El Congreso chileno rechaza el juicio político contra exministra de Justicia

Santiago de Chile, 25 ene (EFE).- La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile desestimó este miércoles el juicio político en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos, por los polémicos indultos concedidos a fin de año por el presidente chileno, Gabriel Boric, e impulsado por el partido Renovación Nacional, de la coalición opositora Chile Vamos.

Con 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional, con previa calificación negativa en la comisión revisora del Congreso, fue rechazada por los legisladores debido a los votos clave del Partido Republicano, de extrema derecha, y de la Democracia Cristiana.

"Esta Cámara dio una señal clara y potente de que se puede hacer política pensando en el país", declaró Ríos tras la votación, visiblemente emocionada y después de agradecer a las fuerzas que, sin ser parte de la coalición de Gobierno, votaron en contra de su acusación.

"No se ha cometido ninguna ilegalidad y hemos cumplido con las leyes y la Constitución. Lo que ha ocurrido acá es muy contundente y un enorme respaldo", añadió la exministra.

"NOS VAMOS CON LA FRENTE EN ALTO"

La acusación a Ríos es una de las que menos respaldo ha obtenido en la Cámara en los últimos años, incluso por debajo del apoyo que logró la que se presentó contra la exministra del Interior, Izkia Siches, que sumó 57 legisladores.

El fracaso de la acusación de hoy se lee como una derrota para la oposición y una oportunidad para el Ejecutivo de cerrar el polémico episodio de los indultos, que hace semanas que se arrastra.

"Nos vamos con la frente en alto de haber hecho un acto de justicia. Haber dejado en libertad a delincuentes peligrosos puede tener consecuencias para la sociedad y no quiero que nos digan que no hicimos nada", lamentó el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton tras la sesión.

"Se sospesaron las complicidades para que no prosperara", añadió.

La extrema derecha había anunciado hace unos días que votaría en contra de la acusación y mantuvo su palabra hasta el final.

"Acusar constitucionalmente a la exministra no hace justicia, sino que solo sería caer en aceptar el chivo expiatorio de un Gobierno que utiliza sus ministros como piezas de un tablero de ajedrez para continuar con su agenda de violencia política", sostuvo el diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno.

Por su parte, el jefe de la bancada de la coalición de izquierda Frente Amplio, parte del Gobierno, criticó que "hay una disputa al interior de la oposición para ver quién entorpece de mejor manera el Gobierno de Boric (...) quieren que todos los conflictos los pague Marcela Ríos".

La derecha, a través del diputado Jorge Rathgeb, del partido Renovación Nacional, insistió que "la ministra renunció porque efectivamente tenía una responsabilidad".

UNA ACUSACIÓN QUE SE DESHINCHÓ

La acusación constaba de dos capítulos: uno referido a los indultos presidenciales a 12 presos del estallido social, la ola de protestas que sacudió Chile en 2019, y a un antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo radical armado que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990); y otro por la concesión de beneficios carcelarios entregados a reos de la denominada Macrozona Sur, escenario del conflicto entre el pueblo mapuche, el Estado chileno y empresas forestales que explotan bosques ancestrales.

El proceso de acusación inició con mucho ímpetu tras la indignación en los sectores más conservadores por la elección de indultados, en particular por quienes tenían condenas anteriores a las protestas de 2019.

Sin embargo, fue perdiendo fuerza a medida que pasaron las semanas hasta que llegó a deshincharse por completo. De nada sirvieron los llamados de última hora de Chile Vamos al Partido Republicano a "rectificar" y reconsiderar su posición para "apoyar a las víctimas".

Los polémicos indultos abrieron la segunda crisis de envergadura en los diez meses del Gobierno de Boric.

(c) Agencia EFE