Congreso. Adepa criticó un informe oficialista que acusa al periodismo de espionaje

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) criticó a los legisladores oficialistas que participaron de la elaboración del dictamen titulado “El Estado mafioso”, que fue presentado anteayer en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia –presidida por el diputado Leopoldo Moreau– y que acusa a los medios de comunicación de participar del supuesto plan de espionaje político llevado a cabo durante el macrismo.

En un comunicado difundido esta mañana, Adepa indicó que el ejercicio del periodismo no puede ser considerado ilícito bajo ninguna circunstancia, tal como lo sugiere el dictamen del oficialismo. Además, la institución advirtió sobre las “consecuencias negativas” de la instalación del concepto de lawfare (guerra judicial), promovido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, y sostuvo que la acusación de periodistas tiene como fin “silenciar el debate público”.

“Frente a un pronunciamiento de tanta gravedad emanado de un organismo integrado por diputados y senadores de la nación, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresa, con especial énfasis, que en ningún caso el ejercicio básico de la tarea periodística de buscar y difundir información y opiniones puede ser considerado un hecho ilícito . Por el contrario, la difusión de informaciones y opiniones sobre hechos que involucren a funcionarios públicos constituyen actos protegidos y alentados por el sistema constitucional”, dice el texto.

La organización nacional sostuvo, sin embargo, que si existieran “hechos ilícitos en los cuales participaron periodistas, ellos deben ser objeto de investigación del mismo modo que ocurre con cualquier otro ciudadano”. En este sentido, consideró que las denuncias por espionaje ilegal “deben ser investigadas por la Justicia, y sus responsables, sancionados”.

“Pero el dictamen mencionado parece inscribirse en el contexto de una operación política urdida en los últimos años, en la cual se intenta vincular, dentro de una inventada y forzada etiqueta (“lawfare”), actos ilícitos (espionaje ilegal, “armado” de causas judiciales, extorsiones, etc.), actos lícitos y opinables (distintas decisiones judiciales o administrativas) y finalmente –y lo que es más grave– el ejercicio plenamente lícito y encomiable de la libertad de expresión y del periodismo de investigación”, continúa el escrito.

En el texto se indica, además, que no deben subestimarse las “consecuencias negativas” que produce la difusión del concepto de lawfare para la “convivencia democrática” y la libertad de expresión. “En especial, cuando (esos conceptos) provienen de un organismo estatal”, remarcan.

Respecto de la acusación de hechos penales a periodistas por entrevistar ciertas fuentes gubernamentales o difundir información entre el período 2015-2019, Adepa indicó que es “absurda en términos jurídicos” y “tiene un objetivo silenciador del debate público, que merece la mayor atención y condena”. En este sentido, agregan: “Nunca más el periodismo debe quedar atenazado por las intimidaciones y las prácticas abusivas de los poderes públicos, y de las facciones políticas a ellos ligados”.

Dictamen del Congreso

Anteayer Moreau hizo público un dictamen en el que se acusa al gobierno de Mauricio Macri de llevar a cabo “un plan sistemático de inteligencia ilegal”, y se propone crear una comisión legislativa para investigar a jueces y fiscales que habrían participado de la maniobra.

Bajo el título de “El Estado mafioso”, el dictamen sostiene que entre 2015 y 2019 fueron objeto de operaciones de espionaje ilegal unas 308 personas y más de 170 organizaciones políticas, sociales y sindicales.

Los acusados por el oficialismo, aunque no aparecen sus nombres mencionados, son los mismos que Cristina Kirchner viene denunciando como parte de lo que denominó el lawfare en su contra. Moreau indicó que en esta supuesta persecución y en el espionaje ilegal participaron “puñado de magistrados que se refugian en Comodoro Py”.

También, el diputado y titular de la bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia mencionó como objeto de la posible investigación al presidente la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y agregó que “no puede escapar la actuación de algunos fiscales, incluso el procurador interino” Eduardo Casal.