Coparticipación: la Nación y la Ciudad no lograron un acuerdo y el conflicto será definido por la Corte

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La comitiva porteña, encabezada por Felipe Miguel, al ingresar a la Casa Rosada
La comitiva porteña, encabezada por Felipe Miguel, al ingresar a la Casa Rosada

Los gobiernos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires no lograron ponerse de acuerdo para encontrar una salida política al conflicto por la coparticipación y la discusión será dirimida por la Corte Suprema de Justicia. En marzo pasado, el máximo tribunal había dado un plazo inicial de 30 días hábiles para que ambas administraciones intentaran encontrar un punto de entendimiento luego de la quita de fondos impulsada por Nación en 2020. Pero eso solo fue alcanzado parcialmente, en lo que respecta a la forma de transferencia y la actualización de las partidas, pero no en el monto, el punto más sensible de todos.

Esta mañana los equipos de la Nación y la Ciudad se reunieron en el Ministerio del Interior, donde se oficializó el no entendimiento entre las partes y que el caso deberá ser resuelto por el máximo tribunal.

“No llegamos a un acuerdo”, confirmó en diálogo con LA NACION el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel encargado de las negociaciones por Ciudad. “Si bien habíamos hecho un avance muy importante en dos aspectos importantes, como los mecanismos de liquidación y transferencia y el método de actualización de los montos, no llegamos a un acuerdo por el monto y desde la Ciudad no podemos renunciar a los recursos necesarios e imprescindibles para la Seguridad ”, agregó.

Miguel negoció durante estos 45 días con la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis. Ambos estuvieron acompañados por los equipos técnicos de cada área, que tras esta última reunión elaboraron un acta para informar a la Corte sobre la falta de entendimiento.

“Desde Nación vimos varios ataques a la Ciudad”, acusó Miguel, y detalló que la quita de coparticipación “fue claramente uno” de ellos. “Independientemente de eso, nosotros estamos convencidos de lo que se firmó en su momento, que el traspaso se hizo con rigurosidad y correctamente y eso había que respetar”, continuó, para cerrar: “A pesar de eso hicimos el esfuerzo, por el pedido de la Corte, pero no podemos renunciar a garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Pasado el mediodía quien se expidió fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien apuntó con dureza al Gobierno local. De Pedro sostuvo en su cuenta de Twitter sostuvo: “a pesar del esfuerzo manifestado desde el Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo, y en el marco de la ley, por el monto del traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, hoy cerramos la etapa de negociaciones solicitada por la CSJN sin arribar a una solución conjunta”.

Tras lo que agregó: “Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”.

De Pedro también consignó en su “hilo” de la red social Twitter: “No podíamos mantener una decisión del gobierno de Macri que atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias además del empleo en todo el país, mientras vemos cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires”

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La fecha original que el máximo tribunal le dio a las partes para llegar a un entendimiento vencía originalmente el 26 de abril, pero poco antes de esa fecha ambas administraciones acordaron pedir una extensión de quince días hábiles, que vencía hoy. El plazo podía volver a prorrogarse, pero finalmente se rechazó esa posibilidad .

Ahora la definición volverá a manos de la Corte, que durante estos 45 días fue informada semanalmente de los pormenores de los encuentros. Se espera que el máximo tribunal falle primero sobre la cautelar presentada por Ciudad y luego sobre la cuestión de fondo. Inicialmente, de hacer lugar a la medida cautelar podría ordenarse que se detenga la quita de fondos, lo que en lo inmediato beneficiaría al distrito porteño. La cuestión de fondo podría demorar años. El caso es de un enorme voltaje político para el máximo tribunal, en especial en vistas a un año electoral y en medio de la avanzada del kirchnerismo duro.

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El máximo tribunal interviene a partir de una presentación del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que en septiembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, el presidente Alberto Fernández anunció la quita por decreto de un 1,18 por ciento de los fondos coparticipables que recibía la Ciudad (tras un aumento decretado por Macri) para destinarlos a la Policía Bonaerense de Axel Kicillof, que entonces protestaba frente a la quinta de Olivos y otros puntos de la provincia.

La quita de fondos se profundizó luego a través de una ley, que estableció que Nación debía abonarle ya no un porcentaje de la coparticipación sino una suma fija a la Ciudad, en concepto de la compensación por la transferencia de la seguridad.

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A lo largo de las conversaciones entre las partes en este mes y medio de negociaciones, hubo ofertas y contraofertas que fueron mutuamente rechazadas. En tanto que en los primeros cuatro encuentros habían logrado ponerse de acuerdo con la forma de traspaso y actualización, pero ahora al no haber habido entendimiento total eso cae y todo será establecido por la justicia.

En los últimos días había expectativa en Nación por un informe presentado por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que fijó un monto por la transferencia de la policía a la Ciudad que va en contra de los deseos del gobierno de Rodríguez Larreta. Desde la Ciudad aseguraban que el “informe era de carácter político y no técnico”.

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