Gobierno niega que haya suspensión contra el Tren Maya tras anuncio de comunidades indígenas

El gobierno federal negó que exista una suspensión contra la construcción del Tren Maya, luego de que comunidades indígenas de Calakmul y Xpujil, de Campeche anunciaron haber obtenido este recuros contra el proyecto, en respuesta a una solicitud de amparo que presentaron contra la organización de la consulta pública.

Integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) aseguraron que el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche acordó conceder la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las autoridades responsables se abstengan de decretar la aprobación del proyecto, o bien, “se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.

Con el argumento de que no hubo una consulta conforme a estándares internacionales, a que no se respetó el derecho a la libre determinación, las comunidades indígenas piden que se anule en su totalidad el proyecto de la actual administración federal.

Sin embargo, horas después del anuncio, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) respondió que no existe ninguna suspensión contra el proyecto, y que ninguna entidad federal ha sido notificada al respecto.

“Se tiene conocimiento por el sitio web del Poder Judicial de la Federación de una demanda de Amparo promovida por Ernesto Martínez Jiménez, realizada ante el Juzgado Primero de Distrito del estado de Campeche, bajo el número 12/ 2020… dentro de ese expediente, con fecha 15 de enero de 2020, se publicó el acuerdo de fecha 14 del mismo mes y año, por medio del cual se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la persona física antes referida”, expuso el Fondo en un comunicado.

El gobierno había anunciado que el 30 de abril iniciaría la construcción de los tramos uno y dos del Tren Maya.

La solicitud de amparo presentada el 6 de enero del 2020, de acuerdo con las comunidades, documenta “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.

De acuerdo con la abogada, Elisa Cruz Rueda, quien lleva el caso, la consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa porque la comunidad no recibió información detallada con antelación suficiente, ni se respetó su derecho a la participación, además, antes de realizar la consulta, ya se había anunciado la aprobación del proyecto por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad.

Cruz Rueda explicó que en la solicitud de amparo se detallaron las irregularidades que violentan directamente los derechos fundamentales de los indígenas, principalmente el derecho a la libre determinación.

“Un pueblo que no tiene la información suficiente de aquellos proyectos o megaproyectos que van a afectar su territorio no está en condiciones de tomar decisiones”, aseguró la abogada.

“Cada acto que viene haciendo el gobierno federal violenta el derecho a la libre determinación que se constituye en el derecho a la consulta, en el derecho a la libre determinación, en el derecho a ser consultados previamente, a la decisión que ya había tomado el gobierno previamente de que el tren va porque va. Para qué hacer una consulta si ya lo decidiste”, señaló.

Indicó que la consulta no cumple con los requisitos para ser una consulta, “es una violación flagrante, es una farsa levantar la mano a un “sí” o a un “no”, eso no es una consulta .

En la demanda se señala como autoridades responsables al presidente de la República, Andrés Manuel López obrador; al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

En el amparo también denuncian que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las comunidades también hicieron un llamado a otras organizaciones y pueblos para que interpongan amparos y documenten las violaciones a los derechos humanos.

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