Se concretó despojo, acusan comuneros en Oaxaca

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AYUTLA, Oax., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Los más de cuatro años de batalla legal que Laura Morales Juárez, comunera de San Pedro y San Pablo Ayutla, ha mantenido para no ser despojada de sus tierras fueron ignorados.

No se tomaron en cuenta ni porque gracias a ella y a otros 77 pobladores que interpusieron un amparo en agosto de 2017, un juez federal ordenó, y un tribunal colegiado dejó en firme, que las autoridades de los tres niveles que esta comunidad ayuujk debe ser reconectada al agua de su manantial, que le fue despojado el 5 de junio de ese año, por un grupo armado de Tamazulápam del Espíritu Santo.

Y que debían hacerlo en las mismas condiciones y volumen de agua que existían antes de la agresión armada, según lo estipulado en la sentencia 795/2017. Nada de lo ordenado por el juez se acató.

Pese a que la sentencia es definitiva y fue ratificada en dos ocasiones, no se tomó en cuenta en el acuerdo al que llegaron las autoridades municipales de ambas comunidades, en el cual se decide que Laura y otros 22 comuneros perderán oficialmente las tierras que les fueron despojadas. Y que sus nuevos dueños serán los habitantes de Tamazulápam, sus agresores.

El acuerdo firmado el 2 de septiembre pasado señala que Ayutla y Tama determinaron que los límites entre ambas comunidades abarcan desde Yukéntuump a Anképajkp (Cima de la Cueva), en línea recta. Con esta línea de colindancia, las tierras de Laura y los otros comuneros quedarán del lado de Tamazulápam. En total, calcula la campesina, son 300 las personas que se verán afectadas con esta decisión, a quienes se les obliga a abandonar las tierras de sus abuelos y en las que muchos han pasado toda la vida.

"No conocemos el acuerdo, llegaron a imponerlo. Nadie nos informó que íbamos a ceder nuestras tierras. No estuvimos de acuerdo, ni siquiera nos consultaron. La colindancia la decidió unilateralmente Tamazulápam y el presidente de Ayutla aceptó", explica en entrevista con EL UNIVERSAL.

Pero además, en el acuerdo también estipula que la posesión del manantial, cuya concesión fue otorgada a Ayutla en 1999 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se dividirá a la mitad para cada comunidad.

Para ello se trazará un polígono, el cual se dividirá para que cada comunidad construya su tanque de captación y pueda disfrutar de seis pulgadas de agua. También se contempla que se dejará un "paso de servidumbre" de un metro para que corran las tuberías. Esto pese a que Tamazulápam goza de otras concesiones de agua y Ayutla no, como se demostró en la sentencia a su favor.

Es por estas razones que Laura y un grupo de comuneros no entienden cómo se aceptó un acuerdo que perjudica a la población y por ello decidieron interponer una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en la cual solicitan medidas cautelares, pues afirma que seguirá luchando por lo que es suyo.

"No hubo nunca diálogo justo. Estamos desconcertados, tristes de impotencia, nos están entregando a Tamazulápam, ellos no cedieron nada. Nuestra propia autoridad nos invadió y nos despojó de esos terrenos y del manantial, que hemos demostrado que son nuestros".

Según datos de los comuneros, el área que finalmente Ayutla cede en el acuerdo es de unas 50 hectáreas, en el paraje de Las Islas, y unas 150 correspondientes al paraje El Manantial.

De acuerdo con el documento, que fue avalado por el gobernador Alejandro Murat y que se pretende cuente también con la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador, para indemnizar a los afectados por este acuerdo, cada comunidad deberá presentar la solicitud a autoridades estatales y federales.

Laura explica que en realidad a ellos no les interesa ser indemnizados, sino conservar la posesión de sus tierras, incluso si quedan del lado de Tamazulápam. Pero sobre todo no entiende por qué el edil Jesús Galván Rojas aceptó ceder a sus peticiones, cuando contaban con la sentencia a su favor y no están en la misma situación de 2018, año del que data un documento previo en el que se acordó ceder la mitad del manantial.

"El presidente municipal pudo exigir la reconexión sin condiciones y que se ejecutara la sentencia del juez, tenía un instrumento para negociar, en cambio se castiga a las víctimas y se premia a los agresores", señala.

No se equivoca. De acuerdo con el acuerdo, la autoridad de de Ayutla determinó deliberadamente y sin consultar a los comuneros "desconocer las demandas, juicios de amparo y carpetas de investigación existentes".

Aunque con ello despoja de tierras a sus paisanos y deja sin castigo un asesinato y el secuestro de cuatro mujeres, cometidos por el grupo armado de la comunidad que será dueña de 50% de su manantial.

Los comuneros afectados, junto con una buena parte de los pobladores de la cabecera municipal, no respaldan el acuerdo al que llegó su autoridad municipal, pues dice que se están entregando sus tierras como moneda de cambio, algo que nunca se hubiera permitido con autoridades anteriores, que defendieron su posesión y nunca dejaron de exigir el cumplimiento de la sentencia y la reconexión al agua sin condiciones.

"Nuestra autoridad nos está traicionando, ¿a cambio de qué? De intereses personales, porque no es un bienestar para la comunidad", acusan.

Como muestras señalan que en el arranque de los trabajos para establecer los límites entre amabas comunidades, tras la firma del acuerdo calificado como histórico por las autoridades, asistió muy poca gente de la cabecera y la mayoría fueron de las agencias municipales, que no están afectadas por la disputa. Además, señalan que en el documento no figuran todos los integrantes del Cabildo.

El argumento del edil para no tomar en cuenta la sentencia, explican, es que afirma que "sólo complica las cosas", y pese a que han solicitado audiencias con él y el encargado de Bienes Comunales para explicarles sobre las demandas y los amparos, no obtuvieron respuesta. Tampoco se les permitió expresarse en la asamblea donde se informó la decisión de ceder las tierras y la mitad del manantial.

"En este periodo tan autoritario la gente ya ni acerca a la asamblea, ya no quiere ir a porque no se les permite hablar. Es muy grave lo que está pasando", afirman.

Consultado por EL UNIVERSAL sobre las denuncias de los comuneros, la Secretaría General de Gobierno (Segego) asegura que ambas comunidades están cediendo tierras, pues terrenos de ambas quedarán del otro lado, algo que los habitantes de Ayutla rechazan.

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