La Contraloría peruana acusa a la vicepresidenta de una infracción constitucional

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Lima, 23 may (EFE).- La Contraloría peruana pidió al Congreso de la República que evalúe una posible infracción constitucional de la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien, según su acusación, ocupó otro cargo en su función de ministra, confirmó este lunes la número dos del Ejecutivo.

El informe fue emitido por la Contraloría General de la República al Parlamento el pasado viernes y denuncia una presunta infracción del artículo 126 de la Constitución, pero dicha información se hizo pública este lunes puesto que el Legislativo cerró el fin de semana.

Dicho artículo reza que "los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa" y "no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas".

El reporte de la Contraloría detalla que Boluarte intervino en la gestión de la asociación privada del Club Departamental Apurímac, al mismo tiempo que desempeñaba su cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

"La fiscalizada, durante el periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo", señala el organismo encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país.

Dicha actividad "resultaría incompatible con su cargo de ministra de Estado, por lo que existiría una presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú", siempre según el documento de la Contraloría.

Tras recibir el informe, el Congreso decidió reunirse este lunes para evaluar la acusación que puede trasladar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucional.

Si esta comisión aprueba una sanción y es ratificada ante el Pleno, Boluarte podría ser destituida como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Ante esta noticia, la funcionaria publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que rechazó la acusación.

"Como todo ciudadano y ciudadana tengo derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro, máxime cuando representan el desarrollo cultural de nuestro país, como es el caso de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, instituciones de las que no he percibido ni percibo remuneración ni beneficio lucrativo alguno", señaló.

La vicepresidenta añadió que solicitó licencia en ambas instituciones antes de asumir las funciones públicas que ejerce y que estas fueron concedidas oportunamente, por lo que "no existe incompatibilidad alguna en el ejercicio de ambos cargos".

Lamentó "profundamente" que en su ausencia se estén levantando argumentos sin fundamento legal alguno, puesto que esta se encuentra en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), en representación del presidente del país, Pedro Castillo, quien no viajó, precisamente, por la coyuntura política que atraviesa el país.

(c) Agencia EFE

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