El Congreso de Colombia aprueba reforma al sistema de pensiones, bandera política de Petro

BOGOTÁ (AP) — El Congreso colombiano aprobó el viernes una reforma al sistema de pensiones que cambia el esquema que rige hace tres décadas, dando una victoria política al presidente Gustavo Petro tras un agitado debate en la Cámara de Representantes.

La pensional es la primera de un grupo de ambiciosas reformas gubernamentales que logra el aval del Congreso en lo que va del año. La reforma a la salud fue rechazada y el gobierno planea presentarla de nuevo, la laboral se encuentra en su primer debate y la ley estatutaria de educación espera su último debate.

“Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo”, celebró Petro desde su cuenta de X, antes Twitter.

La reforma de las pensiones, que entrará en vigor en julio de 2025, amplía la cobertura y modifica la distribución de recursos al pasar gran parte a un fondo público y quitarle peso a los fondos privados. El nuevo esquema está compuesto por cuatro pilares que dividen la población entre quienes necesitan un subsidio, total o parcial, y los trabajadores que pueden aportar dinero en busca de una pensión e incluso ahorrar voluntariamente.

Una mayoría de 86 representantes a la Cámara votaron a favor de la reforma a las pensiones mientras que 32 la rechazaron. El texto se aprobó sin mayor debate respecto de lo ya avalado en el Senado, pese a reclamos de varios congresistas que lo calificaron como una “jugadita” para evitar mayor discusión y evitar que la iniciativa se hundiera por falta de tiempo, dado que el legislativo inicia el 20 de junio un receso.

Al no necesitar conciliación entre las dos cámaras, el proyecto de ley pasará a sanción presidencial.

“Se ha generado un precedente nefasto, Colombia ha sido un país con una tradición bicameral a la que hoy se renunció aquí en esta Cámara de Representantes”, señaló Carlos Edward Osorio, del opositor Centro Democrático, quien anunció una demanda ante la Corte Constitucional por lo que considera un irrespeto del “principio de deliberación”.

El sistema de pensiones vigente está dividido en dos regímenes: el estatal y el de ahorro individual, que es administrado por fondos privados. Los trabajadores pueden elegir a cuál destinan sus aportaciones. En el público, el dinero va a un fondo común y luego es repartido entre los jubilados del sistema público.

Con el nuevo sistema, quienes tengan ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos (aproximadamente 628 dólares) están obligados a cotizar en Colpensiones —el fondo común— y solo quienes reciban ingresos adicionales a ese monto podrán hacer aportes a los fondos privados de pensiones, con lo que quedarían bastante disminuidos. Este grupo fue denominado pilar contributivo.

El llamado pilar solidario lo integrarán más de dos millones de adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad, que al no tener pensión, recibirán una “renta básica” de subsistencia otorgada por el Estado. Los recursos saldrán del presupuesto estatal y un fondo de solidaridad pensional que ya existe para subsidiar a población sin acceso al sistema pensional.

El pilar semicontributivo beneficiará a las mujeres de más de 60 años y los hombres de más de 65 años que no han cumplido con los requisitos para acceder a una pensión, pese a haber cotizado al sistema. Actualmente, para acceder a una pensión, los trabajadores deben aportar durante 1.300 semanas y superar la edad requerida, 57 años en el caso de las mujeres y 62 en el de los hombres.

El último es el pilar de ahorro voluntario que lo harán a través de mecanismos “que existan en el sistema financiero”, no aclarados en el proyecto de ley, para complementar el monto de la pensión. Se espera que el gobierno reglamente la forma en que el ahorro voluntario pueda equivaler a semanas de cotización, para quienes necesiten completar el requisito.

“Ésta es una reforma que el sistema pensional necesita, porque está en crisis, porque es insostenible, porque es lo que necesitan los abuelos y abuelas", señaló tras la aprobación Martha Alfonso Jurado, congresista del partido Alianza Verde y ponente del proyecto.

Uno de los principales cuestionamientos a la reforma al sistema pensional fue su impacto financiero y su viabilidad a largo plazo.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró durante el debate que es viable fiscalmente y que incluso el déficit actual del 59% del Producto Interno Bruto se puede reducir con la reforma al 51% en el 2070.

El más reciente concepto técnico del Comité Autónomo de Regla Fiscal, un organismo de carácter técnico e independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, advirtió que el aumento del costo del sistema pensional en el largo plazo genera “inequidad intergeneracional”, por lo que las futuras "generaciones deberán contribuir, ya sea por medio de mayores cotizaciones o impuestos, en una mayor medida frente a lo que harían en el escenario sin reforma”.

También fue cuestionada en el debate la capacidad de fondo público de Colpensiones de acoger rápida y eficientemente a millones de afiliados que obligatoriamente deberán cotizar hasta 2,3 salarios mínimos.

La congresista independiente Catherine Juvinao advirtió que se podría generar un “colapso operativo del sistema pensional” dado que, a su juicio, Colpensiones no tendrá en el 2025 la capacidad para operar bajo el nuevo sistema.

Por su parte, Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, dijo ante el Congreso que están preparados para recibir a 10 millones de colombianos que cotizan, porque han preparado sus capacidades tecnológicas.