Condenan en Mendoza a indemnizar a una docente a la que le impidieron trabajar por sobrepeso

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Aulas vacías en las escualas de la provincia de Buenos AIres
Santiago Hafford

La Justicia Civil mendocina condenó a la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) a indemnizar con $1.350.000 a una docente a la que le negaron el apto psicofísico para poder trabajar con el argumento de que tenía sobrepeso, informaron fuentes judiciales.

El fallo, en el que se condenó al organismo dependiente del Estado provincial a abonar dicha suma en concepto de daños y perjuicios, fue firmado por la jueza Fabiana Martinelli del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, quien entendió que la docente estaba apta para realizar sus tareas.

Según la denuncia, la docente comenzó a trabajar en 2002 para la DGE, luego del correspondiente examen preocupacional en el que fue considerada apta para el trabajo y, dos años después, su certificado de aptitud psicofísica fue emitido como “apto con patologías preexistentes”, en relación al sobrepeso.

Fue emplazada a sacar un nuevo certificado y obtuvo la calificación de “no apto”: pusieron como motivos la obesidad y un aparente problema en las cuerdas vocales.

Luego de concurrir a un otorrinolaringólogo y a una nutricionista, y bajar de peso, logró que tal situación se modificara y obtuvo, en 2013, un certificado de apto con preexistencias, tomando como única patología a la obesidad.

A partir de allí, se mantuvo bajo controles nutricionales, logrando bajar alrededor de 10 kilos, pero a principios de 2016, y frente a la necesidad de un nuevo certificado de aptitud psicofísica, salud laboral dispuso que era “no apta”, tanto para las tareas administrativas como para la tarea docente.

La jueza indicó en el fallo que “el índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o, por lo menos, no consta que hayan fundado la no aptitud declarada”.

”No dudo que todo el proceso que la señora ha acreditado viene realizando desde el año 2002 para poder trabajar como administrativa y docente en la DGE le ha ocasionado un daño injustamente sufrido que el Estado debe reparar, ya que con fundamento en la prevención ha rayado con la discriminación, lesionando severamente no sólo la igualdad, sino todos los derechos constitucionalmente garantizados de la actora”, añade la magistrada.

La duplicidad de no aptos para tareas docentes y administrativas implicó también, en la actora, la preocupación de no poder obtener el cambio de funciones previsto para personas con patologías específicas, se detalló.

”No puedo olvidar, además, que durante largos períodos no ha podido acceder a cargos docentes suplentes, que además le redituaban un salario extra muy importante en los momentos en que vivimos”, advierte el fallo.

Agencia Télam

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