Compras en pandemia: el ranking de acceso a la información pública entre las provincias argentinas

Mariela Arias
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El presidente Alberto Fernández en Santiago del Estero junto con el gobernador Zamora
El presidente Alberto Fernández en Santiago del Estero junto con el gobernador Zamora

En promedio, el 92% de las compras públicas realizadas durante la pandemia se realizaron bajo el mecanismo de compra directa amparadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 que al inicio de la pandemia firmó el presidente Alberto Fernández y que estableció la emergencia sanitaria por Covid-19. Así surge del relevamiento realizado por la red Ruido, entre 13 provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de los datos se estableció un ranking que califica a las provincias en función del accesibilidad a los datos públicos.

Una de las medidas del estado de emergencia, habilita a que el gobierno pueda generar un sistema de compras públicas que pueda dar respuestas a las necesidades de la pandemia de forma rápida y efectiva. Algunas lo adaptaron para todas las compras en tanto otras mantuvieron un margen para realizar licitaciones públicas. En el ranking establecido por Ruido, a partir del relevamiento de compras, la ciudad de Buenos Aires aparece como el distrito de menor porcentaje de compras directas con el 79,5% mientras que otros como Salta, Tierra del Fuego o Santa Cruz alcanzan el 100%.

“Sin desatender la importancia de la agilidad necesaria para encarar múltiples urgencias, el análisis del funcionamiento del nuevo sistema, muestra preocupantes márgenes de discrecionalidad y bajas exigencias de transparencia y rendición de cuentas”, señala Poder Ciudadano, la ONG que lidera el trabajo por la transparencia en el manejo de la cosa pública.

Las compras en pandemia: Buenos Aires pagó las ambulancias más caras del país

La ONG creó el Observatorio de Compras Covid19, que tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía, en un único espacio y en un formato accesible, información pública sobre las contrataciones realizadas por los organismos nacionales durante la emergencia sanitaria, con la finalidad de ejercer un control social efectivo de cada una de ellas y velar de esta manera por la integridad de los fondos públicos afectados, con foco en el refuerzo del acceso, la publicidad e integridad del sistema de compras.

Mientras algunos distritos tienen la información accesible y on line otros no la publican y ni siquiera cuentan con leyes de acceso a la información pública. Mientras las provincias de Formosa, Tucumán y Santiago del Estero no brindaron ningún detalle de las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, otros distritos tuvieron la información más accesible: la Nacion, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires.

Otras provincias como Santa Cruz, que cuenta con una historia de poca transparencia en las cuentas públicas - en los años ’90 el gobernador Néstor Kirchner dispuso de US$ 1200 millones de regalías petroleras depositados en el exterior sin informar durante años el derrotero ni la rendición de los mismos. Recién en 2003 se presentó información recortada y escueta de los US$ 525 millones que restaban, a partir de un pedido de ley de Acceso a la Información pública desde el 2017 y que fue vital para obtener, aunque incompleta, información del gasto público durante la pandemia.

El gobernador Juan Manzur condenó el "deleznable" asesinato de Abigail Riquel y condenó el linchamiento de José Antonio Guaymás, el sospechoso del crimen
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El gobernador de Tucumán Juan Manzur tampoco informó los gastos de la pandemia

“De todas maneras, aun en los casos con mejores registros, acceder a saber cuánto se pagó por un barbijo o por una ambulancia es una tarea engorrosa, confusa, que requiere tiempo y determinadas habilidades que sólo consiguen quienes están muy familiarizados con estas búsquedas”, apuntan en la investigación realizada por Ruido, una red federal de periodistas, especialistas en datos abiertos y organizaciones de la sociedad civil que investigaron como fueron las compras públicas a partir de del análisis de datos oficiales en portales públicos y en pedidos de acceso a la información pública presentados en todo el país.

Para el presente trabajo se estableció un “índice de accesibilidad a la información”, la clasificación se basa en la dificultad para acceder a los datos y en el grado de confusión de la información obtenida. Los valores definidos fueron establecidos en 4 niveles entre la peor y la mejor performance de las diferentes provincias.

La peor (nivel 4) fue aquella en la que no hay disponibles montos relevados ni datos públicos, aun a pesar de los pedidos de acceso a la información realizados por Ruido. La mejor performance (nivel 1) fue aquella en la que había abundancia de datos disponibles para acceso público, fue posible contar con una clara y detallada desagregación de los datos y había disponibles descripciones de las definiciones o clasificaciones empleadas para buscarlos.