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Cinco conclusiones de la quinta audiencia del comité que investiga el ataque del 6 de enero

La quinta audiencia del comité de la Cámara de Representantes creado para investigar el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio se centró en las acciones del presidente Donald Trump con el objetivo de aprovechar las facultades del Departamento de Justicia para permanecer en el poder. Con base en testimonios de tres exfuncionarios de alto nivel del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel central en el episodio, el comité presentó un relato detallado de las tácticas que emplearon Trump y sus aliados del departamento y Capitol Hill para intentar instalar a un republicano al frente del Departamento de Justicia y anular los resultados electorales de un estado pendular clave.

A continuación, presentamos cinco conclusiones clave de esta audiencia.

Se trató de la estrategia más descarada para utilizar al Departamento de Justicia con fines políticos por lo menos desde Watergate.

Trump aplicó con toda agresividad un plan para instalar como fiscal general interino a un funcionario poco conocido del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, que estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para revocar los resultados de las elecciones. Cuando todavía intentaban poner en marcha el plan, un grupo de abogados de la Casa Blanca y la dirigencia del Departamento de Justicia expresó temores, pues una estrategia tan mal planeada y tan deshonesta, de tener éxito, podría crear una crisis constitucional en el país.

El presidente realmente estuvo a punto de designar a Clark; tanto así, que la Casa Blanca ya había comenzado a referirse a él como el fiscal general interino en registros de llamadas del 3 de enero de 2021. Más tarde ese mismo día, Trump tuvo una confrontación dramática en el Despacho Oval con altos funcionarios del Departamento de Justicia y abogados de la Casa Blanca, quienes le informaron que el Departamento de Justicia parecería un “cementerio” si designaba a Clark, por el número tan grande de funcionarios de alta jerarquía que renunciarían.

En la reunión, Trump reprendió al fiscal general interino, Jeffrey Rosen, por negarse a brindarle más ayuda para detectar algún fraude electoral. No fue sino hasta después de varias horas de discusión, en parte sobre la falta de fundamentos de las acusaciones de Trump sobre un supuesto fraude electoral, pero también sobre las ramificaciones políticas que enfrentaría si hacía algo que provocara un éxodo de funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia, que finalmente Trump claudicó y se rindió en cuanto al plan de sustituir a Rosen con Clark.

Al centro del esquema se encontraba el borrador de un comunicado dirigido a funcionarios de Georgia.

Al centro del plan se encontraba una carta redactada por Clark y otra persona leal a Trump que esperaban enviarles a funcionarios estatales de Georgia. La carta decía, con toda falsedad, que el departamento tenía pruebas de fraude electoral que podrían hacer que el estado reconsiderara la certificación de la victoria de Joe Biden. En la carta se recomendaba que el estado convocara a su legislatura a sesión para estudiar supuestas instancias de fraude electoral y considerar la designación de otra lista de electores leales a Trump.

Los altos funcionarios del departamento y el equipo de Trump encargado de cuestiones jurídicas en la Casa Blanca quedaron consternados ante el contenido de la carta, pues implicaría que los principales organismos de seguridad de la nación le daban el visto bueno a acusaciones de fraude electoral que el departamento había investigado en repetidas ocasiones y desechado por falta de fundamentos. La carta era de tal gravedad que uno de los principales abogados de la Casa Blanca, Eric Herschmann, testificó haberle dicho a Clark que, si se convertía en fiscal general y la enviaba, incurriría en un delito grave.

El fiscal general interino del Departamento de Justicia, Richard P. Donoghue, testificó en la audiencia que haberla enviado habría sido equiparable a una intervención del Departamento de Justicia en los resultados de las elecciones.

“Una intromisión así del departamento en el proceso político, creo, habría tenido consecuencias graves para el país”, señaló Donoghue. “Podría habernos hecho descender en una espiral de crisis constitucional”.

Trump no dejaba de insistir en el fraude.

Una y otra vez, la Casa Blanca presentó quejas infundadas y en ocasiones absurdas de fraude electoral (incluso teorías de conspiraciones en internet) ante funcionarios del Departamento de Justicia en un intento por aprovechar las facultades judiciales de la nación para investigarlas. En un caso tras otro, el departamento y el FBI determinaron que las acusaciones no tenían ninguna validez.

El patrón se volvió tan extraordinario que en cierto momento el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, les envió a funcionarios del departamento un video de YouTube de parte del representante Scott Perry, republicano de Pensilvania, en el que se afirmaba que un contratista italiano de defensa había subido a un satélite software que cambió votos de Trump.

Trump consideró designar asesor especial a un abogado partidario suyo.

En busca de cualquier opción para darle fundamento a sus acusaciones falsas de fraude, Trump intentó designar como asesor especial para investigarlas a uno de sus partidarios. Una abogada personal de Trump, Sidney Powell (que se había convertido en el rostro público de las acciones de Trump para invalidar las elecciones), indicó en un testimonio mostrado por el comité que Trump dialogó con ella acerca de la posibilidad de aceptar ese cargo en diciembre.

El comité también mostró el testimonio de William Barr, quien fungió como fiscal general hasta mediados de diciembre de 2020, en el que afirmó que no había porqué designar a un asesor especial. Además, el comité se preguntó si la idea formaba parte de acciones más amplias para generar dudas en torno a la legitimidad de la victoria de Biden y abrir las puertas a la posibilidad de que el Congreso considerara otras listas de electores de Trump correspondientes a estados pendulares.

“Así que debemos pensar con respecto a este punto, ¿qué haría un asesor especial?”, señaló el representante Adam Kinzinger, republicano de Illinois, quien dirigió las indagaciones del día. “Solo unos días antes de la certificación de las elecciones, no iba a investigar nada. Una investigación, encabezada por un asesor especial, solo era para crear la ilusión de legitimidad y darles protección falsa a quienes quisieran objetar, incluida la turba que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero”.

Kinzinger añadió: “Todos los planes del presidente Trump para el Departamento de Justicia fueron rechazados”.

Algunos miembros del Congreso solicitaron indultos, y Trump considero las peticiones.

En los días siguientes al 6 de enero, varios aliados políticos de Trump en Capitol Hill que le habían ayudado a impulsar las acusaciones sobre las elecciones falsas y acciones para anular los resultados le solicitaron indultos a Trump, quien consideró la posibilidad de otorgarlos, según testimonios escuchados en la audiencia.

Una de las personas que solicitaron indulto fue el representante Matt Gaetz, republicano de Florida. Gaetz pidió un indulto abierto que abarcara cualquier delito cometido en su vida. Aunque no era de conocimiento público en ese momento, el Departamento de Justicia conducía una investigación sobre Gaetz por pagarle a una mujer de 17 años por sexo.

“El tono general era: ‘Es posible que nos enjuicien por haber defendido la postura del presidente en estos puntos’”, dijo Herschmann, el abogado de la Casa Blanca, en un video de su testimonio. “El indulto que solicitó es de lo más amplio que se pueda describir. Recuerdo que dijo: ‘… desde los orígenes de la existencia hasta este momento. Para todo’”.

“Ni siquiera el indulto de Nixon fue tan amplio”, recordó haber dicho Herschmann en respuesta a la solicitud.

Muchos otros aliados también pidieron indultos. El representante Mo Brooks, republicano de Alabama, envió un correo electrónico a la Casa Blanca en el que solicitaba indultos preventivos para los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado que habían votado a favor de rechazar la certificación de votos del Colegio Electoral correspondientes a la victoria de Biden en Arizona y Pensilvania.

© 2022 The New York Times Company