Comunidades forestales de México: 4 claves para entender su lucha por una “justicia fiscal”

Redacción Animal Político
·6  min de lectura

Desde hace 30 años, los comuneros de Ixtlán de Juárez en la sierra de Oaxaca trabajan para aprovechar de forma sustentable los recursos forestales de la región.

Ellos invierten hasta un 60 % de sus ganancias para mantener la salud del bosque y atender las necesidades de escuelas, adultos mayores, estudiantes, así como para reparar caminos, instalar drenajes, mantener iglesias y generar empleos.

Actualmente, buscan que el Estado reconozca, a través de un trato fiscal diferenciado, las inversiones que realizan en el ámbito social, pero también en la conservación de los bosques. Esta demanda es compartida por otras comunidades que han creado empresas forestales en el norte, centro y sur de México.

Lee: Comunidades forestales y parques ecoturísticos sufren por pandemia del COVID-19

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hay 2362 ejidos y comunidades que realizan manejo forestal en México; pero solo un poco más de la mitad —1392— han logrado formar una empresa forestal.

Estas son las cuatro claves para entender por qué las empresas forestales comunitarias en México demandan un trato diferenciado por parte del Estado en material fiscal.

1.Inversiones en apoyo social y conservación

“Aquí no se ve al bosque como lo ven los industriales. Nosotros tenemos un concepto cosmogónico de cómo el bosque nos provee de vida”, explica José Félix Avitia, ingeniero y miembro del equipo responsable de los bosques de la comunidad tepehuana de la Sierra Madre Occidental.

Esta comunidad administra un bosque de 144 000 hectáreas, de las cuales utilizan 48 000 para extraer madera y destinan 78 000 hectáreas, voluntariamente, a la conservación.

En Ixtlán de Juárez, 3500 hectáreas están destinadas al manejo y aprovechamiento sostenible de la madera. Allí, los mismos comuneros se encargan de erradicar plagas, combatir incendios y de la regeneración del bosque. Pero esta visión asociada a la conservación se extiende a la mayor parte de sus 19 300 hectáreas, razón por la cual la madera que producen cuenta con el certificado internacional del Forest Stewardship Council (FSC).

No obstante, estas empresas comunitarias forestales deben trabajar con maquinaria obsoleta debido a que sus ingresos por la venta de madera no alcanzan para renovar los equipos y, al mismo tiempo, cubrir los gastos sociales para ayudar al pueblo como equipar la ambulancia, pagar el sueldo de la ingeniera que lleva los procesos de certificación del bosque o cubrir el salario de los maestros bilingües, entre otras obligaciones.

“Las empresas forestales comunitarias se hacen cargo de las necesidades que el gobierno no atiende”, sostiene Bernardo Salinas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Bernardino de Milpillas Chico, en Durango, donde también se han instalado cuatro pequeños aserraderos comunitarios.

En el estudio El manejo forestal comunitario en México, las investigadoras Ofelia Andrea Valdés y Patricia Negreros señalan que las comunidades forestales además de generar fuentes de empleo propias, destinan las ganancias de sus empresas a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

2. Una política fiscal equitativa

En 1990 la Ley del Impuesto sobre la Renta incorporó una exención fiscal para las actividades de conservación, comercialización, almacenamiento e industrialización de productos de ejidos y comunidades agrarias o indígenas.

Doce años después, durante el gobierno de Vicente Fox se canceló ese beneficio y, en 2014, los beneficios fiscales se restringieron a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas.

Desde entonces los aserraderos y empresas comunitarias de ecoturismo tuvieron que pagar el impuesto a la renta completo. Una política fiscal que obligó a las comunidades forestales a dedicarse solo a las actividades primarias, que son las menos rentables; mientras que los procesos industriales están en manos de las empresas intermediarias que, en el caso de la madera, la limpian, cortan, procesan y venden al cliente final sin tener que invertir en las comunidades o en los bosques.

“La ley nos dice que podemos cortar frutas, pero que no podemos hacer mermelada porque entonces nos cobran. Y nadie nos paga por todos los servicios que generamos que son para todos, aún fuera de las comunidades”, explica Óscar Méndez, contador y comunero de su natal Ixtlán.

3.Modificación de la ley

Carlos Brown, economista político y experto independiente en justicia fiscal, considera que el Estado mexicano podría conceder a las comunidades forestales las exenciones fiscales que piden a través de la figura de gastos tributarios.

Se trata de una herramienta legal —explica Brown— que se utiliza en distintas partes del mundo y que ya se aplica en el norte de México para mejorar la competitividad frente a Estados Unidos.

El fin de las empresas creadas por las comunidades forestales no es acumular riqueza sino mantener los empleos y mejorar las condiciones de vida de comuneros y ejidatarios, explica el biólogo Salvador Anta, asesor de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.).

Las diputadas Irma Juan Carlos y Martha Olivia García y la senadora Susana Harp han asumido la propuesta de las comunidades y están planteando modificaciones a la ley.

Las iniciativas legislativas propuestas para lograr una justicia fiscal para empresas comunitarias forestales busca evitar que la ley favorezca a las grandes compañías agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

La diputada Irma Juan Carlos confía en que los demás legisladores reconozcan los beneficios que otorgan las comunidades forestales, las mismas “que no se contabilizan ni visibilizan en la actual ley”.

Martha Olivia García —también diputada y comunera del municipio de Tepehuanes, en Durango— destaca que el manejo forestal comunitario permite conservar bosques amenazados. “En Durango hay mucho desmonte (deforestación), así que estamos tratando que se certifiquen todas las comunidades y ejidos, pero se requiere que se les dé valor agregado a sus productos y esto les genera impuestos muy altos”.

Jaime Sainz, investigador de políticas ambientales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que “lo mejor que se puede hacer” es aprobar que las empresas comunitarias forestales queden exentas del pago del impuesto sobre la renta. “La evidencia internacional ha encontrado que el trabajo de las comunidades es clave en la conservación de los bienes ambientales comunes”.

4. Los bosques y la pandemia

El actual Parlamento mexicano tiene hasta agosto del 2021 para aprobar las iniciativas legislativas propuestas. Sin embargo, la crisis económica causada por el COVID-19 ha puesto en jaque al gobierno federal que busca aumentar la recaudación fiscal.

Ernesto Herrera, director de la organización civil Reforestemos México, manifiesta que la crisis económica provocada por la pandemia también ha afectado a las empresas forestales comunitarias, que tuvieron que detener sus actividades y han registrado caídas en sus ventas de madera de hasta el 60 %.

Ante este panorama, en mayo de 2020, un total de 290 organizaciones de la sociedad civil presentaron varias propuestas para salvaguardar a las empresas forestales comunitarias, entre ellas, que se otorgue una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

El cargo Comunidades forestales de México: 4 claves para entender su lucha por una “justicia fiscal” apareció primero en Animal Político.