 2016-2017: en la Argentina, el 98% confiaba en la vacunación y apenas un 2% alegaba estar en desacuerdo con las vacunas porque no las considera efectivas o, incluso, seguras.

El VCP reveló hace dos semanas, que el 71,5% "muy probablemente" o "con cierta posibilidad" se vacunaría contra Covid-19, de acuerdo con un sondeo global en junio pasado. En dos encuestas en el país, con entre 450 y 1800 participantes, que se difundieron esta semana, los números varían. Mientras que la del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano encontró que un 38% aceptaría estar entre los primeros en recibirlas, un 45% preferiría esperar un tiempo. En el trabajo de la consultora Opinaia en tanto, un 56% dice que se vacunaría contra el nuevo coronavirus si se aprobara alguna en las próximas semanas, aunque a poco más de un tercio de ese grupo (37%) aún no le genera confianza ninguna, según publicó LA NACION.

Silencios oficiales y desinformación

Hace 11 años, cuando a Federico Tobar, especialista en gestión sanitaria, le tocó relevar la comunicación durante la pandemia de gripe A H1N1, argumentó: "Los silencios y la desinformación pueden resultar tan contraproducentes como la exageración de las posibles consecuencias".

Al plantearle el mismo ejercicio con la pandemia de Covid-19, Tobar, asesor regional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por su nombre en inglés), afirma: "Ahora, encuentro que los gobiernos se mueven de un extremo a otro del péndulo. Desde los que dicen muy poco hasta los que hablan demasiado. Cuando informan poco, deslegitiman la conducción de la pandemia y, cuando sobreinforman, corren riesgos muy altos de contradecirse y ser sometidos luego «al archivo». Porque se sabe muy poco de la pandemia y de cómo combatirla".

Por esto, considera "imprescindibles" el trabajo entre los países para garantizar la seguridad y la eficacia de las vacunas y los medicamentos para Covid-19. "Pero, mi impresión, es que prevalece el interés político, ya sea en las disputas entre Rusia, China y Estados Unidos. O, al interior de los países, prevalece el interés por ganarle al vecino o al adversario político. Eso hace que perdamos todos. Es como si la pandemia lograra sacar lo peor de todos", dice.

Integrantes de organismos internacionales, investigadores y hasta voceros de la industria farmacéutica coinciden en la cautela y piden esperar hasta 2021. De hecho, funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud insistieron hace una semana en conferencia de prensa en no generar falsas expectativas en la población y orientar esa energía a reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención disponibles y efectivas: usar barbijo, mantener la distancia social, lavarse las manos con frecuencia y evitar las reuniones en lugares cerrados.

Para Juan Carlos Tealdi, director del Comité de Ética y del Programa de Bioética del Hospital de Clínicas, debe aumentarse la comunicación con la población en situación de pandemia. "No puede ni debería faltar información de calidad, transparente, adecuada y completa. Desde la bioética y los derechos humanos, es una exigencia -define-. Acá, lo que se ve, es que la información por parte de las autoridades nacionales, provinciales o municipales no cumple esos requisitos. Es un defecto que acarreamos fuera de la pandemia, pero que se agrava en una pandemia."

Claridad y veracidad

La comunicación clara y abierta es, para Tealdi, una responsabilidad compartida entre funcionarios, profesionales, sociedades científicas y los medios, entre otros agentes, en la que el Estado es el máximo responsable. "La población debe estar bien informada más que nunca en pandemia y no bajo el supuesto paternalista de regular la información para no atemorizar. Hay que confiar en la sociedad e informar", describe el bioeticista.

En ese sentido, lo primero que destaca es la obligación de la autoridad sanitaria de llevar tranquilidad y generar confianza en quienes le pondrán el cuerpo a un producto elaborado contra reloj, bajo alta presión y que recibirá una aprobación de emergencia cuando todavía falta tanto por conocer sobre la inmunidad frente al nuevo coronavirus.

"El lugar técnico de la OMS, como armonizador del rigor de los ensayos clínicos a nivel internacional, ha quedado cuestionado por sus silencios en el inicio de la pandemia -analiza Tobar-. De modo que, ahora, estamos frente a un escenario donde disputas políticas y comerciales parecen poder ponerse por encima del interés sanitario global."

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En este contexto, ¿qué obligación tienen las autoridades? "Lo primero, y básico, hay que decirle a la población es que no se va a comprar o aplicar en la Argentina una vacuna que no pase las exigencias técnica de Anmat para esos productos, de acuerdo con los requisitos de seguridad y eficacia para ser aplicada en pandemia", dice Tealdi.

También, propone explicar qué recaudos se tomaron para que sea segura a medida que se va escalando su uso en la población y, si ocurre un evento adverso, para detectarlo rápido (en el primero o segundo caso) y detener la vacunación.

Una "actitud prudente" sería incluir un primer período de vigilancia especial de uno o dos meses y montar un sistema de alerta temprana de eventos adversos leves, moderados o graves. Todo, sin dejar nunca de informar de manera veraz a la población.

Es que, aun cuando se anuncie el paso de la fase de aislamiento a la del distanciamiento social, el virus pandémico sigue circulando.