El comisionado de Miami-Dade Joe Martínez se entregó el martes para enfrentar cargos penales, acusado de aceptar $15,000 a cambio de patrocinar una ley hace cinco años para ayudar a una plaza comercial que había sido afectada repetidamente por multas por violaciones del código.

Martínez, de 64 años, está acusado de compensación ilegal y de confabulación para recibir una compensación ilegal.

El comisionado, que enfrenta una posible suspensión del cargo por parte del gobernador Ron DeSantis, ya proclamó su inocencia, arremetiendo contra los fiscales y calificando el caso de “motivado políticamente”. La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, tiene previsto detallar los cargos en una conferencia de prensa.

Martínez, ex teniente de la Policía de Miami-Dade, está sopesando una posible candidatura a jefe de policía electo del condado, un cargo que se restablecerá en 2024. Ocupó el puesto en la comisión del Distrito 11 que representa a una gran franja del oeste de Miami-Dade entre 2000 y 2012 y fue elegido de nuevo en agosto de 2016.

En un comunicado el lunes, Martínez afirmó que las “falsas acusaciones” surgieron de su trabajo como consultor cuando era un “ciudadano privado”, y no un funcionario público. La orden de arresto, sin embargo, detalla lo que los investigadores dicen que fueron los esfuerzos de Martínez “usando su cargo y su despacho” para ayudar a presentar la legislación que beneficiaría al propietario de la plaza, y al supermercado que era su principal inquilino.

La legislación finalmente nunca se aprobó. Pero en virtud de la ley de compensaciones ilegales de la Florida, los fiscales no necesitan demostrar que el “ejercicio de influencia” del funcionario público a cambio de una remuneración ilegal se haya “realizado” realmente, solo que se haya intentado.

El caso, encabezado por la Oficina del Inspector General (OIG) de Miami-Dade y la Fiscalía Estatal, fue reconstruido a través de correos electrónicos, mensajes de texto y registros financieros y telefónicos.

Según los fiscales, unas dos semanas después de ganar su última elección, Martínez recibió un pago de $5,000 de Jorge Negrín, el propietario del Extra Supermarket, situado en la plaza comercial de la cuadra de los 12800 de SW 8 Street. La plaza comercial es propiedad de Calle Ocho Properties LLC, cuyo dueño es un empresario llamado Sergio Delgado.

Según la orden de arresto, la plaza y el supermercado habían sido multados en repetidas ocasiones por la oficina de aplicación del código de Miami-Dade por seis contenedores de carga —usados para almacenar el inventario— mantenidos en la parte trasera de la propiedad. Según el código del condado, la propiedad no podía tener tantos contenedores en el lugar.

Luego, en diciembre, Martínez recibió otro cheque de $5,000 de Negrín, según la orden judicial.

Fue el 27 de febrero de 2017 cuando Delgado envió un correo electrónico a Negrín y a Martínez —al correo electrónico privado del comisionado— exhortándolo a que ayudara con las infracciones de los contenedores. “Necesito ayuda en esto. Ya he pagado miles de dólares en infracciones”, escribió Delgado en el correo electrónico. “Los centros comerciales de Manny tienen contenedores atrás y no les pasa nada. Ayuda!!!!!!!!!!”

Unos días más tarde, Martínez envió un mensaje de texto a Delgado diciendo: “Si se trata del contenedor, ten por seguro que estamos trabajando en ello”. Para entonces, Martínez había enviado a su jefa de gabinete, Ana Bustamante, para que se ocupara del asunto de la aplicación del código.

El 17 de marzo, inició una legislación patrocinada por el comisionado que permitiría más contenedores de carga en determinadas propiedades. Fue ocho días después cuando llegó el tercer y último cheque de $5,000 de Negrín.

Los fiscales también alegan que durante todo el verano, Martínez tuvo problemas financieros y su empleador, Centurion Security, no pudo pagar la nómina. “Surgió una emergencia fiscal y necesito cobrar todas las deudas pendientes .... ese chequecito de Centurion ayuda”, escribió Martínez al propietario de la empresa, Ed Helfin.

Según la orden judicial, fue entonces cuando Martínez le pidió a Delgado —que tenía contactos con Ocean Bank— que “hablara bien” con los ejecutivos del banco para ayudar a Centurión a conseguir un préstamo. Los dos comenzaron a intercambiar mensajes de texto sobre el préstamo, así como sobre la legislación del centro comercial, según la orden judicial.

El 19 de agosto, según los correos electrónicos, Delgado envió un correo electrónico a Negrín y a Martínez, suplicándoles que le ayudaran porque la ordenanza aún no se había aprobado. Ese día, Martínez envió a su personal un escueto correo electrónico: “No entiendo por qué está tardando tanto. ¿Quién está retrasando esto? ¿Nosotros? ¿Los abogados?”.

Tres días después, se incluyó en el orden del día de la comisión.

Pero misteriosamente, el 23 de agosto, Martínez pidió que se archivara la legislación. Ese mismo día, tuvo una llamada telefónica de 6 minutos y 42 segundos con Delgado.

La Oficina del Inspector General se enteró casi de inmediato del asunto. En octubre, Martínez accedió a hablar con los agentes y, según la orden judicial, “no recordaba el motivo del cheque” procedente de la plaza y los describió como préstamos. También afirmó que no recordaba quién era Delgado. Tampoco pudo explicar porqué el punto del orden del día fue archivado de repente, a pesar de ser un asunto tan urgente días antes.

“La verdad es que ni siquiera puedo decírselo”, dijo a los agentes, según la orden judicial.

Ese día, tras salir de la entrevista, Martínez llamó de inmediato a Negrín y habló con él durante dos minutos y 33 segundos, según consta en los registros telefónicos.

No fue hasta dos años después, en noviembre de 2019, que Martínez accedió a una segunda entrevista con los agentes y fiscales. Afirmó que había olvidado que realmente conocía a Delgado y dijo que describir los pagos como “préstamos” era una “mala elección de palabras”, según la orden judicial.

Durante sus entrevistas, Martínez también había afirmado que el dinero era en realidad un pago adicional por un acuerdo de 2013 con Negrín, el propietario del supermercado. Por aquel entonces, Martínez había ayudado a presentar a Negrín a un inversionista clave que colaboró en la compra del mercado. Los agentes de la OIG encontraron un cheque de 2013 a nombre de Martínez por $20,000, descrito en el memorando como honorarios de “cabildeo”.

Pero Martínez no pudo explicar por qué, años después del hecho, Negrín querría pagarle más de los $20,000 originales que le pagó en su momento, dice la orden de arresto.