Comisión parlamentaria de Chile rechaza el juicio político a ministro

Santiago de Chile, 18 ene (EFE).- Una comisión parlamentaria desestimó este miércoles la acusación constitucional o juicio político presentada por el ultraderechista Partido Republicano (PR) en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, por "falta de probidad" en su gestión.

Con tres votos en contra, uno a favor y una abstención, la instancia emitió un informe negativo al pleno de la Cámara de Diputados, que vota el jueves y donde se requieren al menos 78 votos para iniciar el proceso de "impeachment".

Según la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, la acusación “no cumple con los requisitos que la Constitución" y "contiene numerosos defectos que la hacen inadmisible”.

"Como diputados tenemos la responsabilidad de usar esta herramienta para casos excepcionales y fundados”, indicó Éricka Ñanco, diputada de Revolución Democrática (RD), el mismo partido de Jackson.

El único voto a favor fue del diputado independiente vinculado al conservador Renovación Nacional (RN), Bernardo Berger, quien criticó “la grave forma pública en la que han denostado a una mujer", haciendo referencia a uno de los capítulos de la acusación donde una exsecretaria regional ministerial acusa a Jackson de abuso de poder.

La acusación fue presentada por los republicanos a principios de enero, en medio de una fuerte polémica desatada por la entrega de indultos presidenciales a presos vinculados a las protestas de 2019 y cuya estela se mantiene hasta hoy.

En el documento, de 150 páginas, se habla de la supuestas vulneraciones al principio de "probidad" y a la "no implementación de políticas a su cargo".

Jackson, exlíder estudiantil y uno de los ministros más cercanos al mandatario chileno, Gabriel Boric, ocupó la Secretaría General de la Presidencia, que se encarga de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, hasta el cambio de gabinete del pasado septiembre tras el plebiscito constitucional y fue designado en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado durante cinco años.

Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es o no culpable de aquello que se le imputa.

(c) Agencia EFE