Condenan a propietarios y empleados de clínica por participar en varios esquemas de fraude

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Un juez de Miami sentenció al último de cinco acusados por su papel en un esquema de fraude de atención médica operado desde una clínica de fisioterapia en la Ciudad de Doral. El quinteto fue acusado de reclamar pagos por servicios no prestados y utilizar el negocio para obtener de manera fraudulenta fondos de ayuda por la pandemia el COVID-19.

Cinco personas fueron sentenciadas en el Condado Miami-Dade por un esquema de fraude de atención médica realizado desde una clínica de fisioterapia en Doral. 
Cinco personas fueron sentenciadas en el Condado Miami-Dade por un esquema de fraude de atención médica realizado desde una clínica de fisioterapia en Doral.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que según la evidencia presentada ante el tribunal, la conspiración de fraude de facturación resultó en más de $8 millones en reclamos falsos presentados a la compañía de seguros de salud Blue Cross Blue Shield (BCBS).

La mayoría de las reclamaciones fueron por tratamientos de fisioterapia innecesarios o que nunca se proporcionaron, como estimulación eléctrica, terapia de ultrasonido y ejercicio terapéutico, así como por equipos médicos duraderos, detalló.

Los dos propietarios de la clínica, identificados por las autoridades como Carlos Rafael Saez Dorta, de 42 años, y Verónica Ramos Hernández, de 35 años, también utilizaron el negocio, Polyclinic Healthcare Corp., para obtener de manera fraudulenta fondos de ayuda por el COVID-19.

La evidencia mostró que en 2021 Sáez y Ramos solicitaron un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) por $607,585, así como un Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL) de $500,000 de la Administración de Pequeños Negocios de EEUU (SBA).

Como resultado, Saez y Ramos recibieron más de $1 millón a través de estos programas de ayuda de COVID-19, “robando dinero destinado a pequeñas empresas legítimas que sufrían los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19”, dijo la fiscalía federal.

Saez fue sentenciado a 135 meses de prisión, luego de un juicio con jurado, a tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $4,434,069 en restitución.

Ramos fue condenada a 135 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $4,434,069 en restitución, tras un juicio con jurado.

Los otros tres acusados en el caso fueron Michael Burrowes, de 43 años, quien reclutaba pacientes, que se declaró culpable y fue sentenciado a 46 meses de prisión, a tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $73,116.61 en restitución.

Dianelis García Álvarez, de 41 años, gerente de la oficina, también se declaró culpable y condenada a 35 meses de prisión, a tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $357,256 en restitución.

Deandre Mitchell Gabriel, de 33 años, reclutador de pacientes, luego de una declaración de culpabilidad fue sentenciado a 24 meses de cárcel, a tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $30,810 en restitución.

El anuncio del caso y las respectivas condenas fue hecho por Juan Antonio González, fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, y George L. Piro, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami del FBI.

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