Condena por masacre salvadoreña de El Mozote abriría el camino a más penas

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Hugo Sánchez

San Salvador, 9 feb (EFE).- Una condena a 18 mandos militares salvadoreños, procesados por matar a unos 1.000 campesinos en 1981 en El Mozote, abriría el camino para aplicar más penas por otras matanzas perpetradas por el Ejército en la guerra civil, dijo en una entrevista con Efe el abogado de las víctimas Wilfredo Medrano.

La importancia de esta causa penal es que incluye a una parte de la cúpula que dirigió al Ejército entre 1980 y 1984, lapso en el que se cometieron la mayoría de las masacres de civiles, señaló el letrado, miembro de la organización Tutela Legal "María Julia Hernández".

"La misma gente de la cadena de mando es la que está involucrada en la mayoría de masacres que se cometieron de 1980 a 1984, un período en el cual se desató un patrón con el que fueron cometidas más de 400 masacres a lo largo y ancho del país", apuntó.

Medrano explicó que este proceso es el que va a la "vanguardia" de las causas penales, pero que sigue afrontando el "obstáculo" de la "negación reiterada" de información oficial de los operativos por el Ministerio de la Defensa.

"Tenemos que aprovechar esta coyuntura (de reapertura de procesos) para promover este caso" dado que, "si no logramos sostenerlo, todos los otros casos que vengan podrían caerse, porque la misma gente de la cadena de mando es la que está involucrada en la mayoría de masacres", recalcó Medrano.

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera inició el proceso, actualmente en etapa de instrucción, a finales de marzo de 2017 con la notificación de los cargos, mientras que la presentación de testimonios comenzó en junio.

Dicha corte reinició la toma de declaraciones, pausada a mediados de diciembre pasado, este 8 de febrero con la presentación de tres sobrevivientes de la masacre en la que oficialmente fueron ejecutadas 986 personas, de las que 552 fueron niños y 434 adultos.

"Se está sentando un precedente histórico, porque el hecho de haber intimado a 18 altos jefes militares representa un gran avance en la lucha contra la impunidad en este país", señaló el abogado.

Entre los procesados se encuentra el exministro de la Defensa José Guillermo García, deportado en enero de 2016 de Estados Unidos, donde fue juzgado en un tribunal civil y condenado a pagar 54 millones de dólares a las víctimas.

También es procesado el antiguo jefe de la Fuerza Aérea Juan Rafael Bustillo, requerido por la Justicia de España por la masacre de 5 padres jesuitas españoles en 1989 y cuya orden de captura internacional dejó sin efecto la Corte Suprema de El Salvador.

A juicio de Medrano, los testimonios de más de 20 supervivientes "reflejan la brutalidad con la que actuaron los militares y la carnicería que desataron" en El Mozote y otros lugares aledaños en el oriente salvadoreño.

"Se está reflejando cada día más que fue un aparato organizado de poder el que planificó y ejecutó la masacre de El Mozote" con helicópteros, artillería y el "abastecimiento de alimento y armamento" que necesitaron más de 600 militares, añadió.

El pasado 9 de diciembre, los habitantes de El Mozote y los lugares aledaños, en el departamento oriental de Morazán, conmemoraron el 36 aniversario de la matanza, una de las mayores de Latinoamérica.

También inhumaron, tras los actos oficiales, los restos de 6 niños de entre 5 años y pocos meses de nacidos que fueron asesinados por el Ejército y que un equipo de expertos exhumó en 2015.

Se espera que el próximo 12 de marzo un juez de paz, por orden del tribunal que lleva el proceso penal, inspeccione una de las zonas en las que se perpetró este crimen masivo para constatar el relato de tres testigos y determinar si proceden más exhumaciones.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.

La causa penal de El Mozote, como la del asesinato de Romero de 1980 y de otras masacres, pudo abrirse tras la anulación en julio de 2016 de una ley de amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. EFE