El conflicto por el aborto reavivado por los conservadores polacos acerca a la sociedad a su legalización

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Varsovia, 4 sep (EFE).- El endurecimiento de las leyes sobre el aborto promovido por los conservadores en Polonia acercó a la sociedad a su legalización, afirma Justyna Wydrzyńska, la primera activista proaborto juzgada en el país por ayudar a una mujer a interrumpir su embarazo.

"En lo que respecta a Polonia, diría que estamos más cerca de legalizar el aborto que hace unos años. Sigo diciendo que tenemos un 'Eldorado del aborto'. Las mujeres pueden interrumpir sus embarazos por su cuenta hasta la semana 22 y no está penalizado por la ley polaca", dice.

Según explica a Efe esta doula y activista de Abortion Dream Team (ADT), "se tarda incluso una semana en organizar un viaje a Alemania, Eslovaquia o República Checa, los precios aún no son muy elevados, (...) y existe Aborto sin Fronteras, iniciativa que puede ayudar con dinero a cubrir el coste del procedimiento".

ADT opera en la asociación de organizaciones feministas Aborto sin Fronteras, su actividad se centra principalmente en promover los derechos reproductivos.

"El resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto es que ahora el apoyo al aborto legal hasta las 12 semanas alcanzó el 62 %", señala.

En octubre de 2020, el Constitucional, liderado por su presidente conservador, dictaminó que la interrupción del embarazo por daños graves del feto era inconstitucional.

Limitó así las posibilidades de interrumpir la gestación a las circunstancias en las que el embarazo amenaza la vida de la mujer y cuando éste es consecuencia de una violación.

La decisión provocó las mayores protestas en Polonia desde 1989.

Según Wydrzyńska, el conflicto avivado por los conservadores provocó un cambio significativo en la forma en que la sociedad polaca percibe el aborto.

"El aborto ya no es sólo cosa de mujeres. Hoy en día, los hombres asumen más a menudo la responsabilidad de buscar la solución, ayudar con la logística, los trámites, etc.", afirma.

ADT estimó que en 2021 unas 32.000 personas contactaron con ellos para informarse sobre el aborto.

"Pero es probable que muchas personas que quieren abortar no lleguen a nosotros", indica.

Señala que, en contra del estereotipo que predomina en Polonia, su ONG suele ayudar a personas de municipios más pequeños, que llevan una vida estable.

"En mi experiencia, ayudamos sobre todo a personas que ya tienen hijos, que tienen al menos 30 años y que quieren volver a trabajar. El 90 % de los abortos son farmacológicos y las organizaciones se aseguran de que las personas reciben ayuda sin importar si tienen dinero o no", explica.

Wydrzyńska comenzó su activismo en 2006 tras su propio aborto y en 2021 fue la primera activista proabortista de Polonia en ser juzgada por ayudar a abortar.

En febrero de 2020, al principio de la pandemia, una mujer, que vivía con una pareja violenta, contactó con Abordo Sin Fronteras en busca de ayuda, cuenta.

"Intentó ir a Alemania dos veces para abortar, pero tuvo que cancelarlo porque su marido se enteró. Él la amenazó con que si se iba a Alemania con su hijo, denunciaría el secuestro de su hijo", explica.

Estaba realmente decidida a interrumpir su embarazo y dijo que de no recibir ayuda, se haría daño a sí misma.

En ese momento Wydrzyńska decidió enviarle medicamentos para abortar que guardaba para sus propias necesidades, ya que también había convivido con una pareja violenta.

"Entendía bien por lo que estaba pasando. Decidí enviar los medicamentos a través de un punto de recogida de paquetes. Ese fue mi error, porque así tenía que incluir mi dirección y mi número de teléfono", indica.

Dos días después, la ONG se enteró de que los medicamentos habían sido confiscados por la policía en la casa de la mujer.

"Para los policías no había nada extraño y abusivo en el hecho de que el marido de esa mujer controlara sus correos electrónicos y mensajes de texto. Aunque fueron invitados por el marido, llegaron a un domicilio privado sin orden judicial y se llevaron sus cosas privadas", explica.

Después, todo el caso quedó en silencio durante más de un año, pero en mayo de 2021 se aceleró de repente, cuando el fiscal regional se hizo cargo del mismo.

En junio, el domicilio de Wydrzyńska fue registrado por la policía, que confiscó todos los aparatos electrónicos y teléfonos, y en noviembre se le imputaron los cargos de ayuda al aborto y distribución de medicamentos sin permiso.

A finales de diciembre, la Fiscalía cerró la investigación, y la primera vista judicial tuvo lugar el 8 de abril.

"Sospechamos que las autoridades quieren que el juicio termine rápido. Retrasar el juicio lo acerca a las elecciones del año que viene" y eso significa que el partido gubernamental polaco Ley y Justicia (PiS) tendría que lidiar con condenar a la activista por el aborto, afirma Wydrzyńska.

La próxima vista está prevista para el 14 de octubre.

Lukasz Olender

(c) Agencia EFE