"Corcholatas" deben abstenerse de participar en mítines: TEPJF

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se aplican medidas cautelares contra las "corcholatas" de Morena y el partido para que se abstengan de participar en mítines y organizarlos, como los de Coahuila y Estado de México, al considerar que son posiblemente ilícitos y vulneran los procesos electorales.

La Sala Superior del TEPJF señaló en sesión privada que las medidas cautelares sólo aplicarán para aquellos funcionarios que participaron en el acto denunciado en Coahuila, por lo que queda fuera de la sanción el canciller Marcelo Ebrard, entre otros denunciados.

Por tanto, la tutela preventiva aplicará para Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal, senador de la República; Ignacio Mier, diputado federal; Aleida Alavez, diputada federal; Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero; y Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

"Sí se actualiza la posible incidencia en los procesos electorales de Coahuila, del Estado de México y el federal, con su participación activa en diversos eventos en los cuales manifestaron su intención de dar continuidad en el gobierno y posicionar a Morena", expuso la Sala Superior.

Consideró que la Comisión de Quejas sí valoró la posibilidad de que la conducta ilícita se repita, al tomar en cuenta un evento denunciado con anterioridad en el Estado de México, así como la actitud de las personas denunciadas frente a las infracciones denunciadas, "lo que podría generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios".

También resolvió que la Comisión de Quejas deberá emitir una nueva decisión en la que precise las razones particulares que, en su caso, justificarían las medidas cautelares preventivas para las personas que no participaron directamente en el evento.

El proyecto fue aprobado en una sesión privada por mayoría de votos, con el sufragio en contra de los magistrados Felipe Fuentes, Mónica Soto y José Luis Vargas.

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