Comisión de ética desestima denuncia contra vicealcaldesa de Doral y le da instrucciones

La vicealcaldesa Maureen Porras, a la izquierda, habla durante la reunión especial del concejo mientras la alcaldesa Christi Fraga, a la derecha, escucha.

Una investigación ética de ocho meses sobre la vicealcaldesa de Doral, Maureen Porras, terminó con la desestimación de una denuncia presentada por Marion Troitino, jefa de gabinete de la alcaldesa de Doral, Christi Fraga. La denuncia, que afirmaba que Porras explotó su cargo oficial, concluyó que no había suficiente evidencia para establecer causa probable de una violación ética.

Sin embargo, la Comisión de Ética y Confianza Pública del Condado de Miami-Dade emitió una carta de instrucción a Porras, indicando que la investigación mostró que ella y su personal de la ciudad, en el curso de proporcionar consultas legales de inmigración como parte del alcance a los constituyentes, participaron en conductas que “podrían llevar a una persona razonable a percibir una apariencia de impropiedad”.

La denuncia fue presentada en mayo de 2024 en medio de crecientes tensiones políticas en Doral, desatadas por una filtración de datos que permitió al personal de la ciudad acceder a los archivos privados de los miembros del concejo municipal Maureen Porras y Rafael Pineyro en una red compartida.

La denuncia de Troitino ante la comisión de ética acusaba a Porras de usar su cargo oficial para explotar los recursos de la ciudad para su trabajo privado como abogada en Church World Service, CWS, una organización sin fines de lucro. La denuncia afirmaba que Porras accedió a archivos de inmigración en su computadora de la ciudad relacionados con su trabajo externo.

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Afirmaba además que la jefa de gabinete de Porras en ese momento, María Rodríguez, también accedió y editó los archivos de inmigración para beneficiar a Porras.

Porras dijo estar satisfecha con la conclusión del caso.

“Fue una denuncia realmente infundada, sin mérito”, dijo. “La decisión muestra que no hubo abuso. Estoy orgullosa del trabajo que he realizado, tanto como abogada como concejal, y continuaré sirviendo a la comunidad. Las orientaciones e instrucciones de la comisión me ayudarán a hacer este trabajo aún mejor de aquí en adelante.”

Sin embargo, el abogado de Troitino, Il Young Choi, estuvo en desacuerdo, y le dijo al Nuevo Herald que la denuncia ética no fue frívola. Argumentó que la conclusión de la comisión solo indicó que no se pudo probar que Porras actuó intencionalmente.

“La percepción es tan dañina como el hecho real. Que la denuncia haya sido desestimada no pone fin a esto. Continúa creando controversias. La decisión no la exoneró”, dijo Choi.

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La comisión de ética concluyó que no había suficiente evidencia para establecer causa probable de que Porras explotara su cargo como concejal al proporcionar servicios legales para su empleador privado, ya sea personalmente o a través de Rodríguez. En cambio, la comisión dijo que la evidencia apoyaba la afirmación de Porras de que estaba ofreciendo consultas legales básicas de inmigración como parte de su alcance a los constituyentes, no como parte de su trabajo privado.

Sin embargo, la comisión destacó un par de situaciones que podrían generar la apariencia de impropiedad: un correo electrónico de la asistente de Porras, utilizando una dirección de correo electrónico de la Ciudad de Doral, a un representante del Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en el cual Rodríguez solicitaba asistencia con “un caso de CWS”. En otro correo electrónico, enviado en nombre de un residente, también se incluyó el empleador de Porras y su dirección de correo electrónico de CWS.

Porras le dijo a la comisión que la información fue incluida porque corresponde con los detalles de su registro en el Colegio de Abogados de la Florida.

Porras le dijo a la comisión que, después de su elección en 2022, se centró intencionalmente en proporcionar servicios de inmigración, como llenar formularios para los constituyentes y sus familias, como parte de sus esfuerzos de alcance como concejal.

En una declaración a los medios, Porras responsabilizó a la oficina de la alcaldesa por la denuncia, aunque Fraga le dijo al Herald que ni ella ni su oficina “tienen nada que ver con esto”.

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Antes de la denuncia de Troitino, en abril de 2024 Porras presentó una denuncia separada ante la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade acusando a Troitino de violar la Ley Sunshine, alegando que Troitino accedió a casi 60 de sus archivos solo unos días antes de una votación crucial sobre si despedir al gerente de la ciudad, insinuando que la violación no fue una coincidencia.

Desde que se reveló la filtración de datos, la ciudad ha estado realizando una auditoría forense externa de sus sistemas de tecnología para determinar lo que ocurrió. Según Fraga, el informe se completó el año pasado, y la ciudad actualmente lo está redactando por razones de seguridad relacionadas con la infraestructura de la red.

Fraga también aseguró que su jefa de gabinete ha sido exonerada en ese informe, ya que no accedió a ningún archivo de Porras, a pesar de las acusaciones de Porras al respecto. Sin embargo, Porras ha dicho que no ha recibido ninguna información sobre el contenido del informe.