El consejo asesor judicial del Presidente también propondrá cambios para elegir al Procurador

Mientras el kirchenrismo avanza en el Senado con el debate de una ley para modificar el mecanismo de designación del Procurador General de la Nación, el comité asesor del presidente Alberto Fernández concluirá en unas cuatro semanas un dictamen en el que se incluyen recomendaciones sobre cómo se elige al funcionario y su duración, casi en sintonía con lo que plantea el Gobierno.

El cargo del Procurador General de la Nación está vacante desde octubre de 2017 cuando renunció Alejandra Gils Carbó bajo presión de Cambiemos. Su lugar lo ocupa el procurador interino Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo presiona con amenazas de juicio político para que renuncie porque lo considera alienado con la oposición.

La Procuración es un cargo clave. Se trata de un organismo extra poder (no depende del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo ni del Judicial) y su titular es el jefe de todos los fiscales federales. No puede darles órdenes de actuación en cada causa, pero si dictar instrucciones generales. Es quien nombra a los fiscales coordinadores, que con la implementación del nuevo Código Procesal son los que van a manejar en la práctica cada jurisdicción, pues los fiscales son los que instruirán las causas, reunir la prueba, impulsar o (más importante) desistir de las investigaciones y ya no los jueces federales.

La noticia de que se empezará a tratar en el Senado un proyecto de ley que cambia los modos de designar al Procurador fue bien recibida en la Procuración, dijeron fuentes del organismo a LA NACION. Analizaron que en tanto se trate de un mecanismo legal, que incluya una reforma legislativa confirme a derecho, es irreprochable. Es preferible antes que el atajo que había ensayado el kirchnerismo para inventar causales de juicio político o jury para desprenderse de Casal.

En paralelo, un grupo de 11 especialistas en derecho, que incluyen al abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, trabajan en sugerir reformas judiciales, que incluyen La conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de Procurador, del Defensor General de la Nación y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios.

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Si bien no hay aún una mayoría, avanzó la idea de acabar con el régimen actual. Ahora son necesarios los votos de los dos tercios del Senado para designar procurador y su mandato es hasta cumplir los 75. Por eso, el Gobierno no lograr reunir los votos para nombrar a su candidato Daniel Rafecas y moviliza esta reforma legal que le facilita colocar a un postulante propio.

El comité asesor -que culminara su tarea el 19 de noviembre- trabaja con la idea de proponer al Presidente un dictamen en el que modifique este régimen, dijeron a LA NACION colaboradores del cuerpo. Buena parte de sus integrantes creen que el Procurador debería durar 5 o 6 años, y que debería ser elegido por el voto de los dos tercios de los senadores presentes o pro medio de una mayoría simple (hay varios puntos de vista). Así las cosas, si se acorta el mandato se flexibiliza su mecanismo de designación y remoción. En el Comité asesor no ven en el avance del kirchnerismo en el Congreso un desaire, sino una idea confluyente con la que ellos trabajan y que ambas podrían ver la luz casi simultáneamente.

Los expertos ya casi terminaron de trabajar y están analizando por estas horas el funcionamiento de la Corte. Ya llegaron a algunas conclusiones en el resto de los temas, como ser el juicio por jurados, la defensoría, las políticas de género, la reforma el Consejo de la Magistratura y el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, previsto en la ley de Reforma Judicial congelada en el Congreso. Los especialistas tienen redactadas esas propuestas y las mantienen en secreto. Las harán públicas tras la entrega de su dictamen.