Para el constitucionalista Alberto Garay la reforma del Ministerio Público es una “mala idea en un mal momento”

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Alberto Garay
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El constitucionalista Alberto Garay, que preside desde abril el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, considera que la Argentina “adolece la ausencia de seguridad jurídica” y que atraviesa un proceso de decadencia en materia judicial iniciado en 1930. En este sentido, cuestionó el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal impulsado por el oficialismo, y dijo a LA NACION que “las energías del Estado deben estar enfocadas en la pandemia” y no en “remover a un funcionario que se desempeña correctamente”, en alusión al procurador interino de la Nación Eduardo Casal.

-El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ya fijó posición sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, pero ¿qué opinión le merece el contexto en el que se plantea y el hecho de que la actual oposición en su momento haya avalado cambios similares?

-Es un proyecto que, a mi modo de ver, está basado en una mala idea, en un mal momento. Proponer la reforma del Ministerio Público, como la reforma anterior de la justicia federal, o proponer crear un tribunal intermedio ante la Corte, es un despropósito en el momento actual. Las energías del Estado deben estar puestas en atacar la pandemia, en atacar la desocupación, el modo en que se puede generar trabajo o las condiciones. Esto no le llega a la gente ni de cerca, que tiene un problema muy grave, más del 50% de la gente tiene un problema de subsistencia. Está claro que lo que quieren es remover a un funcionario que se está desempeñando correctamente y poner a alguien que, muy probablemente, va a ser afín al Gobierno. El procurador es el jefe de los fiscales y como muchos exfuncionarios tienen problemas con la Justicia genera en la oposición la sensación de que se quiere nombrar un personaje afín a su ideología para desactivar a los fiscales en esos casos. Nada peor, no solo por la pandemia, sino por la situación de exfuncionarios o funcionarios que tienen problemas en la Justicia.

-¿Y la idea de eliminar el cargo vitalicio y fijar un plazo?

-La idea de que el cargo de procurador sea por un plazo breve, a nuestro modo de ver, también es una mala idea. La noción de tener funcionarios permanentes o semi permanentes la hemos tomado de Estados Unidos y lo proyectamos al Ministerio Público porque la idea es que esa permanencia lo desvincula de los intereses partidarios y lo pone en defensa de la ley pura y simple y de la sociedad. Tanto en la oposición cuando propuso algo semejante como en el gobierno actual, los dos proyectos pecan por el mismo error. Por el pasado que tenemos, de interrupciones constitucionales, cada gobierno se sintió autorizado a desplazar a jueces y a ver de qué manera juegan su ficha en el armado judicial. Menem llegó y amplió la Corte, presionó al procurador, nombró una mayoría propia en la Corte. Si queremos tener jueces probos, más allá de las capacidades y los exámenes que hay que rendir, en tanto esta tendencia no se corte, siempre vamos a estar en el mismo problema.

Eduardo Casal logró un reconocimiento para la Procuración, en medio de la discusión política
Eduardo Casal logró un reconocimiento para la Procuración, en medio de la discusión política

-Este Gobierno lanzó fuertes críticas a la Corte Suprema e incluso circuló la idea de crear un tribunal intermedio, un proyecto que, por el momento, no vio la luz. ¿Qué opinión le merece la idea de reformar la Corte Suprema?

-No hay mejor reforma de la Corte que aquella que haga la propia Corte en cuanto a su manejo interno. Eso de crear un tribunal intermedio es una mala idea, es generar una mayor burocracia, mayores costos en el presupuesto. Nuestro problema no pasa por la cantidad de tribunales que tenemos sino por la calidad. La crítica del foro es normalmente por la calidad de los tribunales, de cómo se trabaja, de las reglas no escritas del procedimiento, de la lentitud, del excesivo manejo por escrito... Pero la creación de un tribunal nuevo no solucionaría eso, se agregaría una nueva instancia. Y la propia Corte Suprema se ha atribuido la interpretación final de la Constitución. Creo que el intento de crear un tribunal intermedio para alivianar el trabajo de la Corte no va a ser tal.

corte suprema
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corte suprema (Archivo/)

-¿Qué diagnóstico hace de la seguridad jurídica en la Argentina?

-La Argentina adolece de la ausencia de seguridad jurídica hace muchos años. Es parte del mismo proceso de inestabilidad política que existió a partir de 1930, y luego con el advenimiento de los gobiernos y la secuencia de gobiernos democráticos que tenemos desde 1983 no se logró construir un esquema de seguridad jurídica confiable, razón por la cual gran parte de los negocios y de las exigencias de muchas empresas y de la insatisfacción que existe en la población tiene una estricta relación con la ausencia de reglas estables, de conductas previsibles de los órganos políticos y judiciales.

-¿Y qué se debe hacer para establecer esas reglas?

-La Corte está intentando establecer ciertas pautas. Últimamente ha puesto énfasis en la obligatoriedad de sus propios precedentes, pero es un proceso que impuesto desde el Poder Judicial lleva muchos años de consolidar, porque básicamente se trata de demostrar que uno también está dispuesto a obedecer sus propios precedentes. En esto también se le hacen críticas a la Corte, algunas tienen sustento y otras son un poco exageradas, porque la Corte se debe manejar en un contexto político en general y si bien tiene que recostarse en la Constitución, tiene que estar mirando también de dónde venimos, porque imponer ciertas reglas muy estrictas en un país que viene de tamaña estabilidad tampoco es viable.

-¿Qué crítica le hace usted a la Corte?

-A mí me gustaría que fuera más consecuente con su propia jurisprudencia. Si fuera más consecuente podría exigir más consecuencia de los tribunales inferiores respecto de sus propias decisiones. Como se dice normalmente, uno educa con el ejemplo. Obviamente la Corte tiene muchos casos que tienen consecuencias políticas. Esto es inevitable en cualquier sistema de control de constitucionalidad donde el último intérprete es la Corte Suprema. No deben resolverse de modo partidario. Nuestra historia constitucional y nuestra jurisprudencia le dan muchos elementos a la Corte para hablar en términos constitucionales.

-¿Y cómo ve la composición actual del Consejo de la Magistratura?

El consejo adolece del mismo problema. Lo peor que se hizo con el Consejo fue la reforma de la ley del en la época de Cristina Kirchner, donde se rompió el equilibrio de los consejeros y se le dio prevalencia a los órganos políticos por sobre los órganos judiciales, académicos y los estamentos de abogados. Como estaba armado en la reforma previa al gobierno de Cristina, tenía un equilibrio tolerable. Lo que se hizo luego, que ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal, y que hoy depende de la decisión de la Corte, fue un retroceso en línea con el proceso de decadencia de 1930 en materia judicial.

-¿Y le parecen correctos los procesos de selección de magistrados?

-No se busca un sistema ideal de elección de jueces, que busque designar a los mejores de acuerdo a un criterio objetivo de evaluación. Se pone una mayoría de los consejeros que provienen del órgano político y además se mantiene lo que es la audiencia final, después de que se dan los exámenes y se hacen las ternas eventuales, donde los consejeros pueden alterar esa terna y poner en primer segundo o tercer lugar a alguien que salió cuarto o décimo. El armado del consejo de la magistratura está en línea con este proceso de decadencia que busca tratar de producir jueces amigos del gobierno mientras esté en el poder. Esto es nefasto porque es ir en contra del concepto de justicia.