La comparecencia del presidente en el Congreso abre una polémica en Costa Rica

Agencia EFE
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San José, 4 feb (EFE).- La comparecencia del próximo 10 de febrero ante una comisión legislativa a la que está convocado el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha abierto una polémica sobre la constitucionalidad de efectuar la audiencia en el Plenario, como lo pretende la oposición.

Alvarado está convocado por el Congreso para rendir cuentas ante una comisión legislativa por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), un caso que está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de violación de datos personales.

La convocatoria establece como sede de la audiencia el recinto del Plenario y no la sala de la comisión legislativa, y además, los diputados aprobaron, con el rechazo de la fracción legislativa del oficialista Partido Acción Ciudadana, suspender todas las demás actividades del Congreso con el fin de que asista a la audiencia el diputado que quiera.

En Costa Rica la Constitución Política no permite una interpelación al presidente por parte del Plenario, por lo cual el Ejecutivo advirtió que la audiencia convocada podría ser inconstitucional.

El presidente acude al Plenario únicamente para rendir su informe anual de labores, pero sí puede ser convocado por alguna comisión legislativa sobre un tema específico.

"Estoy deseando la oportunidad de rendir cuentas, la anhelo, pero no contra la Constitución. Puedo ir donde sea, si hace falta espacio puedo ir al Estadio Nacional, pero el Plenario es sagrado porque está en la Constitución, es sagrado", expresó Alvarado durante un discurso que pronunció en un acto oficial sobre la creación de un organismo de agricultura.

El mandatario afirmó que "la Constitución dice claramente lo que a mí se me permite hacer ahí" en el Plenario.

"Si somos los primeros llamados a respetar la Constitución, ¿La vamos a irrespetar en esto? ¿Después en qué más la vamos a irrespetar?", manifestó el presidente.

Alvarado ni la Casa Presidencial han anunciado alguna acción legal para que la audiencia se lleve a cabo en otro sitio.

Diputados de oposición han negado que la audiencia sea una interpelación velada.

El caso de la UPAD salió a la luz el 21 de febrero de 2020 cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de ese mes en el que el Gobierno creaba esa unidad.

El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas que se centran en su artículo 7.

Ese artículo indicaba: "Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos" incluida "la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas".

El presidente Alvarado siempre ha dicho que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabajaba en Casa Presidencial y reconoció que "torpeza política" y errores en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.

El mandatario también ha dicho que el Gobierno nunca ha tenido la intención de violentar la privacidad de las personas, sino contar con herramientas para mejorar las políticas públicas.

Por este caso renunciaron en febrero de 2020 el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales; la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas; y el coordinador del equipo de análisis de datos, Diego Fernández.

La Fiscalía allanó el 28 de febrero la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las casas de habitación de los asesores presidenciales investigados, en donde decomisó documentación y aparatos electrónicos, entre éstos los teléfonos celulares del presidente.

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